El médico Omar Di Napoli fue absuelto y se dispuso su inmediata libertad, ya que el tribunal, en función del beneficio de la duda, entendió que la prueba existente en la causa no fue suficiente para declarar su culpabilidad.
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Base Naval Zarate.
El lunes 7 de septiembre a las 16 horas, en forma virtual y con la presencia de todas la partes, el Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín condenó a 18 y 22 años de prisión a Santiago Omar Riveros y Jorge Bernardo respectivamente, por crímenes de lesa humanidad.
La Subsecretaria de Derechos Humanos apelará la absolución a Edgardo Omar Di Napoli luego de conocer los fundamentos del veredicto que serán presentados por el tribunal el 2 de noviembre por entender que sí existen pruebas suficientes para condenar a Di Napoli.
El debate comenzó en agosto de 2019, investigó la responsabilidad de los imputados por crímenes cometidos contra 20 víctimas en el Arsenal Naval Zárate, en el barco “ARA Murature” y en Campana, se investigaron delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones.
Tanto Riveros como Bernardo fueron condenados por abuso sexual, delito que fue considerado como autónomo de las torturas y tormentos.
El absuelto Omar Edgardo Di Napoli se desempañaba como médico ayudante del consultorio en el Arsenal Naval de Zarate y llegó al debate oral acusado de auscultar y revisar a lxs detenidxs para indicarles a los torturadores si debían abstenerse o continuar con las torturas.
Jorge Bernardo, Capitán Navío (R.E.) e Ingeniero en Sistemas de Armas fue Segundo Jefe del Arsenal Naval de Zárate, recibió la pena más alta, y junto con Riveros, ex jefe de la Zona IV y ya condenado en otros juicios, seguirá cumpliendo prisión domiciliaria.
El Tribunal Oral federal de San Martín está integrado por Daniel Alberto Cisneros, Walter Antonio Venditti y Eduardo Farah, en representación del Ministerio Público Fiscal Pablo Parenti e Iván Polaco (auxiliar fiscal). A su vez, intervienen las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y el Dr. Pablo Llonto como querellante particular.