La testigo de contexto Stella Caloni, periodista y escritora, especializada en política internacional, dio cuenta del entramado represivo latinoamericano a través de la Operación Cóndor.
La Plata.
En el marco de la causa de las brigadas de Banfied, Quilmes y Lanús, declaró la testigo de contexto Stella Caloni, periodista y escritora, especializada en política internacional. En su testimonio dio cuenta del entramado represivo latinoamericano a través de la Operación Cóndor.
Stella Calloni relató ante Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata que esta operación implicó la puesta en marcha de un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo establecido en el año 1975 por parte de las cúpulas de regímenes dictatoriales del Cono Sur –principalmente de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- con Estados Unidos.
Esta Operación estuvo destinada a la persecución y asesinato de grandes dirigentes y personalidades, especialmente de la región, que implicaban un peligro para las propias dictaduras. En este sentido, Caloni calificó a esta operación de “elitista”, ya que estaba dirigida hacia grandes e importantes figuras intelectuales y políticas, entre otras. A la vez, explicó cómo se planificaban las tareas con el objeto de identificar a sus blancos.
Por otro lado, resulta importante resaltar lo expuesto por la testigo en cuanto a que señaló ante el tribunal que “en esta causa hay elementos claros del Plan Cóndor”. Ello se demuestra, explicó, a partir de los testimonios recolectados que dan cuenta del tránsito por dichos CCD involucrados de víctimas de nacionalidad especialmente uruguaya y la presencia de personal militar de dicho país, como también de Chile.
Este dato pone en evidencia, una vez más, la concreción de dicha operación a través de la articulación de las distintas fuerzas militares, paramilitares y agencias de inteligencia de los distintos países. En este punto, hizo mención a los hechos ocurridos en Automotores Orletti como una de las primeras comprobaciones de la activa participación y coordinación de las dictaduras civico-militares ocurridas en Argentina y Uruguay.
En lo que respecta a Argentina, se vieron involucradas dentro de esta operación tanto las Fuerzas Armadas como de seguridad, como así también grupos paramilitares como la Triple A y el Batallón de Inteligencia 601 y la ex SIDE.
Durante su declaración, la testigo hizo referencia a la “Operación Murciélago”, que se desarrolló dentro del Plan Cóndor, destinada específicamente a detener militantes Montoneros que intentaron regresar al país y cómo se articuló la acción de inteligencia de distintos países, no sólo latinoamericanos, para colaborar con este objetivo. El juzgamiento de estos hechos se encuentra actualmente en la etapa final del debate oral en juicio conocido como “Contraofensiva Montonera”.
Por último, en relación a la demora en el juzgamiento y castigo a los responsables de estos hechos, Stella Caloni manifestó al tribunal que “se necesita urgente la justicia para las víctimas”.
Los hechos que se juzgan
El juicio por los pozos de Banfield y Quilmes unifica una serie de causas, la primera de ellas elevada a juicio hace ocho años. Se trata de dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar.
En el caso de El Infierno se investigará la responsabilidad de cuatro policías de la Provincia de Buenos Aires y un civil por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, hechos incluidos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ex CCDyT “El Infierno” ubicado en Avellaneda.
El Tribunal Oral Federal N 1 de La Plata está conformado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervienen Hernán Shapiro, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira.
A través de la Dirección de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad y Leyes Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Provincia es querellante en este debate en el que se investigará la responsabilidad de los imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores.
La Dirección de Grupos en Situción de Vulnerabilidad acompana a las víctimas y familiares en este juicio.
