Con esas palabras Isabel Ibarra concluyó el martes su primera declaración testimonial por su secuestro y el de su hermana Leonor, ocurridos el 13 de mayo de 1975 en Buenos Aires.
Ya canosa y mayor y con los nervios que produce tener que recordar aquella pesadilla, Isabel contó el salvajismo y la denigración de esos meses en el Pozo de Banfield durante los cuales estuvieron en cautiverio junto a otra treintena de hombres y mujeres.
Ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata y a las y los abogados de querellas, defensas y Fiscalía, las atroces torturas que sufrió su hermana y otros detenidos, también relató el secuestro, el cautiverio y los años en las cárceles de Olmos y de Devoto hasta su dolorosa salida del país. Y el Ministerio Público Fiscal y el presidente del Tribunal, Ricardo Basílico, salieron al cruce de uno de los abogados defensores de un represor que intentó confundirla en su relato.
“El martes 13 mayo de 1975 al amanecer del 14 que era fiesta patria paraguaya, cayeron ahí una cantidad de hombres y revisaron la casa y luego nos sacaron en un auto sin chapa (…) y nada más apenas nos subimos al auto, un hombre grande, grande, como un orangután, puso su mano en el cuello y nos inclinó y nos metió adentro”, así inició su declaración Isabel Ibarra en el marco de la audiencia número 100 de este juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, ésta última ubicada en Avellaneda.
Esa noche estaban, como siempre, en su casa cerca del barrio de Once. Cuando la patota formada por varios hombres de civil irrumpió en la vivienda, serían las 3 o 4 de la madrugada. Ella, de 39 años, estaba con sus hijos, María Esther y Robin de 7 y 6 años respectivamente y con Nenucha, una chica que les ayudaba. “Estaba mi hermana Leonor María Ibarra (de 33 años) y yo”.
Antes de que las metieran en un Ford Falcon, alcanzó a decirle a la muchacha que le avisara a su mamá. Era un auto sin chapas, aseguró.
“Enseguida nos pusieron una venda en los ojos y ya nos iban interrogando, a quien pertenecíamos”, continuó Isabel, antes de indicar que después de un trayecto “llegamos a un patio (…) y ahí nos dimos cuenta de que habían otras gentes”.
Después de llevarlas hacia un “pequeño cuarto”, contó que “a mi hermana la hicieron prácticamente la empujaron para que caiga en un catre y a mí en una silla y entonces empezaron con el interrogatorio. Cuando oía gritar a mi hermana, era que le estaban poniendo la picana y a mí también y me golpeaban tanto que después ya no sentí más”, contó visiblemente angustiada y ya bajando la vista.
Tras las torturas y los golpes, las subieron a una celda. De ese momento recordó a una chica que tenía epilepsia y a la que llamaban “La Turca”. También de esos primeros días recordó a un preso común que dijo que era paraguayo y que le consiguió un remedio para su hermana, porque “la habían torturado con la picana en la boca y le habían cortado un pedazo de lengua”, aseguró al Tribunal.
En los interrogatorios “nos preguntaban por un señor amigo nuestro”. “No preguntaban si teníamos algo que ver con la ‘orga’”, agregó más tarde.
En la Brigada de Banfield estuvieron tres meses junto a otras 32 personas, entre las cuales Isabel mencionó a una señora Waserman, ya fallecida. “Recuerdo a Marianita Souza” y también a un hombre de apellido Nadal que “había sufrido grandes torturas”. También mencionó a los hermanos Geraci, quienes prestaron declaración en audiencias anteriores.
Contó algunas “anécdotas”. En un momento tuvo la menstruación y ella pidió ir al baño. “El baño estaba todo tapado, el agua salía con todo lo habido y por haber. Pisé todo eso y volví a mi celda y me quedé ahí”, dijo esta mujer que en su relato ilustró una vez más la denigración absoluta a la que eran sometidos los secuestrados ya en 1975.
Aunque dijo que una vez que su familia supo que estaban en Banfield, le llevaban ropa y comida, contó que una vez les abrieron las puertas y se mezclaban con los presos comunes, entre quienes estaban los asaltantes del Banco Nación. “Ellos tenían buenísima comida y eran generosos”, aseguró.
Tras el secuestro, sus otras dos hermanas hicieron numerosas gestiones y presentaciones judiciales y en algún momento las fue a ver gente que dijo pertenecer a la embajada de Paraguaya.
Y dijo que entre esas personas vino un hombre “creo que es el mismo general que ya falleció, que cayó en una avioneta (….) era el general Oviedo, el que cayó con el avión”, afirmó sin dudar.
Las hermanas Ibarra habían elegido la Argentina para dejar atrás la dictadura de Alfredo Stroessner “en busca de una vida mejor”.
Después del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la trasladaron de Olmos a Villa Devoto. De esos días recuerda las visitas de su mamá. “No faltó un solo día de visita”, aseguró y volvió a angustiara. A esta altura de su declaración, ya lucía cansada.
