Lo dijo Miguel Ángel De Lucas este martes 30 de agosto cuando se retomaron las audiencias en el juicio que toma casos ocurridos en San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Pergamino.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires es querellante en este cuarto juicio de la causa conocida como Sain Amant, donde ahora el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Rosario juzga delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar por 12 imputados contra 74 víctimas, en la jurisdicción del Área Militar 132 que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires.
En esta décima audiencia prestaron testimonio Miguel Ángel De Lucas, Calos Guillermo De Luca, Francisco Ricardo Díaz, Edgardo Batch y la historiadora Cecilia Gargano, y es la primera vez que la titular del Tribunal se acerca hasta la ciudad de Pergamino ya que en las tres audiencias anteriores en esta ciudad, lo habían hecho sólo los fiscales.
En primer lugar, el testigo Miguel Ángel De Lucas relató que el día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976, fueron a buscar a su hermano Alberto Nicolás al taller de chapa y pintura que tenía en ese momento, pero como no estaba lo maltrataron y lo metieron en el baño, y cuando llegó su hermano cerca de las 9 de la noche se lo llevaron.
En ese momento empezaron a asesorarse con un abogado pero no pudieron saber nada de su paradero. Por lo cual decidieron con su madre y su hermano menor ir a averiguar a las comisarias. Estando ahí, vinieron “dos policías y automáticamente nos llevaron al calabozo. Sin saber nada ni por qué. No había más información y le dijeron a mi madre: Nosotros le avisaremos por cualquier cosa. Y ahí ya pasamos con mi hermano al calabozo y ya éramos subversivos…y luego esposados nos llevaron al cuartel de San Nicolás”.
Y continuó: “Y ahí empezaron las preguntas…yo, no sabía cómo venía, lo que me preguntaban eran muy cosas muy puntuales, que yo no las conocía, yo no tenía ningún tipo de realmente, no tenía ningún tipo de conocimiento. Por ahí nombraban alguna persona y yo les decía sí lo conozco, pero no, no tengo vínculo. Nosotros la militancia que teníamos dentro del peronismo, estaba el partido auténtico dentro la provincia de Buenos Aires. Después empezaron los aprietes y es lo que yo más sufrí, una de ellas es mi oído, porque también me torturaron, también mi picanearon, pero la picana es un dolor, es un shock eléctrico. Lo que más me produjo dolor fueron los golpes en ambos oídos con las palmas de las manos. Me daban nauseas, mareos y mucho dolor. Por eso terminé diciendo todo que sí, que conocía a las personas que me nombraban”.
Y finalmente relató el encuentro con su hermano mayor cuando los llevaron a los tres al mismo calabozo, donde estuvo detenido más de un año hasta que lo dejaron en libertad. Y recordó con dolor que su hermano Alberto Nicolás, luego de la detención, quedó muy deteriorado física y psicológicamente.
“Somos los desaparecidos en vida porque no somos reconocidos por la sociedad”, con los cual expresó y sintetizó de ese modo la sensación que tienen muchos de las sobrevivientes y los sobrevivientes testigos del terrorismo de Estado.
En segundo lugar, prestó testimonio el hermano menor de Miguel Ángel, Carlos Guillermo, que hoy tiene 69 años y antes de relatar su secuestro y detención en Sierra Chica y San Nicholas cuando tenía 19 años, agradeció a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, a los organismos de DDHH de la ciudad de Pergamino y a la Justicia por todo el laburo que hicieron posible que ahora él pueda, luego de 48 años, “declarar y aportar un pequeño grano de arena a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia”, expresó emocionado.
“Cuando lo detuvieron a mi hermano mayor estuvimos siete días escondidos y el ejército fue cinco veces a buscarnos. Por suerte una amiga de madre nos cobijó en su casa y eso los servicios de inteligencia no tenían ese dato. Tampoco teníamos contacto con las organizaciones guerrilleras. Éramos militantes peronistas, de la juventud peronista…Nos gustaba la política y era toda una época”, recordó.
Finalmente, sobre el día de la detención de su hermano en el taller de chapa y pintura, dijo que él no había estado pero el que si “la vio fue mi hermano Miguel Ángel, porque él estaba en el taller. Por eso sabemos que tenía el dinero porque estábamos muy contentos todos porque podía lograr su tener vivienda”. Dinero que fue robado por la patota que los secuestró.
Luego prestó testimonio Francisco Ricardo Díaz de 75 años, quien también relató su detención a fines de marzo de 1976 y posterior traslado a la cárcel de San Nicolás. Francisco militaba en la juventud peronista y contó que día, su mujer Juana Espinoza, “preguntó por qué me llevaban a la comisaría, y respondieron que por nada, por lo cual ella dijo: bueno, si va él también voy yo. Por eso también quedó pegada”. Juana también fue torturada y la obligaron a firmar documentos.
En cuanto a testimonio de Edgardo Antonio Batch, relató que fue detenido en 1976 en una redada y estuvo una semana en la Unidad de San Nicolás y recordó que estuvo detenido con los hermanos De Lucas y otras personas como Wilfredo Francioni y su novia Laura, que no recordó su apellido pero sí que trabajaba en el INTA. Finalmente dijo que por sus contactos con Monseñor Ponce de León, porque militaba en Juventud Demócrata Cristiana, fue liberado pero nunca asentaron la detención.
Por último, declaró la historiadora Cecilia Gargano graduada en la UBA y actual investigadora del CONICET desde el año 2010. Su investigación está centrada a analizar lo sucedido en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) durante su intervención en la última dictadura cívico militar.
En sentido, Cecilia desarrolló cómo la dictadura fue barriendo las políticas del INTA en torno a los destinatarios directos de las políticas, que de ser los productores medios y bajos o las mujeres y jóvenes rurales pasaron a ser los consorcios regionales agropecuarios y grandes productores; o también cómo se transformó la concepción que se venía fomentando en torno a la función social de la tierra, o las políticas de investigación genética de semillas que fueron orientadas a beneficiar a los sectores empresariales privados.
Pero principalmente Cecilia Gargano presentó y puso a disposición sus documentos sobre cómo se llevaron a cabo transformaciones en la estructura de personal del organismo y cesantías donde en la nómina por “razones de seguridad y sospecha de subversión”. Claro que todo esto estuvo acompañado, dijo, por editoriales en los medios con discursos propios de las entidades agropecuarias donde se hacía énfasis en la alerta con categorías como “infiltración ideológica”.
Algunos de estas instituciones con mayor cantidad de cesantías en términos porcentuales fueron el Centro Nacional de Infecciones Agropecuarias de Castelar, donde se separó a unos 700 u 800 (792 para ser exactos según datos de la investigadora) trabajadores de un total de 5000, y la Estación Experimental Agropecuaria de Pergamino, donde la cantidad de cesantías de una planta de alrededor de 300 personas fue de 47, muchos de los cuales fueron desaparecidos.
La próxima audiencia quedó fijada para este martes 8 de agosto también en la ciudad de Pergamino.
