Era titular del Juzgado Penal de La Plata que archivó la causa sobre el asesinato en 1978 de Lucía Swica y Jorge Caravelos.
Audiencia 52 del juicio de lesa humanidad “1 Y 60” Y “Comisaría 8°”
El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso avanzó este jueves 20 de febrero tras la feria judicial con la etapa testimonial del juicio que investiga los hechos de lesa humanidad perpetrados en el Cuerpo de Caballería ubicado en calle 1 y 60 y en la Comisaría 8° de calle 7 y 74, que funcionaron durante la última dictadura cívico militar como centros clandestinos de detención.
En esta oportunidad, luego de solicitarlo a fines del año pasado la abogada de Sofía Caravelos, prestó testimonio el ex juez Carlos Mayón, quien era titular del Juzgado Penal N° 6 de La Plata encargado de archivar la causa del supuesto accidente de tránsito montado por los represores, caratulada “muerte por accidente y homicidio culposo”, y luego modificada a “N.N. o Jorge Caravelo s/homicidio culposo”. Previo a esa instancia Mayón había rechazado un habeas corpus presentado por la madre de Lucía Swica.
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Lucía Swica era profesora de la Facultad de Psicología de la UNLP y había conocido a Jorge Caravelos cuando estaban conformando una organización que luego se transformó en el Frente Argentino de Liberación (FAL), donde luego militaron juntos.
Ambos fueron secuestrados en un operativo ilegal en calle 6 entre 45 y 46 de la ciudad de La Plata el 18 de mayo de 1978. Por distintos testimonios de ex-detenidos se supo que estuvieron en el centro clandestino de detención “La Cacha” y en la Comisaría N° 8°, y sus cuerpos aparecieron calcinados dentro de un auto tres días después de su secuestro y a las pocas horas que fueran dados de baja en el libro de la dependencia policial.
Los restos de ambos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el Cementerio de Florencio Varela, donde figuraban como NN, e inhumados con sus nombres en el Cementerio de La Plata.
De este modo, su hija Sofía logró, luego de años de lucha, que en el 2016 el juez Federal Ernesto Kreplak avanzara en probar que sus padres habían sido asesinados en un fraguado accidente automovilístico tras simular documentalmente su liberación. De este modo, la carátula del expediente fue renombrada como víctimas de “homicidio y otros delitos”, reparando su memoria y estableciendo la verdad de lo ocurrido.
El día de la detención sus padres estaban separados y Jorge había dormido en la casa del histórico librero y poeta, propietario de la emblemática librería Libraco, Emilio Pernas, cuya hija Gabriela había sido secuestrada el 19 de octubre de 1976. En ese entonces Sofía tenía 6 años y con el tiempo pudo reconstruir lo sucedido.
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En esta audiencia 52 del juicio de lesa humanidad donde Derechos Humanos de la Provincia es querellante, había muchas expectativas en torno al inédito testimonio de modo presencial del ex juez.
Mayón, comenzó relatando su recorrido como parte del poder judicial hasta que asumió como juez, y explicó los fundamentos teóricos que contribuyeron a que una vez perpetrado el golpe cívico militar la mayoría de los jueces decidieron continuar en sus lugares.
“Todos los jueces consideramos que debíamos continuar porque de modo contrario la situación iba a ser peor porque se iban a nombrar jueces amigos”, dijo.
Posteriormente, fue interrogado en relación a los procedimientos y el funcionamiento judicial y administrativo ante los diferentes casos, como los habeas corpus o ante el hallazgo de cadáveres. También si había interrelación entre los juzgados, o si había un mecanismo para cotejar los hallazgos de cadáveres NN con los pedidos de habeas corpus que se recibían. A lo que Mayón expresó que “si había alguna sospecha de que ese habeas corpus estaba relacionado con la persona que se había encontrado, sí, se hacían las pericias correspondientes. Dependía de cómo era el caso”.
Insistió entonces la abogada querellante Guadalupe Godoy si podía ampliar sobre cómo se tomaban esas decisiones, si había criterios, si había un mecanismo unificado de cómo proceder, y las respuestas fueron similares, que no recordaba o que dependía de cada caso, incluso “si se pedían los informes a la policía u otra fuerza, pero siempre dependiendo de cada caso”.
También se le pidió que explique por qué si en algunos casos puntuales tenían todos los datos de la persona hallada, por qué se caratulaba, por ejemplo, “NN o Jorge Caravelos”, a lo que dijo que en este momento “Se ponía así, porque no estaba totalmente certificado. Si había alguna forma de averiguar algo más se hacía, si no, se archivaba”.
En dos oportunidades de su declaración, Godoy solicitó la lectura en telegramas recibidos por parte del juzgado a su cargo, pero fueron rechazados por el tribunal porque entendió que de proceder Mayón podía incurrir en actos auto-incriminatorios y con esto, violar un derecho constitucional.
Finalmente, Guadalupe Godoy solicitó si se podía informar sobre el testimonio del ex juez y elevarlo a las áreas de la Universidad Nacional de La Plata donde Mayón es renombrado docente.
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Por último, prestó testimonio de modo virtual Marta Alizsa, quien tenía 32 años cuando la dictadura secuestró y desapareció a Margarita Delgado.
Margarita le alquilaba una habitación a la abuela de su pareja en calles 25 de mayo y Venezuela de Ensenada, hasta que en noviembre de 1977, estaban en la casa y una patota de infantería invadió la casa y empezaron a sentir tiros. “Al rato, entre Margarita con las dos nenas. Después de todo eso, los soldados o no sé qué categoría tenían, la vienen a buscar a ella. Y yo le digo a uno que tenía otra jerarquía, le digo: por qué no la dejan a ella. Y me dice, no sé, nosotros la llevamos a ella y a las nenas también. A Margarita la suben a un auto verde y los soldados se llevan a nenas al Hospital de Niños. Y cuando se fue el camión, viene otro soldado y nos dicen que se llevaban las pertenecías. Y las quemaron en la esquina. Y luego la gente de enfrente, los vecinos, nos dicen que habían matado a dos hombres que estaban ahí. Uno era el marido de Margarita y el otro era una persona que venía sólo los domingos. Después eso se corrobora porque le casa de enfrente tenía disparos y la casa de al lado también”, relató Marta sobre el día del secuestro y asesinato el 27 de noviembre de 1977.
Margarita Delgado Guaquel, tenía 25 años y era oriunda de la provincia de Santa Cruz. Estaba casada con Horacio Bau y ambos militaban en Montoneros.
Luego se pudo saber que Margarita fue llevada al Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionaba en la Comisaría 8° de La Plata y en Mayo de 2002, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Margarita en el Cementerio Municipal de La Plata, pudiéndose determinar que había sido asesinada el 21 de enero de 1978 y su cuerpo hallado en Ruta Prov. Nº 6 y Av. 44 (Ruta Prov. Nº 215) en Abasto (La Plata).
Sus hijas, fueron localizadas en 1985 por la comisión gubernamental que coordinaba el secretario de Desarrollo Humano y Familia de la Nación, Enrique De Vedia, por iniciativa de gobierno de Raúl Alfonsín para el esclarecimiento de los casos de menores desaparecidos.
La próxima audiencia quedó programada para el jueves 6 de marzo a las 9 hs.
