El secuestro y asesinato brutal de 8 militantes del PST en septiembre de 1975 en La Plata, expuso otra vez la violencia política desatada por la CNU en el juicio que se reanudó el lunes ante el TOF Nº1.
Por Gabriela Calotti
En esta audiencia del lunes 3 de agosto del juicio de lesa humanidad, declararon como testigos los militantes Nora Zaldúa y Manuel Martínez.
“Mi hermana tenía 79 balazos. No puedo olvidar el rictus y la bronca que tenía en esos labios por la situación que habrán vivido”, afirmó Nora Zaldúa, tratando de mantener la firmeza de su voz al declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata al referirse a Adriana, una de sus tres hermanas y una de los ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) secuestrados y asesinados acribillados entre el 4 y el 5 de septiembre de 1975 en La Plata.
“Una vez que supimos lo que pasó en ese momento, nos pusimos todos en alerta para denunciar los hechos”, agregó Nora, también militante del PST y presidenta de la Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, que aunque estas ocho víctimas no son caso en este segundo juicio contra la Concentración Nacional Universitaria (CNU), banda paraestatal de ultraderecha peronista a la que se le atribuyen más de 70 asesinatos en esta ciudad y alrededores en los años previos al golpe cívico-militar del 24 marzo de 1976 e inclusive hasta fines de abril de ese año, sirven para contextualizar el clima de violencia política que esa organización ultraviolenta sembró en la región.
Adriana tenía 22 años y estudiaba arquitectura en la UNLP, había sido testigo sobre cómo la patota de la CNU, conocida en La Plata por la militancia estudiantil de entonces, intentaba romper asambleas y actos eleccionarios en su facultad. Las hermanas Zaldúa, Adriana, pero también Nora de 25 años, Susana de 28 años (fallecida el 4 de junio de 2021) y Graciela de 31 años entonces, habían sido amenazadas en un contexto de creciente violencia política por parte de los “fachos” platenses, como eran denominados los integrantes de la CNU, brazo universitario de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) fundada por José López Rega, policía y ministro de Bienestar Social entre 1973 y 1975.
“La noche del 4 de septiembre del 75 Hugo Frigerio manejando un Gordini, Lidia Agostini, Adriana Zaldúa, Roberto Loscertales y Ana María Guzner se dirigían a la fabrica Petroquímica Sudamericana -hoy Mafisa- que estaba en huelga. Los trabajadores habían tomado la fábrica y pedían por sus salarios y condiciones de trabajo. Y era común que desde nuestra organización y en nuestra organización, estudiantes y trabajadores nos solidarizábamos ante las luchas obreras y lleváramos lo recaudado en las facultades y distintos lugares de trabajo para esa lucha que estaba llevando adelante”, contó Nora, interrogada por la abogada Guadalupe Godoy, en nombre de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
“En el camino son interceptados. Tenemos una versión de que pasaron por Robos y Hurtos, y eso condice con que cuando encuentran los cadáveres estaban muy golpeados, sobre todo Roberto Loscertales. Fueron interceptados y después de este episodio que pudo haber sido de 55 entre 13 y 14, aparecen los 5 cadáveres en La Balandra (nldr: Berisso) totalmente acribillados”, precisó en el marco de la audiencia número 16 de este juicio oral y público que comenzó el 23 de febrero de este año.
“Mi hermana tenía 79 balazos. No puedo olvidar el rictus y la bronca que tenía en esos labios por la situación que habrán vivido”, sostuvo Nora bajando apenas la mirada para contener la angustia.
Entonces un grupo de compañeros se dirigió al local partidario que funcionaba en la calle 54 entre 8 y 9 y al ministerio de Obras Públicas, donde trabajaban Hugo y Adriana, donde los trabajadores decidieron paralizar las actividades.
Mientras tanto desde el PST local se organizaban grupos de militantes para volantear acerca de lo sucedido. Al día siguiente, Patricia Claverie, de 19 años, oriunda de Bahía Blanca y estudiante en Ciencias Naturales, Ricardo “Ricky” Povedano, oriundo de General Roca, estudiante en Ciencias Económicas y delegado en el Ministerio de Trabajo Social, y Oscar Lucatti, también trabajador en Obras Públicas, fueron a repartir volantes a 8 y 54. “Son interceptados por unos coches…en ese momento llamó la atención que la patente terminaba en 077 y luego se descubre que eran coches robados. Atrás de ellos venía mi otra hermana Graciela con otro compañero, que se salvan de que no los secuestren porque a él se le habían desatado los cordones”.
Los cuerpos maniatados y asesinados “con infinidad de balazos” de estos tres militantes fueron hallados en el paraje rural de Poblet, a unos 25 km de La Plata.
