Las inspecciones se realizaron sin la presencia de medios de comunicación y prensa de la Subsecretaría de DDHH, pese a que varios de las y los trabajadores se encontraban acreditados.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca inició esta mañana una inspección judicial en un predio del Ejército Argentino y en el lugar donde funcionó un centro clandestino de detención, en el marco de una medida complementaria en el marco del juicio de la megacausa “Zona V”, por crímenes contra más de 300 víctimas.
La inspección, que comenzó sin la presencia de los medios de comunicación -pese a que varios trabajadores de prensa se encontraban acreditados- comenzó a las 9.30 en la sede del Batallón de Comunicaciones del Ejército, ubicado en la intersección de las calles Cuyo y Payró de esta ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.
Esta medida de instrucción complementaria cuenta con la participación de los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido; de los abogados de los imputados y los representante del Ministerio Público Fiscal.
Asistieron representantes de las querellas de HIJOS de Bahía Blanca; de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, y varias de las víctimas y testigos que declararon en el debate de esta causa.
Además, se sumaron a esta pesquisa tres exconscriptos que, al momento de los hechos que se investigan, cumplían el Servicio Militar en esta unidad militar y hasta uno de los imputados, según confirmaron fuentes judiciales.
Los voceros indicaron que, en el marco de la inspección, se recorrerán los edificios del Batallón de Comunicaciones 181, donde permanecieron en cautiverio alrededor de 80 víctimas y cuyos casos se analizan en el juicio.
Se indicó además que también se visitará el lugar donde funcionó “La Escuelita”, un ex centro clandestino de detención donde fueron mantenidas bajo secuestro unas 150 víctimas.
Alejandra García, quien representan a la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, calificó como “inaudito” lo tomado por el Tribunal en cuanto las medidas dispuestas.
“La verdad que es inaudito que la prensa haya quedado afuera y un imputado con un montón de víctimas y testigos esté en medio de esta inspección. En ningún juicio ha ocurrido esto”, agregó al comentar que, tanto desde la Subsecretaría como desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca se pidió que no ocurriera, pero que “el Tribunal no hizo lugar” a este requerimiento.
García manifestó que “en este juicio, como en tantos otros” de lo que se está hablando es de delitos de lesa humanidad y, en ese marco se preguntó porqué “la prensa” no puede estar presente, cuando “visibilizar las situaciones es parte de este tipo de juicios y de la lucha de los organismos”.
“Estamos tratando de encontrar la verdad sobre un montón de personas que tras 47 años, aún no se sabe. En este juicio hay más 368 víctimas de las cuales unas 200 por primera vez lograron testimoniar”, afirmó.
Al ser consultada sobre el lugar donde funcionó el centro clandestino “La Escuelita” dijo que “es la primera vez” que iba “a conocerla” y agregó que “fue un centro clandestino muy cruento y se copió del modelo de Tucumán”.
Entre las víctimas se encontraban Julio Lede, y César Horacio González, quienes participaron de las inspecciones junto a profesionales del Equipo de Acompañamiento en Juicios de la Subsecretaría de DDHH bonaerense.
En este juicio oral se investigan las responsabilidades de 38 imputados exintegrantes del V Cuerpo del Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181 y la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén.
También se juzga a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía Bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº4 de Bahía Blanca.