“De Devoto me llevaron al aeropuerto y ahí estaban mis hijos esperándome y ahí fue muy triste”, recordó. Y quiso rendir un homenaje a su hermana menor y a su mamá, ambas fallecidas. El 3 de febrero de 1979 llegó a Suecia con sus hijos.
Su hermana “se encuentra tan mal que no puede declarar. Por eso más que nada yo me animé y dije que sí, que iba a declarar, que iba a contar todo lo que he visto”, sostuvo haciendo un enorme esfuerzo emocional.
El abogado Augusto Garrido, perteneciente al estudio de abogados Cúneo Libarona, y defensor del imputado Enrique Barre, intentó confundirla preguntándole cómo supo que había estado en el Pozo de Banfield. La auxiliar fiscal Ana Oberlin y el presidente del Tribunal, Ricardo Basílico frenaron esa actitud agresiva hacia una sobreviviente del genocidio que agradeció luego que el caso suyo y de su hermana esté presente en este juicio.
“Le agradezco mucho que quieran intervenir en este caso. Me robaron una gran parte de mi vida y eso es lo que más me duele (…). Y nada más, señor presidente, le agradezco mucho. Es la primera vez que se conectan queriendo saber algo de lo que ha sucedido”, a su familia, afirmó Isabel Ibarra, cuyas palabras hacen pensar que debe haber miles, miles de casos de víctimas del terrorismo de Estado aún ignorados por la justicia.
Pablo Estévez en busca de su primo o prima
Pablo Estévez tenía apenas días de vida cuando su papá José María Estévez fue secuestrado en la casa de sus abuelos maternos Horacio Gardelia y Lidia Gardelia, en Haedo, partido de Morón el 5 de mayo de 1977, según pudo reconstruir a partir de “diferentes conversaciones” que tuvo con personas presentes en ese momento, algunos escritos familiares, algo que le contó su mamá, Lidia, ya fallecida, y compañeros de su padre a los que conoció muchos años después.
“Mi papá se encuentra desaparecido, José María Estévez, también mi tío, Gabriel María Estévez y su compañera, María de las Mercedes Funes, con quien se había casado en 1976”, aseguró antes de iniciar su relato.
“Se presentaron entre 6 y 8 personas diciendo que eran de las fuerzas conjuntas, pidiendo documentos, comentando que estaban haciendo una requisa en la zona.
Revisando diferente documentación encontraron documentos del auto de mis viejos, preguntaron de quién era el auto, le pidieron a mi papá que los acompañe hasta el auto que estaba en una cochera a dos cuadras (…) El auto, un Citroen amarillo, no funcionaba en ese momento (según contó el sereno de la cochera) desde ese lugar se fueron con mi papá y ya no lo volvimos a ver”, explicó.
Su otro tío paterno, Luis María Estévez, le contó que antes de venir a la casa de sus abuelos maternos, la patota fue a la casa de Domingo Estévez y Elena Cravino, sus abuelos paternos que vivían a dos cuadras.
Su papá estudiaba agronomía en la localidad de Uribelarrea (cerca de Cañuelas) y luego fue a la UBA. “Tuvo una militancia en la JUP y además militaba en Montoneros. Sus apodos eran “Perú” y “Cuca”, según sus compañeros de militancia. Además trabajaba en la CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) en la sede de Ezeiza”, precisó.
Y dijo que pudo reconstruir la historia de su papá al participar, ya de más grande, de diversos actos y homenajes en la Facultad y en la CONEA.
Entonces mostró una foto a color muy gastada de su papá con él en brazos, un día soleado. “La tengo guardada con mucho cariño porque la imagen se la va llevando el tiempo de a poco, así que la digitalicé y la tengo guardada”, reiteró. Más tarde, Basílico le pidió que envíe la foto digital al Tribunal para integrarla a la causa.
Respecto de su tío Gabriel, precisó que fue secuestrado junto a su esposa, Mercedes Funes, el 22 de agosto de 1977. “Desapareció en la casa de mis abuelos paternos” donde el operativo fue de día por parte de 6 a 8 personas.
Gabriela también estudiaba agronomía y ella Trabajo Social en la Universidad Católica. Participaban en un grupo católico de base en el barrio Carlos Gardel de Palomar.
Gabriel Estévez era al parecer delegado en la General Motors.
Conversar con su mamá sobre la desaparición de su papá siempre fue difícil. En 2011 se mudaron a Capital, quizá para hacer un cierre. Recordó una “única conversación centrada en la desaparición de mi papá. Al inicio de la charla se puso a llorar muy profundamente y me dijo que los milicos le habían arruinado la vida”. Ya no quiso insistir.
Sin embargo en algunas charlas, su mamá le contó que Mercedes le había dicho días antes del secuestro que “estaba con un atraso importante. Que creía que estaba embarazada. Ellos estaban buscando quedar embarazados”, aseguró Pablo Estévez que sigue buscando a su primo o prima.