“En ese momento nos preparamos porque la situación era crítica y se hablaba de que podía haber mas casos”, explicó Nora Zaldúa antes de relatar que esa noche se quedó en la casa de su madre y que el otro día los vecinos les dijeron “que se veían coches que paraban y seguían. Y ellos, como nos conocían de toda la vida, dejaron prendidas todas las luces. Es un hecho de solidaridad que recordaremos toda la vida”.
Fue su hermana Graciela quien se trasladó a La Balandra para tratar de recuperar los cuerpos de las cinco víctimas. “El que la reconoce que era policía, porque en la Universidad también había infiltrados policías, y le dice ‘ no te conviene ver el cuerpo’. Y no lo vio. Vio las fotos. La llamaron de 1 y 60, de 12 y 60. Y se discutió si se hacía o no el velatorio. Porque la ciudad de La Plata estaba amenazada en ese momento por las bandas fascistas que pululaban”, aseguró Nora, detrás de la cual se veían las fotografías en blanco y negro de las ocho víctimas, pegadas en uno de los bancos de madera de la sala.
Adriana fue velada a cajón abierto.
Roberto Loscertales se había recibido de Ingeniero y era dirigente estudiantil del PST. Poco antes había sido despedido de Astilleros Río Santiago, y le habían allanado la casa. Hugo Frigerio, además de trabajar en Obras Públicas era delegado ante la CGT, declarado “persona non grata” por esa central obrera. Lidia Agostini se había recibido hacía poco de odontóloga, Ana María Guzner había sido cesanteada como bibliotecaria en la facultad de Ciencias Económicas una vez que asume como ministro de Educación de la Nación en 1974 Oscar Ivanisevich.
Tras los asesinatos varios dirigentes y el apoderado legal del PST, Enrique Broquen, fueron a la Gobernación bonaerense para denunciar lo ocurrido. “No los atiende nadie. Aparece un secretario de cuarta”, contó Nora Zaldúa. Los mismo cuando fueron a la Jefatura de Policía. “No tuvimos ninguna respuesta de las autoridades sobre lo que había pasado”, sostuvo.
Interrogada sobre amenazas y hechos violentos contra el PST y sus militantes en los años previos, Nora Zaldúa recordó que ya en 1971, en una pared al lado de su casa, había aparecido una pintada que decía “Zaldúas, troskas putas” y que ese mismo año, luego de la presentación pública de la CNU en Mar del Plata en presencia de José Ignacio Rucci, dirigente de la ortodoxia sindical al frente de la entonces poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la estudiante Silvia Filler era asesinada en la facultad de Arquitectura de esa ciudad balnearia.
Relató que meses después del regreso del general Juan Domingo Perón al país el 20 de junio de 1973 -cuando se produjo la llamada “Masacre de Ezeiza”, el PJ firmaba un “documento reservado” que “daba instrucciones para perseguir a las infilitraciones marxistas dentro del movimiento”. “Eso no pasó solo para la Tendencia Peronista, sino que se amplió a todo el país”, afirmó.
Para ilustrar también el clima violento de la época recordó que ese año se produjo el “primer atentado público de la Triple A” donde resultó herido el conocido abogado radical Hipólito Solari Yrigoyen. Meses más tarde, en 1974, en la zona de General Pacheco, nordeste de Buenos Aires, asesinan a varios militantes del PST. En su homenaje participaron distintas organizaciones y habló el abogado Rodolfo Ortega Peña, recordó. “Dijo algo que me quedó grabado: ‘hoy fueron estos tres, mañana puedo ser yo”, sostuvo. Ortega Peña, abogado defensor de derechos humanos, fue asesinado el 31 de julio de 1974.
Ese año, un local del PST ubicado en la calle 3 y diagonal 77 fue baleado primero, y después se le colocó una bomba que lo destruyó. El 8 de octubre de 1974 los trabajadores no docentes y funcionarios de la UNLP, Rodolfo Achem y Carlos Miguel, eran asesinados por la CNU, cuando salían del local de ATULP en calle 44.
En aquellos meses había una importante tarea de coordinación entre organizaciones de La Plata, Berisso y Ensenada y se producían importantes movilizaciones populares, recordó. Y el 5 de septiembre de 1975, se había producido la movilización de los estudiantes secundarios frente al ministerio de Obras Públicas, para reclamar, entre otros, por el boleto secundario, contó al Tribunal.
Nora Zaldúa mencionó igualmente las amenazas seguidas de su asesinato de Carlos de la Riva, por ejemplo. De Carlos Scafide y de Salvador De Laturi “cuyos cuerpos fueron dinamitados”.
