A familiares de víctimas de graves violaciones de DDHH cometidas por las fuerzas de seguridad, que realizan una tarea fundamental, no solo en las acciones de denuncia, acompañamiento y contención hacia aquellas personas que sufren esta problemática, sino también en la incidencia que tienen para la construcción de políticas públicas contra la violencia institucional. A los agentes territoriales como actores determinantes sobre el terreno, siendo una figura dinamizadora en el proceso de la política de inserción sociocomunitaria, y con capacidad de aportes en la resolución de conflictos. Hoy articulan con la Subsecretaría un universo de 120 personas, pertenecientes a organizaciones políticas, sociales, gremiales, de juventudes, entre otras.

En la Provincia de Buenos Aires, según datos construidos por la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, ocurrieron 309 casos de Uso Letal de la Fuerza entre 2020 y 2022 cometidos por las fuerzas de seguridad federales y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en el mismo período, se han recibido y gestionado cerca de 1200 casos categorizados como hechos de violencia institucional . Sin perjuicio de ellos, la participación de los diferentes operadores del Poder Judicial, tiene una dimensión relevante en esta problemática y muchas veces cumplen un rol protagónico en el desarrollo de las violencias institucionales. Entre víctimas directas y sus familiares, estamos hablando de cientos de personas que de manera cotidiana, sufren diferentes formas en las que se despliega la violencia de las instituciones del sistema penal. Situaciones conflictivas en la vía pública, averiguaciones en Comisarías y Hospitales, pedidos de información en Defensorías, Fiscalías y Juzgados son sólo algunas de las acciones que de manera individual o colectiva, artesanal u organizada realizan las víctimas y familiares. Ante este diagnóstico desde el colectivo de familiares manifestaron expresamente la necesidad de un respaldo institucional a su labor, a través de la visibilización de la articulación que se mantiene con la Subsecretaría de DDHH PBA y la identificación de la misma a través de credenciales oficiales.

El Estado argentino ha ratificado los principales instrumentos de protección de Derechos Humanos, les ha otorgado jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 CN) y ha ratificado y adherido a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos tanto regionales como internacionales. Los contenidos que establecen esos instrumentos son estándares, y estos estandares son guías indispensables para el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas orientadas a la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país. “DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS” es un término que adoptó el Sistema Universal e Interamericano de DDHH para nombrar a aquellas personas de cualquier forma promuevan o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional. Según lo ha indicado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el criterio identificador de quién debería ser considerado defensor o defensora de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otras cualidades, por ejemplo, si ésta recibe un pago o no por sus labores o si pertenece a una organización civil o no, si esta registrada o no. Es decir, son personas que a través de sus actividades de vigilancia, denuncia, difusión y educación contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos ya que actúan como garantes contra la impunidad. Las personas defensoras suelen ser portavoces de quienes se encuentran más vulnerables y ayudan a asegurar que prevalezca la justicia y el respeto por las normas de derechos humanos.

El Programa consta de 3 acciones principales, dentro de las cuales se generarán acciones complementarias: 1) Creación de Registro de Defensores y Defensoras de DDHH y entrega de Credenciales a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. 2) Implementación de capacitaciones y espacios de formación presenciales y virtuales con perspectiva de derechos humanos a los destinatarios del Programa y asesoramiento de forma permanente ante los requerimientos de parte de los mismos. Dichas instancias contarán con material didáctico, acompañados de las herramientas que el Estado Provincial brinda para el correcto ejercicio de los derechos. 3) Presentación de Informes semestrales que contendrá un diagnóstico sobre las tareas llevadas a cabo por los/as Defensores/as de DDHH. Se complementará con acciones de difusión y sensibilización sobre la materia.

- La credencial es una herramienta que propicia mejores condiciones para ejercer nuestros derechos y los de la comunidad, ante situaciones en las que interactuamos con operadores del poder judicial o agentes de las fuerzas de seguridad o profesionales de la salud. - Ej: i.- Situaciones conflictivas en la vía pública ante posibles detenciones arbitrarias, ii.- Acompañamiento a familiares a las mesas de entradas de Fiscalías y Juzgados, iii.- Ante una solicitud de información en guardias hospitalarias, entre otras. - Promueve y fortalece la articulación entre las organizaciones y colectivos de familiares con los órganos estatales municipales, provinciales y nacionales que cumplen su tarea en el territorio.