Continúan las audiencias testimoniales por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el ex Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo.
Lesa Humanidad
En una nueva audiencia del Juicio Unificado Campo de Mayo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín continuó con las declaraciones testimoniales. En esta oportunidad declararon Graciela Burian, Patricia Bernardi y Guillermo Muñiz.
En primer lugar declaró Graciela Burian, quien ingresó a trabajar en la empresa Dálmine Siderca en 1970 y fue delegada gremial entre 1974 y 1975. La testigo explicó al tribunal que fue la primera delegada mujer de la empresa y que no fue fácil: “Recibía demasiadas presiones y amenazas”.
En su declaración Burian expresó que todos los días recibían la noticia de que se habían llevado a alguien, ella fue secustrada el 11 de noviembre de 1975 en la casa de sus padres por un grupo de militares. Luego fue trasladada junto a su hermana menor de edad, en un camión con otros detenidos, hasta la Policía Caminera de Campaña: “Había gente atada y los ojos cubiertos”, explicó.
Luego la testigo fue trasladada a la Brigada de San Justo donde fue interrogada: ” El que dirigía la tortura hablaba de una forma muy profesional, con un vocabulario muy cuidado, marcando las partes del cuerpo donde me aplicaban picana eléctrica”. Pasados cinco días Patricia Bernardi fue trasladada a San Fernando permaneciendo secuestrada allí por otros cinco días y posteriormente fue alojada en la Cárcel de Olmos de La Plata. Finalmente la testigo recibió refugio en Naciones Unidas, salió expulsada de Argentina por decreto del Poder Ejecutivo Nacional a Suecia, donde reside desde aquel entonces.
A continuación el tribunal tomó declaración a Patricia Bernardi, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La testigo dio cuenta de las tareas que desarrolla el EAAF: “Es una asociación civil sin fines de lucro, independiente, de carácter científico que aplica la ciencia en las cuestiones de violación a los derechos humanos. Hay médicos, biólogos, genetistas, antropólogos, informáticos, entre otros. Los objetivos son aplicar la ciencia forense en la investigación de los DDHH, exhumar y restituir los restos de las personas desaparecidas”.
Bernardi expresó que en 1996 Oscar Tomanelli se acercó al EEAF para pedir que el equipo participe en la exhumación de lo que él creía se trataba del cadáver de su hermano, desaprecido en 1976. Los cuerpos, que estaban enterrados como NN en el Cementerio de Escobar tenían heridas de bala en el cráneo y se encontraban carbonizados, explicó la perito: “Encontramos proyetiles asociados a esos cuerpos que estaban incompletos por estar expuestos al fuego, se recuperaron anillos, una prótesis dental y un clavo quirúrgico”. Bernardi finalizó su testimonio explicando que uno de los esqueletos encontrados fue idetificado por ADN como José Tomanelli, secuestrado el 26 de marzo de 1976 en Campana.
Finalmente testificó Guillermo Muñiz, dio cuenta de las circustacias en las que su hermano Eduardo fue secuestrado y desaparecido: “El 23 de octubre de 1976 llegué a mi casa avanzada la noche, me encuentro con mis padres y me informan que un grupo de personas se había llevado a Eduardo”. Su padre le explicó que un grupo de policías de civil, así se identificaron, ingresó a su domicilio, revisaron la casa y se quedaron esperando a Eduardo que llegó 15 minutos después: “Le pusieron una capucha y se lo llevaron, no tuvimos más noticias”, explicó.
El testigo expresó que al día siguiente se pusieron en contacto con la rectora del Colegio Nacional Vicente López y comentó que durante la semana había ido gente que le preguntaban por distintos chicos, para charlar con ellos. “En ese momento fuimos a la comisaría de Vicente López, acompañé a mi padre los primeros días, para hacer la denuncia y tener algún tipo de averiguación.No querían tomar la denuncia, fue realmente muchas veces”, concluyó Muñiz.
Las audiencias de este juicio se realizan todos los días miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín en donde son juzgados 22 imputados por cometer crímenes de lesa humanidad contra 323 víctimas. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires es querellante en este juicio.
