Es un programa que consiste en visitas guiadas a diferentes Sitios y Espacios de Memoria, para contribuir en la construcción de las memorias colectivas, entendiendo a las políticas de memoria como un pilar indiscutible para proyectar sociedades más justas, solidarias y democráticas, que nunca más permitan el terror y la vulneración de los derechos más esenciales, porque un pueblo con memoria es democracia para siempre.

El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas y sectores civiles derrocaron el gobierno constitucional mediante un golpe de Estado e iniciaron la dictadura cívico-militar más cruenta de la que tenga memoria nuestro país. Ésta se configuró como la sexta interrupción a los regímenes democráticos, con la presunta intención de “establecer un orden”.

Desde esa fecha hasta el 10 de diciembre de 1983, en la República Argentina se llevó adelante un proceso implementado por el poder económico, las fuerzas armadas y de seguridad con el objetivo de provocar profundos cambios políticos, económicos, sociales y culturales mediante la ejecución del Terrorismo de Estado. Así, a través de un plan sistemático de persecución, tortura y exterminio se impuso un modelo económico neoliberal que buscó destruir los lazos solidarios, la organización y el trabajo.

En la Provincia de Buenos Aires funcionaron más de 240 Centros Clandestinos de Detención y en todo el territorio Nacional se estiman alrededor de 800, donde se secuestró, torturó, desapareció y asesinó a aquellas personas que planteaban un modelo alternativo al de disciplinamiento y exterminio que imponía la dictadura.

Llamamos Sitios de Memoria a todos aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención o sucedieron hechos emblemáticos del terrorismo de Estado, como masacres, cementerios en los que se realizaron enterramientos clandestinos, etc. Tienen un gran valor histórico y son prueba fundamental en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Los Espacios de Memoria son Sitios reconvertidos y/o resignificados en los que se llevan adelante actividades educativas, culturales, artísticas y/o de investigación. Estos procesos se dan a partir de una decisión política del Estado Provincial y Nacional que desde el 2003 inició una decidida política basada en los pilares históricos del movimiento de derechos humanos de Memoria, Verdad y Justicia.