Esa querella solicitó el martes al TOF Nº1 de La Plata que admita el delito de privación ilegítima de la libertad contra los imputados Castillo y Pomares al considerar que los testigos y familiares que estaban en los domicilios al momento de los secuestros también deben ser consideradas víctimas.
Audiencia 21 del juicio de lesa humanidad
Por Gabriela Calotti
“Los testigos deben ser considerados víctimas porque es lo que son realmente”, sostuvo Verónica Bogliano, abogada querellante en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, al exponer su pedido de ampliación de cargos contra los imputados Carlos Ernesto “El Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, que siguieron esta audiencia del 3 de noviembre desde la Unidad Penitenciaria Nº 34 de Campo de Mayo.
La letrada consideró que admitir estos nuevos casos -más de una veintena- por el delito de privación ilegítima de la libertad constituye una “forma de reparar con todas las garantías legales” porque “estamos ante crímenes de lesa humanidad y no ante delitos comunes (…) al tratarse de conductas y delitos en el marco del terrorismo de Estado”.
Durante la audiencia virtual presidida por el juez Fernando Minguillón, junto a los jueces Gabriela López Iñiguez y Ricardo Basílico, la Subsecretaría consideró que “esta ampliación encuentra su sustento en que los hechos que denunciamos están estrechamente vinculadas con la plataforma fáctica de los distintos requerimientos de elevación a juicio formulados por esta querella”.
Precisó que durante las audiencias celebradas hasta el momento -este juicio oral y público comenzó el 23 de febrero pasado- los hechos adquirieron “un mayor conocimiento de las circunstancias en que se sucedieron a partir de los testimonios brindados”.
El presente es el segundo juicio contra la Concentración Nacional Universitaria (CNU, banda armada paraestatal de ultraderecha peronista) que entre 1974 y 1976 asesinó a unas 80 personas en La Plata y aledaños, la mayoría estudiantes universitarios y/o delegados gremiales que militaban en el Peronismo Revolucionario y en la izquierda. Además de Castillo y Pomares, está imputado Antonio “Tony” Jesús, que cumple domiciliaria.
“Luego de haber oído atentamente esos testimonios, queda en evidencia para esta querella que se ha podido develar estas nuevas víctimas por las cuales consideramos oportuna esta ampliación ya que surgen de los detalles brindados sobre la modalidad en que sucedieron los secuestros de las víctimas originarias de este juicio, y por ello deben comprenderse dentro del mismo marco fáctico y, en consecuencia, valorarse la inclusión de estas nuevas víctimas”.
El cargo que esa querella pidió agregar es el “privación ilegítima de la libertad” agravada por violencia y amenazas, fue cometido contra “familiares, amigos, niños, niñas y adultos mayores presentes al momento de ejecutarse los operativos de secuestro”, precisó.
La irrupción nocturna en los domicilios, la violencia física y psicológica dirigida contra todas las personas que se encontraban en esas viviendas, quedó en evidencia durante los testimonios. Todos fueron “retenidos contra su voluntad”, sostuvo y citó otra caso como fue el de Miguel Rave, que inclusive a los 11 años de edad, fue secuestrado durante 24 horas cuando iba camino a la escuela primaria, en el marco de la persecución que sufría la familia Rave.
La patota de la CNU irrumpió concretamente en su casa de calle 8 el 24 de diciembre de 1975, amenazó a toda la familia, dio vuelta la casa, y secuestró a Ricardo Arturo “Patulo” Rave, que fue acribillado con saña y exhibido en el Puente de Fierro.
Las víctimas cuyos casos llegaron a este juicio son, por secuestro y asesinato: Jorge Rosendo Ruda, Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz, Daniel Rayson Midon, Carlos Alberto Sathicq, Horacio Salvador Urrera, Leonardo Miceli, Graciela Herminia Martini, y Néstor Hugo Dinotto; y por secuestro y tormentos a Walter Fabián Martini, Elia Zanata, Daniel Pastorino y Adelaida Ursula Barón.
En relación con esas víctimas, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense pidió que sean reconocidos como víctimas de los delitos padecidos las siguientes personas, varias de las cuales fueron testigos, y que son sobrevivientes y familiares de víctimas asesinadas por la CNU en la mayoría de los casos.
Se trata de Emma Nelis Pizarro, su nieta, la hija de Jorge Rosendo Ruda, Hugo Salinas; Luis Homero, Miguel, Federico, Verónica y Mariana Rave, Juana Rivas, Viviana Alicia Reissig, Luisa Mari Montella de Giacomo, Rodolfo José Omar Reissig, Alicia Judith Giacomo, Jorge Eduardo De Bento, Graciela Rayson Midón, Manuela Nélida Midón, María Enriqueta Midón, Ana María Bossio, Pablo Miceli, Mario Urrera, la madre de Horacio Urrera, Frauro Sathicq y la madre de Carlos Alberto Sathicq.