Sobre cómo siguió su vida después, Nora Zaldúa aseguró que “seguimos nuestra vida en otros lados” y la “militancia de forma clandestina”. Aseguró que “en el velatorio de Adriana prometimos buscar justicia y luego algunos nos constituimos en una Comisión por Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata impulsada por mi hermana Susana”.
“Nuestro objetivo es que todas las causas signifiquen, porque todas tienen un mismo modus operandi. Nuestro objetivo es que se abran los archivos del 74 al 83. Nuestro objetivo es que el Estado se haga responsable de estos asesinatos. Porque no se ha hecho responsable. No solamente no se ha hecho responsable sino que hay mucha desmemoria”, afirmó, y cuestionó que a una calle de la ciudad de La Plata “se le haya puesto el nombre de José Ignacio Rucci con participación del gobierno actual”.
“Es volver a asesinar a nuestros propios compañeros. Es volver a asesinar a los 1800, 2000 compañeros que mataron en ese periodo y a los 80 de La Plata. Estamos atentos a todos eso”, enfatizó, antes de cuestionar el hecho de que “María Estela Martínez de Perón nunca rindió cuentas por lo que ocurrió en este país”.
“Bregamos por los compañeros asesinados en ese periodo y por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. ¡Que haya justicia”, exclamó, antes de que los aplausos de la sala cerrara su testimonio.
Manuel Martínez, militante y testigo
“Me voy a referir a circunstancias trágicas que vivimos en septiembre de 1975. Yo tenía 22 años. Ahora tengo 73. Han pasado mas de 51 años y sin embargo conservo la memoria aquellos acontecimientos tremendos para la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores (PST)”, dijo Manuel Martínez dirigiéndose a la jueza López Iñiguez.
Relató entonces lo ocurrido la noche del 4 de septiembre de 1975 cuando 5 de los militantes iban a llevar una “colecta para el fondo de huelga” que se estaba llevando a cabo en la Petroquímica Sudamericana pues el PST “tenía una participación en esa huelga ya que algunos de sus militantes trabajaban allí”.
El asesinato de estos compañeros “significó para nosotros un golpe enorme que sacudió el ambiente político que se vivía en La Plata que era extremadamente violento ese año”.
Fueron entonces convocados por el Partido (…) “y a mí me tocó una responsabilidad que nunca voy a olvidar porque me afectó seriamente. Fue organizar grupos de militantes para que salieran a recorrer distintos puntos de la ciudad, ya sea lugares de trabajo o en la facultad para difundir lo que había pasado”.
“Yo organicé el primer grupo formado por 5 compañeros y compañeras que iban en dirección al ministerio de Obras Públicas porque allí trabajaba Hugo Frigerio, que era un dirigente muy reconocido y también Adriana Zaldúa. Salieron por 54 y cuando llegan a la esquina son secuestrados en un auto. Tres de ellos. Los otros dos volvieron aterrorizados”. Horas después los cadáveres de los primeros tres aparecieron fusilados y maltratados en la zona sur de La Plata, precisó.
Al definir a la CNU dijo que “era un grupo de choque que consideraba que todos eran subversivos y que había que aplastar” y como ejemplo de resistencia mencionó a Adriana Zaldúa en la facultad de Arquitectura. “Estaba marcada porque además por un problema de género los fachos no podían soportar la entereza y valentía que tenía Adriana en sus actos”, aseguró.
Martínez describió a cada uno de las ocho víctimas del PST asesinadas en esos días.
“A mí personalmente me tocó despedir el féretro de Adriana y yo soporté el momento más difícil en mi vida militante”, dijo antes de que se le quebrara la voz. “Tenía una relación muy estrecha. Nosotros coordinábamos el trabajo universitario y con su compañero de entonces Marcelo Perez Roig, posteriormente desaparecido, logramos una construcción política en un momento tan intenso como el que se vivía en ese momento en el país.
Martínez explicó que aquella masacre no se produjo como “un hecho aislado. Se produce como parte de una escalada de violencia que había arrancado el año anterior con la Triple A que tenía sus lazos con la CNU y con la Policía Bonaerense. Y refirió un serie de acontecimientos populares y políticos que venían marcando esos meses.
“El año 75 fue un año clave: fue el año de la gran huelga de Villa Constitución, fue el año del Rodrigazo, fue el año de una gran huelga general contra el gobierno de Isabel Perón, fue un año en el cual el proceso político social tenía una fuerza enorme. Fue el año en el que se expulsó del gobierno a López Rega, a Rodrigo, aunque la situación no se modificó a favor de los trabajadores. Era un contexto de violencia muy evidente”, sostuvo antes de mencionar asesinatos que “estas bandas parapoliciales” perpetraron en La Plata y que cifró en “84/85”.
