En la tercera audiencia del Juicio La Huerta declararon los hermanos Alfredo, Marta y Ana Tangorra y Julio Ravioli, víctimas de detenciones ilegales durante la dictadura cívico militar y los años previos.
Juicio la Huerta
Este viernes 25 de marzo Alfredo Tangorra abrió la ronda de declaraciones testimoniales en la tercera audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la denominada Subzona 12. Lo hizo desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, describió su detención ilegal en la Comisaría 1° de Tandil y aseguró que todos los jóvenes politizados y la militancia de Tandil, estaba detenida en el patio.
Por parte del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata estuvo presente en la sala de audiencias el Juez Nicolás Toselli, mientras que los letrados restantes, Fernando Machado Pelloni y Luis Imas, asistieron a la audiencia de manera remota mediante zoom.
De este modo, Tangorra contó con detalles de los maltratos y la crueldad a la que fue sometido junto a su familia. En dos oportunidades su hogar fue allanado por sujetos encapuchados, vestidos de militares, con mucha violencia hacia sus hermanas y su padre fue brutalmente lastimado. En esa oportunidad les preguntaron a los gritos por armas que no tenían y expresó que lo que la familia había escondido bajo tierra en el patio trasero, era libros y discos prohibidos por la dictadura.
Tangorra fue detenido dos veces, la primera en 1975 y la segunda vez dos días después del golpe de 1976. Según le advirtieron sus captores en esa oportunidad: “tenían preparados métodos legales y métodos más persuasivos” para los interrogatorios”. El primero fue “amable”, el segundo repitió la lista de preguntas pero con tortura sostenida. Refirió que le preguntaron por sus compañeros de militancia y por sus actividades políticas pero aseguró que “ellos ya sabían” y que también le indagaron por sus primos “Lito” y Mario Marzocca.
De este modo, describió las consecuencias físicas y psicológicas del horror para él y su familia tras su segundo cautiverio, cuando fue liberado en campo abierto, muy lastimado, dolorido y casi ciego.
También declararon desde el Rectorado de la UNICEN su hermana, Ana María Tangorra -quien fue detenida en ambas oportunidades al mismo tiempo que Alfredo- y Marta Tangorra. Ambas contaron las secuelas y el deterioro de su padre, el calvario de las detenciones, como también las búsquedas incansables por ese dato que diera una pista de los paraderos.
Finalmente, Julio Alberto Ravioli también declaró desde la sede de la UNICEN en Tandil.
El testimonio de Ravioli desnudó con claridad el accionar de las fuerzas armadas al servicio de las empresas, no solo internacionales como ya se ha probado, sino en lo local. El empresariado y el poder económico tuvo en nuestras ciudades relaciones estrechas con el terrorismo de Estado. Ravioli trabajó en la CRETAL- Cooperativa Rural Eléctrica Tandil Azul Limitada – desde 1972. El Ejército montó operativos que incluyeron detenciones ilegales, tortura física y psicológica, declaraciones falsas y compulsivas obtenidas bajo amenazas, entre otros. Ravioli fue víctima directa y fue utilizado para pergeñar el despido de los compañeros sindicalizados a través del gremio de Luz y Fuerza.
Resuena en las declaraciones, una y otra vez, la malicia sostenida por Roque Papalardo, oficial de Operaciones (S3) del Área Militar 121 y del Batallón Logístico 1 de Tandil, dependiente del Comando de la Primera Brigada de Caballería Blindada de esa ciudad, era quien realizaba interrogatorios y encargado de las detenciones durante la dictadura.
Complicidad del empresariado local
La responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y la represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado ha sido investigada con detalles por la investigación realizada en conjunto por la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el CELS, entre 2014 y 2015[i].
Dicha investigación se encuentra disponible en: http://www.cels.org.ar/especiales/empresas-y-dictadura/#juicios-y-memoria
MASACRE DE LUNA ROJA
Ricardo Téllez será homenajeado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN
En el marco de las actividades que se desarrollan en la ciudad de Tandil por el Mes de la Memoria se llevará a cabo un acto de reparación y conmemoración de Ricardo Alberto Téllez, médico veterinario y docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), asesinado y desaparecido por la última dictadura cívico militar. El homenaje será el día martes 29 de marzo, a las 10 horas en el Decanato de dicha unidad académica.
