Con la sola presencia virtual del juez Gorini se inició el juicio CNU II contra tres activos integrantes de la CNU, Castillo, Pomares y Jesús, por el secuestro y asesinato de 13 militantes estudiantiles y gremiales años antes del golpe militar de 1976.
Por Gabriela Calotti
En ausencia de tres de los cuatro los jueces que integran el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, pues sin un ápice de vergüenza solo estuvo presente y de forma virtual, el presidente de esa instancia judicial, Jorge Luciano Gorini, se inició un nuevo juicio contra Carlos Ernesto “el Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Antonio Agustín “Tony” Jesús, miembros operativos de la banda paraestatal de ultraderecha peronista conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU), que tampoco estuvieron en la sala, comenzaron a ser juzgados este lunes por los delitos de homicidio doblemente calificado, privación ilegal de la libertad, tormentos, violación de domicilio y daños contra 13 víctimas, perpetrados en los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 del que se cumplirán 50 años el mes que viene.
Esta primera audiencia estaba destinada a la lectura de la acusación contra los tres imputados. Castillo y Pomares, ya fueron juzgados en un primer juicio contra la CNU en 2017. Entonces, Castillo fue condenado a perpetua y Pomares fue absuelto dos veces por el Tribunal de ese momento. Esta vez hay un tercer imputado. Se trata de esta Antonio Agustín “Tony” Jesús, involucrado en varios casos que llegaron a este juicio.
En el debate oral y público ya bautizado como Juicio CNU II estuvieron en cambio presentes familiares de víctimas, organismos de derechos humanos, abogadas y abogados querellantes y representantes del Ministerio Público Fiscal. La ausencia de los jueces en la sala motivó que al final de la audiencia las abogadas Pía Garralda, en nombre de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y Guadalupe Godoy, en representación de la querella unificada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Unión por los Derechos Humanos plantearan reclamos al respecto.
“En el día de hoy quedó a las claras que no son las mejores condiciones para llevar adelante el debate. La foto hoy acá es que no están presentes ninguno de los tres jueces. La conexión es débil. No estamos en condiciones de tener un debate oral (…) atento a la causa que representa este debate”, sostuvo Garralda, antes de insistir en que “la totalidad del tribunal” debe estar presente en las audiencias.
La abogada consideró que los imputados también debían estar de forma presencial y no siguiendo la audiencia vía digital. Castillo y Pomares siguieron la audiencia desde la Unidad Penitenciaria Nº 34 de Campo de Mayo y Jesús desde su casa donde cumple detención domiciliaria por razones de salud. En varias ocasiones se cortaba la conexión.
Para este juicio se prevé la comparencia de al menos 66 testigos, razón por la cual Garralda le dijo a Gorini: “no queremos que los testigos y las testigas hablen ante un tribunal ausente y que los imputados lo miren por televisión”.
Con tono y actitud bastante autoritaria, el juez intentó evitar que la letrada expusiera su planteo. “No le voy a dar la palabra porque esta etapa es de lectura (…) formule la petición por escrito”, dijo. No obstante la abogada siguió con su reclamo.
“Nosotros consentimos la modalidad mixta del tribunal, pero no imaginamos que eso iba a significar la ausencia de los señores jueces de la sala de audiencia”, planteó a su turno Godoy. “Lo decimos porque entendemos que el principio de inmediación exige el contacto del tribunal con las partes y que la presencia física del tribunal fortalece la confianza en el proceso. Hoy no existe un argumento que justifique esta modalidad”, agregó.
La letrada reclamó un “cronograma cierto y un calendario previsible de por lo menos un mes para la organización de las partes y de los testigos”. Con el mismo tono altivo Gorini le respondió que “en cuanto estemos en condiciones vamos a anunciar el cronograma de audiencias” e inmediatamente dispuso un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo de las 10 hs para continuar con la lectura de las piezas acusatorias.
La acusación contra Castillo, Pomares y Jesús
“La CNU fue una organización armada paraestatal que llevó delante de manera sistemática, organizada y con connivencia estatal, una serie de crímenes en el periodo en que acontecieron los hechos aquí investigados que tuvieron como epicentro sus actividades en las ciudades de La Plata y Mar del Plata”, dijo la secretaria del Tribunal, Verónica Michelli al leer el auto de acusación y referirse al contexto histórico en que se produjeron los hechos que se tratarán en el juicio.
Precisó que según documentos de la propia DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) “confeccionados a fines de 1973” indicaban ya por entonces que “Castillo comandaba la CNU platense, Pomares era capitán y entre otros integrantes como menos jerarquía figuraba Jesús”.
“Su accionar tenía tres objetivos: Instalar el terror, demostrar la identidad de sus autores y su capacidad operativa”, leyó Michelli, antes de indicar que la existencia y accionar de la CNU “fue la antesala e inicio del terrorismo de Estado”. “Los delitos perpetrados por los imputados constituyen delitos de lesa humanidad”, afirmó.
Pomares, Castillo y Jesús actuaron hasta abril de 1976 cuando fueron detenidos y alojados en el Pabellón 11 de la Unidad 9 de La Plata, según testimonios de ex presos políticos.