Dijo al Tribunal que supo que su tío había estado en cautiverio en Banfield por el testimonio de una sobreviviente, pero que no tiene información sobre el derrotero de su padre, de quién supo que había comprado un terreno en Banfield justamente para proyectar ahí su vida y la de su incipiente familia allá por el 77.
“Valoro que los juicios sigan adelante, no sólo por la búsqueda de justicia (…) sino también en relación a la posibilidad de seguir construyendo las historias de quienes reivindicamos la vida de los militantes de aquella época. Valoro los juicios como una posibilidad de justicia en muchos sentidos”, sostuvo.
La persecución de la Bonaerense contra el colectivo LGTBQ
En línea con la declaración como testigo de contexto del experto académico Flavio Rapisardi, esta semana prestaron testimonio la profesora e investigadora Ana Cecilia Solari Paz, quien desde 2012 trabaja con el archivo en la Comisión por la Memoria (CPM) y más específicamente con el material del área de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Solari Paz presentó al Tribunal parte de una investigación que realizó para la Maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y que tiene como objetivo “analizar las prácticas de persecución, represión y vigilancia hacia las disidencias sexo-genéricas durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica”.
Para ello utilizó como fuente a la policía bonaerense y al archivo del área de inteligencia que abarca desde 1956 hasta 1998. Otra documentación que utilizó para su trabajo de investigación provino de Prefectura, de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y del archivo histórico de la Suprema Corte de Justicia provincial.
Según se desprende de esa documentación “la misión de la policía (era) el mantenimiento del orden público (que) incluía el mantenimiento de la moralidad en función de estereotipos de la masculinidad en las calles y dentro de la institución policial”, indicó.
“Esto se observa en reglamentaciones de la policía, en convenios con otras policías (donde) se ve la sistematicidad a través de los códigos de faltas y cursos de capacitación”, entre otros.
Solari Paz afirmó que “esa documentación muestra la imposición de la heterosexualidad cis obligatoria” (es decir la coincidencia de su identidad de género y su sexo al nacer).
De acuerdo a sus investigaciones, “en los años 60 y 70 se observa un recrudecimiento de la persecución y vigilancia”. A partir de 1973 se deja de usar el código contravencional vigente desde 1957 y se instaura un nuevo código de faltas “contra la moralidad pública y las buenas costumbres y se pena al homosexual (…) y las prácticas viciosas de homosexuales (que estarán) vigentes hasta el año 2000”.
Según varias fichas y documentos que mostró al Tribunal, los términos con los cuales la policía se refería a integrantes de la comunidad LGTBQ eran entonces “amoral”, “pederasta”, “mujer hombruna”, “marimacho”, “maricón” y “afeminado”.
Para ilustrar el grado de sistematicidad en la persecución, represión y vigilancia de esta comunidad, la especialista explicó que tras el golpe se reestructura el organigrama de la Policía de forma tal que “el registro de las disidencias sexo genéricas las llevaba adelante la dirección de seguridad y la dirección de investigaciones (…) en tres niveles”.
“A nivel jurisdiccional lo hacían las comisarías y las brigadas; a nivel regional se registraba en las unidades regionales y a nivel provincial está la oficina de moralidad y la dirección de asuntos judiciales”, puntualizó.
Los operativos “eran programados y de ejecución diaria”, aseguró y todos estos niveles de control “debían tener actualizados los datos de los individuos de “dudosa moralidad”, tal era la expresión utilizada.
Cristian Oscar Prieto Carrasco, declaró luego como segundo testigo de contexto de la audiencia de esta semana. Además de periodista egresado en la UNLP, Carrasco es activista LGBTQ y trabaja en esta temática en la CPM desde hace 15 años.
Hijo de militantes chilenos exiliados en Bahía Blanca, Carrasco comenzó a investigar en 2010 sobre lo ocurrido con homosexuales, lesbianas y travestis durante la dictadura, poniendo el foco en el análisis de la ex Dirección de Inteligencia de la Bonaerense.
“Hasta ese momento no se habían hecho investigaciones respecto de las marcas de la persecución hacia en comunidad homosexual (…) Encontramos cientos de legajos que daban cuenta de esta persecución”, antes, durante y después de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, precisó.
Carrasco concluyó su declaración con la consigna en voz alta “¡30.400 compañeres detenidos-desaparecidos, presente!”
El imputado Jaime Lamont Smart siguió parte de la audiencia de forma virtual.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús, conocida como “El Infierno”, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013 De los 18 imputados iniciales, sólo quedan 12, incluyendo a Horacio Luis Castillo, imputado agregado en esta etapa del debate oral y público. Desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, fallecieron seis imputados, entre éstos Miguel Ángel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.
Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia de Covid-19, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semi-presenciales.
Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El Tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
La próxima audiencia (semi-presencial), en formato virtual, se realizará el martes 18 de abril a las 8.30 horas.
Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.
