Antonio “Tony” Jesús, Carlos Ernesto “El Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, estos últimos dos en la sala, se negaron el lunes a prestar declaración indagatoria ante el TOF Nº 1 de La Plata en presencia de su presidente Jorge Gorini. No obstante mientras respondían preguntas burocráticas del magistrado, aprovecharon para lanzar “provocaciones”, victimizarse y declarar que tienen “muchos” problemas de salud.
Por Gabriela Calotti
“Por el momento no pienso declarar”, respondió Antonio Agustín “Tony” Jesús al juez Gorini tras preguntarle si iba a declarar, luego de contestar una serie de preguntas de rigor. Jesús cumple detención domiciliaria por asuntos de salud en su casa en Villa Elisa.
Al detallarlos al magistrado vía zoom, dijo que le sacaron un riñón, y que en estos días tiene previsto que lo vea su “nefrólogo, el urólogo y… el oncólogo”, recordó al final de su respuesta a poco de iniciarse la quinta audiencia de este segundo juicio contra estos tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU, banda paraestatal armada de ultraderecha peronista).
Jesús nació el 4 de julio de 1951 en la ciudad de La Plata. Dijo que es jubilado de la provincia de Buenos Aires. Al parecer reticente terminó contestando al juez los lugares en los que había trabajado. “En la cámara de Diputados de la provincia entre 1983 y 2011”. ¿Y antes?, preguntó Gorini. “Antes en la Junta electoral y en el Hipódromo de La Plata”, respondió. Ahí se escucharon comentarios entre el público presente, en su mayoría familiares de víctimas de la CNU, que desde dos años antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y hasta abril de ese año, sembró la violencia política en La Plata y asesinó a unas 70 personas, en su mayoría militantes estudiantiles y gremiales.
En este juicio se tratan sólo 13 casos. Nueve de las víctimas fueron asesinadas por la CNU al cabo de allanamientos sumamente violentos en zonas liberadas de los que participaron los tres imputados.
Las víctimas, estudiantes con militancia política y/o actividad gremial en sus trabajos, que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas son: Jorge Rosendo Ruda, Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz, Daniel Rayson Midon, Carlos Alberto Sathicq, Horacio Salvador Urrera, Leonardo Miceli, Graciela Herminia Martini, y Néstor Hugo Dinotto. Las otras víctimas secuestradas y sometidas a tormentos son Walter Fabián Martini, Elia Zanata, Daniel Pastorino y Adelaida Ursula Barón.
Justamente entre las víctimas de la CNU figuran trabajadores del Hipódromo local como Luisa Marta Córica, que además era estudiante en la UNLP. Fue nombrada en voz alta durante esta quinta audiencia del juicio que comenzó el 23 de febrero pasado ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, que componen además María Gabriela López Iñiguez, Roberto Fernando Minguillón y Ricardo Basílico como cuarto juez.
Según el acta de acusación, Jesús es considerado coautor penalmente responsable por los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o mas personas, privación ilegal de la libertad, violación de domicilio, robo agravado cometido con armas y daños en concurso real en perjuicio de Elia Zanata, Walter Fabián Martini, Graciela Martini, Néstor Hugo Dinotto, Adelaida Ursula Barón y Daniel Hugo Pastorino.
Precisó que entre 1976 y 1980 estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria Nº9 de La Plata. Allí también estuvieron en esos mismos años Castillo y Pomares, que fueron juzgados en un primer juicio en 2017 contra la CNU en La Plata. Castillo fue condenado a perpetua en aquel entonces y Pomares absuelto. La Cámara de Casación reclamó dos veces una nueva condena contra éste, que finalmente fue detenido hace unos años por el juez Ernesto Kreplak por nuevos casos que llegaron a este debate oral y público.
Minutos después de las 10 hs ingresaron a la sala Castillo y Pomares, que cumplen detención en la UP Nº 34 de Campo de Mayo, custodiados por tres agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Pomares reivindicó su militancia
El primero en sentarse frente al Tribunal fue Pomares, vestido con camisa celeste y vaquero. Se negó a responder en el marco de la indagatoria. “Me voy a negar. No voy a contestar preguntas”, sostuvo.
Antes, aprovechó algunos tramos de sus respuestas a la preguntas obligatorias que debe hacer el juez para subir el tono de su voz y exclamar “¡soy peronista militante!” y agradecer “a mi defensa por defender la verdad, ¡la única verdad!”, afirmó. El magistrado le reiteró que respondiera sólo a las preguntas que le estaba haciendo.
Pomares nació en La Plata el 20 de octubre de 1954. Sobre su actividad laboral dijo que “todas” fueron “administrativas”, como haber sido secretario del bloque peronista del Senado bonaerense entre 1983 y 1987 y director general de urbanización de la Municipalidad de La Plata hasta 1997.
Respecto de sus antecedentes penales se declaró “detenido-desaparecido entre 1976 y 1980”, generando comentarios de rechazo en la sala. “Fui castigado y puesto preso en los buzones de la U9”, afirmó Pomares, que había sido detenido por “asociación ilícita”. Según diversas fuentes tanto él como Castillo cumplieron funciones de inteligencia para la policía bonaerense durante su detención en esa cárcel platense.
En este juicio Pomares es considerado coautor penalmente responsable por los mismos delitos que Jesús y Castillo, en su caso en perjuicio de Elia Zanata, Walter Martini, Leonardo Guillermo Miceli, Horacio Salvador Urrera y Carlos Alberto Sathicq.
