El médico Omar Di Napoli fue absuelto y se dispuso su inmediata libertad, ya que el tribunal, en función del beneficio de la duda, entendió que la prueba existente en la causa no fue suficiente para declarar su culpabilidad.
Base Naval Zarate.
El lunes 7 de septiembre a las 16 horas, en forma virtual y con la presencia de todas la partes, el Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín condenó a 18 y 22 años de prisión a Santiago Omar Riveros y Jorge Bernardo respectivamente, por crímenes de lesa humanidad.
La Subsecretaria de Derechos Humanos apelará la absolución a Edgardo Omar Di Napoli luego de conocer los fundamentos del veredicto que serán presentados por el tribunal el 2 de noviembre por entender que sí existen pruebas suficientes para condenar a Di Napoli.
El debate comenzó en agosto de 2019, investigó la responsabilidad de los imputados por crímenes cometidos contra 20 víctimas en el Arsenal Naval Zárate, en el barco “ARA Murature” y en Campana, se investigaron delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones.
Tanto Riveros como Bernardo fueron condenados por abuso sexual, delito que fue considerado como autónomo de las torturas y tormentos.
El absuelto Omar Edgardo Di Napoli se desempañaba como médico ayudante del consultorio en el Arsenal Naval de Zarate y llegó al debate oral acusado de auscultar y revisar a lxs detenidxs para indicarles a los torturadores si debían abstenerse o continuar con las torturas.
Jorge Bernardo, Capitán Navío (R.E.) e Ingeniero en Sistemas de Armas fue Segundo Jefe del Arsenal Naval de Zárate, recibió la pena más alta, y junto con Riveros, ex jefe de la Zona IV y ya condenado en otros juicios, seguirá cumpliendo prisión domiciliaria.
El Tribunal Oral federal de San Martín está integrado por Daniel Alberto Cisneros, Walter Antonio Venditti y Eduardo Farah, en representación del Ministerio Público Fiscal Pablo Parenti e Iván Polaco (auxiliar fiscal). A su vez, intervienen las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y el Dr. Pablo Llonto como querellante particular.