Luego la funcionaria judicial leyó los nombres de las víctimas, su militancia y las circunstancias en la que se produjeron sus secuestros y/o asesinatos. Se trata de Jorge Rosendo Ruda, Ricardo Arturo Rave alias “Patulo”, Alcides Emilio Méndez Paz, Daniel Rayson Midon, Walter Martini, Elía Zanata, Graciela Martini, Néstor Hugo Dinotto, Hugo Pastorino, Adelaida Ursula Barón, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera.
Los otros jueces subrogantes que integran el Tribunal son: Roberto Fernando Minguillón, María Gabriela López Iñiguez y Ricardo Basílico como cuarto juez.
Por el Ministerio Público Fiscal asistieron el fiscal Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlín. Como parte querellante, además de las dos abogadas antes citadas, estaban presentes las letradas Luisina Gallo y Verónica Bogliano, en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y Pablo Llonto en representación de las familias Rave y Urrera.
Desde 1974 la CNU, brazo armado de la Triple A en el ámbito universitario, generó violencia política en La Plata y Mar del Plata. En La Plata asesinó a más de 70 personas, en su mayoría estudiantes y profesionales que tenían militancia en el peronismo revolucionario o en la izquierda. Sus asesinatos buscaban sembrar el terror, tal como señalaron sobrevivientes, testigos de aquellas atrocidades y numerosas investigaciones académicas. La marca de la CNU eran sus brutales operativos en “zonas liberadas” por la policía bonaerense y su principal característica era no sólo el secuestro de las víctimas sino acribillarlas con armas de diversos calibres a plena luz del día. En muchos casos exponía los cuerpos en espacios públicos, a orillas del Río de La Plata, el arroyo Sarandí o al costado de caminos en las afueras de La Plata.
A diez años del primer juicio contra la CNU platense
El primer juicio contra la CNU platense trató 7 casos. Se desarrolló entre mayo y noviembre de 2017. Castillo fue condenado a perpetua por unanimidad del Tribunal y Pomares absuelto. Las querellas apelaron la sentencia contra Pomares y la Cámara Federal de Casación Penal reclamó una nueva sentencia.
En junio del 2020 el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata absolvió por segunda vez a Pomares y el Ministerio Público Fiscal volvió a apelar esa decisión. El 20 de julio de 2021, el juez federal Ernesto Kreplak dispuso el procesamiento y embargo en contra de Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares y Antonio Agustín Jesús, por los homicidios agravados de nueve militantes gremiales y estudiantiles y otros ilícitos perpetrados contra sus familiares.
Diversos tribunales del país consideraron en anteriores sentencias que los delitos cometidos contra militantes políticos entre 1974 y 1983 formaron parte de un Plan Genocida y fueron cometidos en el marco de un genocidio o para perpetrar un genocidio, precisó Llonto en un documento en el que solicitaba la elevación a juicio.
La CNU nació a fines de los 60 impulsada por el latinista y helenista platense Carlos Disandro en el Instituto Cardenal Cisneros, adonde solía acercarse el arzobispo platense Antonio Plaza. De grupo de choque universitario de ultraderecha católico se convirtió en grupo operativo paraestatal con la llegada de Victorio Calabró, hombre de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM) al Ejecutivo provincial, en enero de 1974, desplazando a Oscar Bidegain. Con la intervención fascista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la CNU que pasó a depender del Batallón 601 del Ejército, ocupó cargos en colegios secundarios de la Universidad, como el Colegio Nacional y el Liceo Víctor Mercante.
Las audiencias, inicialmente mixtas, es decir presenciales y virtuales, son transmitidas en directo por los canales de Youtube del Poder Judicial (https://www.youtube.com/@pjn-videoconferencias); por la página web del Centro de Información Judicial (CIJ) (www.cij.gob.ar); y por el canal de Youtube de La Retaguardia TV, único medio de comunicación que desde hace años transmite en directo juicios por delitos de lesa humanidad (https://www.youtube.com/user/laretaguardia).
Los testigos recibirán el apoyo del Equipo de Acompañamiento de la Dirección de Acompañamiento a Grupos en Situación de Vulnerabilidad perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, y del CODESEDH (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos).
La ausencia presencial de los jueces y de los imputados, hace prever un juicio difícil y tortuoso. Gorini dispuso un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo a las 10 hs para continuar con la lectura de la acusación.
El mencionado juez es presidente del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Buenos Aires. Gorini es el mismo que jugaba -¿juega?- al fútbol con el ex presidente Mauricio Macri en su quinta Los Abrojos y el mismo que integró el Tribunal que el 6 de diciembre de 2022 condenó a la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad” a seis años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Como si fuera poco y por primera vez en 20 años, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, degradada por el actual gobierno a subsecretaria, no será querellante en esta causa, acorde a la política negacionista de Javier Milei, quien entre sus más lamentables decisiones contrarias a las políticas de memoria, verdad y justicia que llevaron adelante gobiernos anteriores, dispuso el vaciamiento de esa repartición que tenía un equipo encargados de querellar en juicios por delitos de lesa humanidad.
Más de 50 años después de las atrocidades perpetradas por la CNU en La Plata, debido al contexto actual y a la fragmentación de las causas, muchas víctimas de esa banda paraestatal de ultraderecha, seguirán esperando justicia, aún después de este incipiente juicio.