En esta oportunidad declararon María Ester Alonso Morales y Raúl Alberto Marciano.
Lesa Humanidad.
En el marco del juicio oral y público que investiga los delitos perpetrados en los ex Centros Clandestinos de Detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno de Avellaneda, el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata tomó declaración a dos testigos.
En primer lugar declaró Maria Ester Alonso Morales quien nació en cautiverio junto con su hermana melliza. Su padre, Jacinto Alonso Saborido fue asesinado en un enfrentamiento y su madre, Rosa Delfina Rosales, fue secuestrada estando embarazada.
La testigo relató al tribunal las circusnstancias en que murió su padre: “el 7 de octubre de 1974 varios militantes del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) atacaron a Jaime Gimeno cuando salía de su domicilio, comenzó un tiroteo y el hijo de Gimeno disparó desde el primer piso de su casa hiriendo a varios militantes del ERP provocándoles mas tarde el fallecimiento, mi padre murió en este hecho”
A continuación la testigo dio cuenta ante el tribunal sobre cómo ocurrió el secuestro de su madre el 13 de noviembre de 1974. La policía entró a su casa cerca de las 21 horas y Rosa Delfina Rosales fue trasladada a la comisaría de Bernal donde estuvo secuestrada entre el 13 y el 16 de noviembre.
María Ester Alonso Morales, explicó que a su madre la llevaron a una oficina, la interrogaron mediante tortura, le hicieron un simulacro de fusilamiento e intentaron que firmara un documento para que entregara voluntariamente a su bebe “Ella se negó y la amenazaron diciéndole que no iba a sobrevivir para ver crecer a sus hijas”.
Rosa Delfina Rosales dió a luz a el 17 de noviembre de 1974: “los hijos que nacíamos en esas condiciones éramos botines de guerra” explicó la testigo. Finalmete fue trasladada a la cárcel de Olmos y en enero de 1976, junto con María Segunda Casado, son liberadas. Luego la madre de la testigo fue expulsada a Perú.
Finalmente Rosales volvió de manera clandestina al país para rencontrarse con sus hijas que habían quedado al cuidado de una compañera que fue secuestrada. Su madre comenzó a buscarlas porque no sabía con quién habían quedado sus hijas y las encontró con una familia en La Plata que se resistía entregárselas.
A continuación, el tribunal tomó declaración a Raúl Alberto Marciano quien estuvo desaparecido durante un mes. El testigo fue secuestrado junto a su esposa, Eva Raquel Orifici, el 29 de marzo 1976 por un grupo de personas de civil y encapuchadas que ingresaron a su casa en la localidad bonaerence de Del Viso donde los vendaron, los ataron y se los llevaron en un vehículo.
El testigo relató que primero fue llevado a la Comisaría 1° de Escobar y luego lo trasladaron a la zona Zarate-Campana y al barco ARA Murature: “allí fue prácticamente un infierno, había compañeros en ese lugar, colchones mojados. Fuimos sometidos a torturas y hubo abusos contra las compañeras detenidas” explicó Marciano.
Finalmente fue trasladado al Pozo de Banfield, donde estuvo 6 o 7 días: “fui interrogado por medio de golpes sobre cuestiones de carácter político-ideológicas y todas las noches se escuchaban las sesiones de tortura”, concluyó Marciano.
El testigo explicó al tribunal que fue trasladado al penal de Sierra Chica donde estuvo 3 años detenido, luego a La Plata y finalmente a la cárcel de Caseros hasta 1982, fecha en la que recuperó la lbertad.
Los hechos que se juzgan
El juicio por los pozos de Banfield y Quilmes unifica una serie de causas, la primera de ellas elevada a juicio hace ocho años. Se trata de dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar.
En el caso de El Infierno se investigará la responsabilidad de cuatro policías de la Provincia de Buenos Aires y un civil por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, hechos incluidos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ex CCDyT “El Infierno” ubicado en Avellaneda.
El Tribunal Oral Federal N 1 de La Plata está conformado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervienen Hernán Shapiro, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira.
A través de la Dirección de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad y Leyes Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Provincia es querellante en este debate en el que se investigará la responsabilidad de los imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores.
La Dirección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad acompaña a las víctimas y familiares en este juicio.