Téllez fue docente de la FCV entre 1971 y 197, vivía en Mar del Plata y viajaba todas las semanas a Tandil para dictar las cátedras de Parasitología y Clínica de Pequeños Animales.
En la madrugada del 2 de agosto de 1978, cinco prisioneros fueron extraídos del Centro Clandestino de Detención (CCD) que funciona en la Base Naval y llevados hasta el Balneario Luna Roja que está ubicado a mitad de camino entre Mar del Plata y Chapadmalal.
Según el Archivo de la Cámara de Diputados de la Nación: “A la 1:30 horas del miércoles 2 de agosto de 1978, cinco personas que permanecían detenidas desaparecidas en la Base Naval de Mar del Plata, fueron llevadas hasta allí por un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas, y en las instalaciones de una precaria construcción de madera y material ubicada sobre el flanco costero, a escasos 300 metros del balneario Luna Roja, simularon una explosión accidental. Allí fueron asesinados y asesinadas Lilia Mabel Venegas Ballarini, Ricardo Alberto Téllez, Antonia Margarita García Fernández, Elizabeth Irma Kennel Marinelli, y una quinta persona cuya identidad aún permanece desconocida”.
Los restos fueron llevados al Cementerio Parque y se dejó asentado el ingreso de los restos de cuatro mujeres y un hombre con el rotulo “NN-02-08-78”. En octubre de 2008, en el marco del Juicio por la Verdad, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó la exhumación arqueológica de una treintena de cadáveres NN preservados judicialmente en el sector B del Cementerio y la identificación de los restos se produjo a partir del año 2011.
Ese año el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo comprobar la primera identificación positiva que fue Lilia Venegas. Y descubrió también que, al momento de la explosión, las víctimas estaban atadas e inmovilizadas. Y en enero de 2013 se conoció la identidad de Antonia Margarita Fernández García (33 años) y su esposo Ricardo Alberto Téllez (34 años), ambos militantes de la Juventud Peronista.
Antonia era española naturalizada argentina, profesora de educación física, fue secuestrada en su casa de Mar del Plata junto a sus dos hijas de 3 y 7 años de edad, que fueron entregadas a su abuelo paterno, Salvador Téllez, quien declaró ante la Justicia Federal en 1986.
Entre otros aportes, Salvador expresó en aquella oportunidad que esa tarde se encontraba en su criadero de animales del paraje El Coyunco, en la Ruta 226, cuando llegó un Ford Falcon verde en el que su nuera y sus nietas eran transportadas por cuatro individuos jóvenes, de pelo corto al “estilo militar”, que exhibían armas de guerra y vestían uniformes verdes camuflados: “Me preguntaron si reconocía a las dos nenas como nietas mías y les dije que sí, que eran mis nietas Vanina y Andrea. Me las dejaron y se fueron”. A su vez, relató que pudo mantener un breve diálogo con su nuera, y que le dijo: “me llevan para tomarme una declaración y después vuelvo”.
Pocas horas después fue secuestrado Ricardo Téllez, junto a Lilia Venegas.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata desarrolló durante 2015 y 2016 los juicios denominados “Base Naval 3 y 4”, por múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en dicha unidad. En este proceso, por la masacre de Luna Roja, fueron condenados a prisión perpetua Raúl Alberto Marino (ex jefe de la Base Naval y comandante de la Fuerza de Submarinos); Rafael Alberto Guiñazú, (ex comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y ex subjefe de la Base Naval) y Francisco Lucio Rioja, (ex jefe de la sección Inteligencia de la Base Naval durante 1978 y 1979).
Nota realizada por Soledad Restivo en el marco del convenio entre la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN)
[i] Disponible en http://www.cels.org.ar/especiales/empresas-y-dictadura/#juicios-y-memoria
