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Fue jefe del Departamento Personal G1 del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, tenía a su cargo la supervisión de la custodia y del tratamiento de los detenidos y detenidas por las áreas subalternas. Fue condenado por la muerte de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Ana María Martínez, secuestrada y asesinada en la puerta de su casa, en San Martín, el 4 de febrero de 1982, en lo que se considera como el último caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, los cargos fueron privación ilegítima de la libertad mediante violencia y amenazas; y homicidio, todos delitos de lesa humanidad.