Aseguró que “había distintas organizaciones que tenían debates políticos y programáticos y también enfrentamientos. Había un conjunto de organizaciones que en determinadas circunstancias y movilizaciones trabajábamos en conjunto. En 1975 la lucha contra la intervención universitaria fue una acción común”, citó como ejemplo.
Interrogado acerca de si los integrantes de la CNU eran estudiantes en la facultad de Arquitectura, Martínez respondió: “algunos sí y otros no. Aparecían de manera patotera, no todos eran estudiantes. Traían gente de barra brava” y aseguró que la Facultad de Humanidades “también se produjo un hecho parecido” al de arquitectura, antes de recordar que Carlos “Disandro, ideólogo de la CNU tenía una cátedra” allí.
Tras “La Masacre de La Plata” “en mi caso y otros compañeros, salimos de La Plata (…) porque estábamos marcados”. Preguntado por la jueza acerca de si aquellos asesinatos tuvieron alguna reivinciación dijo: “No, no conozco”.
No obstante aseguró que “la ciudad estaba en manos de estas bandas. El poder político no estaba presente cuando fuimos a reclamar a la gobernación por los ocho asesinatos”.
“Eran militantes que luchaban por una sociedad sin explotación y sin alienación. Y quiero revindicar la militancia en un momento tan difícil como el que estamos viviendo”, concluyó Martínez, antes de que su declaración fuera cerrada por aplausos de los presentes al grito de “Presentes” para las víctimas de La Masacre de La Plata y de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.
Lamentablemente la causa por “La Masacre de La Plata” nunca avanzó en la justicia, pero ahora este Tribunal cuenta con la lista concreta de víctimas del PST de los días 4 y 5 de septiembre de 1975. El asesinato de los 8 militantes del PST refleja el modus operandi de la CNU que actuaba con una brutalidad extrema, en zonas liberadas por la policía bonaerense y el Ejército, y abandonaba los cuerpos de sus víctimas en lugares públicos en su mayoría alejados de la ciudad, como caminos, arroyos, descampados o la vera del Río de La Plata.
Después de dos meses con una sola audiencia, la jueza presente en la sala, Gabriela López Iñiguez, indicó que la fecha de la próxima instancia testimonial será comunicada en los próximos días. Los jueces Jorge Gorini y Fernando Minguillón siguieron la audiencia de forma virtual.
De forma presencial estuvieron la auxiliar fiscal Ana Oberlín, las abogadas Verónica Bogliano por la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la letrada Guadalupe Godoy por la Liga. Vía zoom asistieron los letrados Camila Gerini por la Subsecretaría mencionada y Pablo Llonto como querellante particular en nombre de las familias Rave y Urrera.
Las víctimas de secuestro y/o asesinato que llegaron a este juicio son: Jorge Rosendo Ruda, Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz, Daniel Rayson Midon, Carlos Alberto Sathicq, Horacio Salvador Urrera, Leonardo Miceli, Graciela Herminia Martini, y Néstor Hugo Dinotto. Las otras víctimas secuestradas y sometidas a tormentos son Walter Fabián Martini, Elia Zanata, Daniel Pastorino y Adelaida Ursula Barón. De estos 13 casos, 9 víctimas fueron asesinadas.
Los imputados en este juicio son tres activos miembros de la CNU: Carlos Ernesto “el Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares -detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 34 de Campo de Mayo – y Antonio Agustín “Tony” Jesús, que cumple domiciliaria en Villa Elisa. Los tres siguieron la audiencia por zoom, al igual que sus abogados defensores, Juan Domingo Pesquera, Natalia Caprarulo y Fernando Castejón.
A principios de julio, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó, dispuso la prisión preventiva y el arresto domiciliario de Jacek Piechocki, alias “el polaco”, identificado como otro de los responsables de la patota de la CNU que la madrugada del 24 de diciembre de 1975 irrumpió en el domicilio de la familia Rave en La Plata. Allí secuestró a Ricardo Arturo “Patulo” Rave, conocido militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de 19 años, cuyo cadáver acribillado apareció colgado en el Puente de Fierro en las afueras de La Plata. Según numerosos testimonios esa patota estaba liderada por Carlos “El Indio” Castillo.
Las audiencias de este segundo juicio contra la CNU platense, serán mixtas, es decir presenciales y virtuales. Son transmitidas en directo por los canales de Youtube del Poder Judicial (https://www.youtube.com/@pjn-videoconferencias); por la página web del Centro de Información Judicial (CIJ) (www.cij.gob.ar); y por el canal de Youtube de La Retaguardia TV, único medio de comunicación que desde hace años transmite en directo juicios por delitos de lesa humanidad (https://www.youtube.com/user/laretaguardia).