“Teniendo en cuenta que ya pasaron entre 50 y 51 años de los hechos que estamos juzgando, y más de dos décadas de la reapertura de los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad en nuestro territorio, resulta necesario alzar la voz para evitar que se continúan fragmentando las investigaciones mediante causas residuales que generan un dispendio jurisdiccional inaceptable y prolonga innecesariamente la incertidumbre jurídica de las partes”, sostuvo Bogliano, que recordó el caso de Walter Martini, hermano de Graciela Martini, asesinada por la CNU. Walter permaneció privado de su libertad por la patota de la CNU que irrumpió en su casa en Villa Elisa en busca de su hermana.
La abogada recordó a las víctimas y familiares de la CNU que fallecieron sin ver justicia y sostuvo que esta ampliación es requerida “porque no podemos permitir que estos delitos sean ignorados”.
Bogliano recordó que “la CNU no era una banda desorganizada. Funcionaba de manera organizada y vertical. Señalaba blancos. Les daba dominio total de cada secuestro” y a partir de . A partir de enero de 1974 se convirtió en brazo armado del nuevo gobernador, Victorio Calabró y de sus propios intereses.
Las personas que se encontraban en sus domicilios, donde alguno de sus seres queridos fue secuestrado por la CNU se encontraban en “estado absoluto de vulnerabilidad”. “No podían pedir auxilio”, sostuvo la letrada. “Estas acciones no pueden analizarse de forma aislada sino como parte del terror desplegado por el sistema represivo. Era necesario dejar testigos y sembrar el terror con el objetivo del control social”, aseguró.
Respecto de la atribución de responsabilidades, esa querella atribuye a Castillo por el delito de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia o amenazas y cometerse simulando autoridad pública en perjuicio de Juana Rivas, Luis Homero Rave, Mariana Rave, María Verónica Rave, Federico “Keke” Rave, Miguel Rave, Viviana Reissig y sus familiares presentes: Luisa Mari Montella de Giacomo; sus padres, Rodolfo José Omar Reissig y Alicia Judith Giacomo; su pareja de entonces y hoy ex esposo, Jorge Eduardo De Bento y sus cuñados, Carlos Enrique De Bento y Hugo De Bento. Ana María Bossio, Pablo Miceli, Graciela Rayson Midón, Manuela Nélida Midón, Manuela Enriqueta Midon, Emma Nelis Pizarro, y su nita, Hugo Salinas, Mario Urrera y su madre, madre de Carlos Sathicq y su padre, Frauro Sathicq.
A Pomares se le atribuye la responsabilidad por el mismo delito en perjuicio de Mario Urrera y su madre, Ana María Bossio, Pablo Miceli, madre de Carlos Sathicq y su padre, Frauro Sathicq.
La querella solicitó que los hechos incorporados en el pedido de ampliación sean incorporados a la acusación principal al considerar que “están suficientemente probados” y afirmó que la finalidad de esta ampliación es que “ninguna víctima quede fuera del proceso de juzgamiento frente a crímenes de esta naturaleza”.
Por el Ministerio Público Fiscal estuvo de forma virtual el auxiliar fiscal Juan Martin Nogueira. Entre los abogados del resto de las querellas asistieron Guadalupe Godoy, Pablo Llonto y Rodrigo Cano.
Minguillon indicó a las partes que hagan su devolución a la ampliación acusatoria por escrito. Las defensas pidieron el plazo legal de 10 días para responder. Las querellas también deberán expedirse.
El magistrado no brindó la fecha de la próxima audiencia. Si el Tribunal admite el pedido de ampliación, deberá leerse a los imputados una nueva acta de acusación. De lo contrario se avanzará hacia los alegatos.
En la primera parte de esta jornada, el imputado Castillo amplió su declaración indagatoria para descalificar al tribunal, a los abogados de las querellas y particularmente a los testigos.
“Todo esto es una sanata. En cambio lo que yo digo lo pueden comprobar en los diarios o en los informes de inteligencia. Lo que dicen los supuestos testigos es delirante que no tiene correlato con la realidad (…) No necesito montar una escuela de testigos”, se atrevió a afirmar. Al final de la audiencia, intentó sin éxito, volver a tomar la palabra.
Surgida a fines de los 60 como organización estudiantil de la derecha peronista nacionalista, católica y anticomunista, la CNU se convirtió en 1974 en el brazo ejecutor de la violencia política que se ensañó con activistas estudiantiles y gremiales en La Plata y alrededores, que tenía características propias con las que buscó sembrar el terror entre la militancia, como secuestrar y asesinar a sus víctimas con múltiples balazos de armas de distinto calibre y dejar los cuerpos en lugares públicos en las afueras de la ciudad.
La patota de la CNU que para los 70 lideraba Castillo, actuaba en las llamadas “zonas liberadas”, es decir irrumpía en casas cuyos alrededores estaban cortados al tránsito con la protección de la Policía Bonaerense y el Ejército.
Las audiencias de este segundo juicio contra la CNU platense, son mixtas, en general, es decir presenciales y virtuales. Son transmitidas en directo por los canales de Youtube del Poder Judicial (https://www.youtube.com/@pjn-videoconferencias); por la página web del Centro de Información Judicial (CIJ) (www.cij.gob.ar); y por el canal de Youtube de La Retaguardia TV, único medio de comunicación que desde hace años transmite en directo juicios por delitos de lesa humanidad (https://www.youtube.com/user/laretaguardia).