El Ministerio Público Fiscal y las querellas solicitaron la ampliación de cargos por delitos sexuales y homicidios, y sumar nuevos casos.
Se trata del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en Brigadas de la Policía Bonaerense que funcionaron como CCD en Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo.
La Fiscalía y hasta ahora seis querellas solicitaron al Tribunal Oral Federal Nº1 que se amplíen los cargos contra los 12 imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidio, sustracción de menores y delitos sexuales y que se sumen nuevos casos de víctimas, al considerar que la “ampliación de la imputación es una herramienta para luchar contra la impunidad”.
Las solicitudes de ampliación de cargos y de nuevos casos es resultado de “las nuevas circunstancias de los hechos” que se conocieron durante el transcurso del juicio oral y público que se desarrolla desde octubre del 2020, explicó posteriormente una de las letradas.
Por el cargo de delitos sexuales se suman los casos de dos de las chicas secuestradas y aún desaparecidas en la llamada “Noche de los Lápices”, María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone, tragedia ocurrida en La Plata hace 47 años. También figura por ese cargo Nora Ungaro, hermana de Horacio, estudiante secundario secuestrado en ese mismo operativo represivo que permanece desaparecido.
Así lo precisaron las partes solicitantes en las audiencias 115 y 116 del martes 5 y 12 de septiembre respectivamente, durante las cuales expusieron los fundamentos de sus solicitudes y manifestaron su adhesión a la ampliación requerida por la auxiliar fiscal Ana Oberlín.
Este martes, los pedidos de ampliación de cargos y de casos tuvieron lugar durante una nueva audiencia virtual a la que asistieron de forma virtual los 12 represores imputados que siguen vivos, la gran mayoría desde sus casas donde cumplen prisión domiciliaria.
El objetivo de la ampliación de cargos y la sumatoria de casos en esta etapa del juicio es “evitar la fragmentación” y reafirmar que “los hechos llevados a debate (…) constituyen una unidad de acción”, precisó Guadalupe Godoy, abogada querellante en nombre de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).
En estos juicios “seguimos reconstruyendo verdad” pues se “conocen nuevas circunstancias de los hechos” que se suman a los hechos ya conocidos en la instrucción y surgen nuevas acusaciones contra los imputados, precisó.
Asimismo, durante el juicio se conocieron nuevos casos de identificación de restos de personas hasta entonces desaparecidas gracias a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Los imputados Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamont Smart, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Bergés, Guillermo Domínguez Matheu, Gustavo Fontana, Juan Miguel Wolk, Enrique Augusto Barre, Julio Alberto Candiotti, Federico Minicucci, Jorge Héctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo, asistieron a la audiencia virtual. Al inicio de la audiencia, el presidente del tribunal, el juez Ricardo Basílico los nombró uno por uno y espero que le respondieran y que mantuvieran sus cámaras encendidas.
“Las ampliaciones se justifican en la propia dinámica del debate y en los testimonios no conocidos hasta entonces y por casos no incluidos en el juicio pero conocidos durante su desarrollo”, sostuvo Godoy durante la audiencia.
Tras considerar que “hoy es una carrera contra el tiempo y contra la impunidad biológica”, solicitó que se “incorporen hechos nuevos o delitos más gravosos” pues es “razonable y necesario agotar en el mismo proceso” los hechos que formaron parte de un “plan estratégico global dirigido a eliminar a una parte de la población”.
“Creemos que todos los hechos que se ventilaron, los requeridos y los nuevos, no son hechos aislados entre sí, sino conductas interconectadas que fueron llevadas a cabo por los imputados como parte de ese plan final (…) Entendemos que el acontecimiento histórico debe ser considerado por el Tribunal en su integridad”, insistió Godoy.
Consideró que la “impunidad propicia la repetición” de violaciones a los derechos humanos y que la ampliación de la imputación es justamente una “herramienta para luchar contra la impunidad”.
Desde la querella de “Justicia Ya”, la abogada Pía Garralda consideró que “el Estado argentino tiene la obligación de investigar los delitos de lesa humanidad garantizando el derecho a la verdad, a la justicia jurídica y material de las víctimas, familiares y de la sociedad en su conjunto”.
“Creemos que en estos tiempos, cuando hay un sector de la sociedad que no solamente niega el genocidio sino que lo reivindica, existe una disputa respecto de la memoria histórica”, razón por la cual “estos juicios deben aportar claridad sobre determinados conceptos (…) como el de desaparecido o desaparecida”, sostuvo.
“El Estado debe cerrar ese ciclo de incertidumbre diciendo qué pasó con las compañeras y los compañeros, dónde están y (debe) juzgar a todos los responsables”, afirmó.
En nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Josefina Rodrigo sostuvo que “el único punto rescatable del paso del tiempo es que aún 47 años después, las víctimas tengan la posibilidad de declarar por primera vez ante la justicia, sobre todo en materia de delitos sexuales. Esto debe ser valorado para juzgar y condenar a los responsables”, consideró.
“Hacer hoy estos planteos tiene una importancia para visibilizar la violencia sexual (…) que afectó a personas en cautiverio, deterioradas físicamente, a niñas y mujeres embarazadas”, recordó.
Todas las querellas adhirieron al pedido de ampliación de cargos contra cinco represores que operaron en el llamado Pozo de Banfield, formulado la semana pasada por la Fiscalía y por los abogados querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo, en el caso del robo del bebé de Cristina Navajas y Julio Santucho que recuperó su identidad en junio pasado. Se trata de Miguel Santucho, ahora el nieto recuperado número 133.
El bebé fue apropiado por un policía bonaerense que integró el circuito Camps. Lo inscribió en Santiago del Estero con el nombre falso de Daniel González, nacido el 24 de marzo de 1977.
En las próximas audiencias concluirán los pedidos de ampliación de tres querellas, luego debería contestar la defensa, el Tribunal decide si se indaga o no y luego llegarán los alegatos de las partes.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús, conocida como “El Infierno”, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013 De los 18 imputados iniciales, sólo quedan 12. Desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, fallecieron seis imputados, entre éstos Miguel Ángel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.
Por esos tres CCD pasaron casi medio millar de víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más 500 testigos prestaron declaración en este juicio. El Tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
La próxima audiencia se realizará, de forma virtual, el martes 19 de septiembre a las 8.30 horas.
Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.