“Sufro estrés postraumático (…) por haber sido absuelto en esta misma sala y luego detenido” otra vez, dijo y reclamó a Gorini porque sus “problemas (ndlr: de salud) no son convenientemente atendidos”. A sus espaldas en las primeras filas de bancos de madera de la sala de audiencias, se veían fotos de los tres imputados con la leyenda “genocida”. En los asientos posteriores estaban ubicados una veintena de familiares de víctimas de la CNU, en particular de la denominada “Masacre de La Plata”.
Castillo denunció su “persecusión constante en democracia”
Presente también en la sala junto a su abogada, Castillo fue el último en sentarse frente al Tribunal.
Según la acusación, Castillo es considerado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o mas personas, privación ilegal de la libertad, violación de domicilio, robo agravado cometido con armas y daños en concurso real en perjuicio de Jorge Rosendo Ruda, Ricardo Arturo Rave, Alcides Méndez Paz, Daniel Rayson Midon, Elia Zanata, Walter Fabián Martini, Horacio Salvador Urrera y Carlos Alberto Sathicq.
“No, no”, se limitó a responder cuando el juez Gorini le preguntó si prestaría declaración indagatoria.
Castillo nació el 30 de noviembre de 1952 en La Plata. Preguntado sobre su actividad laboral dijo que la desarrolló en “otro país” como mecánico. “Nunca trabajé en Argentina”, afirmó. “Me fui a fines de los 90”, dijo. Se sabe que Castillo se instaló en Paraguay.
Castillo, conocido como “El Indio” y señalado por familiares y sobrevivientes como el que comandaba la banda en sus operativos, le dijo al juez que fue “fundador del MODIN” y secretario parlamentario.
Respecto de sus antecedentes penales dijo que estuvo a disposicion del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) entre el 29 de abril de 1976 y noviembre de 1979 en la UP Nº9. Precisó que sufrió “persecusión constante durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín y en democracia” y le reclamó al magistrado que está “detenido con preventiva desde 2011”.
Olvidó mencionar que en 2017 fue condenado a prisión perpetua al cabo del primer juicio contra la CNU platense por secuestros, tormentos y asesinatos.
“Era lo que se esperaba (que se negaran a responder preguntas sobre las acusaciones en este juicio). Aunque es un paso necesario para seguir con el proceso de juzgamiento”, indicó al término de la audiencia la letrada Verónica Bogliano, Directora de Querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Consultada por las frases exclamatorias de Pomares y Castillo, sostuvo que “buscan cualquier momento para provocar. Es una constante”.
Junto a ella por la subsecretaría estuvo la abogada Luisina Gallo. También asistieron la letrada Guadalupe Godoy por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Rodrigo Cano por la querella particular de las familias Rave y Urrera; y Pía Garralda por el colectivo Justicia Ya. Los letrados Ana Oberlin y Juan Martin Nogueira asistieron como fiscales auxiliares por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
También estuvieron tres abogados de los imputados: la defensora oficial de Castillo, Natalia Caprarulo; y los defensores de Pomares, Christian Romano y Juan Domingo Pesquera.
La próxima audiencia está prevista para el lunes 20 de abril a las 9.30 hs para comenzar con la presentación de testigos, que serán al menos 60 entre sobrevivientes y familiares de víctimas de la CNU.
Al grito de “asesinos”, “hijos de puta” y “cagones”, fueron despedidos los imputados por el público presente en la sala cuando eran retirados por efectivos del SPF. “Como a los nazis les va a pasar, adónde vayan los iremos a buscar”, exclamaron luego del grito colectivo por los “¡30.000 detenidos desaparecidos, Presentes, ahora y siempre!”.
La CNU era una organización de ultraderecha paraestatal militarizada jerárquica y vertical. “Su modus operandi consistía en secuestros en zonas liberadas, torturas, ejecuciones sumarias y detonación de explosivos sobre los cuerpos”, al amparo de la Triple A, la policía y las Fuerzas Armadas, precisaron las querellas en las anteriores audiencias.
La denominada “Masacre de La Plata” tuvo lugar el 4 de septiembre de 1975 cuando cinco militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) se dirigían ala Petroquímica Sudamericana a llevar dinero recaudado para los trabajadores en huelga. Pero nunca llegaron. Fueron interceptados por el grupo armado paraestatal. Sus cuerpos aparecieron en el camino a La Balandra, al fondo de Berisso, donde la CNU, brazo universitario de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) solían dejar los cuerpos acribillados de sus víctimas. Los cinco militantes asesinados son Roberto Loscertales, Adriana Zaldúa, Ana María Guzner, Lidia Cristina Agostini y Hugo Frigerio. Otros tres militantes del PST fueron secuestrados al día siguiente y asesinados: se trata de Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie.
Las audiencias de este segundo juicio contra la CNU platense, serán mixtas, es decir presenciales y virtuales. Son transmitidas en directo por los canales de Youtube del Poder Judicial (https://www.youtube.com/@pjn-videoconferencias); por la página web del Centro de Información Judicial (CIJ) (www.cij.gob.ar) ; y por el canal de Youtube de La Retaguardia TV, único medio de comunicación que desde hace años transmite en directo juicios por delitos de lesa humanidad (https://www.youtube.com/user/laretaguardia).