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Lesa humanidad: Inició el juicio contra Néstor Montezanti en Bahía Blanca

El expresidente de la Cámara Federal de Apelaciones comenzó a ser juzgado por su participación en la Triple A y por intimidación pública durante la toma armada de la Universidad Tecnológica Nacional en 1974.

Día 1 del Juicio Montezanti/Triple A

La Subsecretaría de DDHH de la Provincia es querellante en el debate se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 y se pronostica que finalice en marzo 2027.

Néstor Luis Montezanti, juez en funciones hasta 2016, deberá responder ante la Justicia por su presunta vinculación con la Triple A y por intimidación pública en la UTN Regional Bahía Blanca. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el exmagistrado habría colaborado con tareas de identificación y señalamiento de personas consideradas opositoras.

La primera jornada del debate se desarrolló en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, ubicada en Lavalle y Chiclana, y marcó el inicio de un demorado juicio que lo investiga por asociación ilícita, en calidad de autor, e intimidación pública, como coautor en concurso real. Vale recordar que Montezanti fue imputado en 2015, declarado en rebeldía, indagado por primera vez en 2018 y procesado en 2020.

La acusación está a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, integrada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento, Paula Molini y equipo. La investigación sostiene que Montezanti habría mantenido vínculos con integrantes de la Triple A y participado en el dispositivo de persecución e intimidación contra sectores estudiantiles, políticos y sindicales de Bahía Blanca, que posteriormente podían convertirse en objetivos de la organización parapolicial.

La investigación también reconstruyó sus vínculos con referentes de aquella estructura, entre ellos Rodolfo Ponce, entonces diputado nacional y dirigente sindical, y Remus Tetu, quien había sido interventor de la Universidad Nacional del Sur.

La defensa del exjuez la lleva adelante el abogado Gustavo Marcelo Rodríguez, aunque Montezanti, quien fuera Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 de Bahía Blanca entre 1980 y 1982, asumirá su propia defensa y tendrá la posibilidad de interrogar a testigos durante el debate oral. En la primera audiencia de debate, el imputado se negó a declarar.

El tribunal está integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, quien ofició de presidente de manera presencial junto a Facundo Zapiola, y Roberto Fernando Minguillón quien participó de manera telemática.

Exposición de la Fiscalía

El Ministerio Público realizó una síntesis de la requisitoria, adaptada a la modalidad de la audiencia y del proceso. Tanto el Fiscal Miguel Palazzani como el auxiliar Pablo Fermento hicieron hincapié en la necesidad de recordar el contexto histórico de los hechos, un elemento distintivo en los delitos de lesa humanidad.

“Los acontecimientos delictivos que aquí se abordan corresponden a un período histórico preciso: los dos años inmediatamente anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”, remarcó Palazzani.

“En ese período ya se desplegaba un programa político de terrorismo de Estado que continuó durante la dictadura. Consistió en la persecución sistemática desde la órbita estatal, con la actuación de grupos paraestatales a los que el Estado proporcionaba respaldo”.

“Fue característica la forma en que se cometieron los crímenes: con alevosía, ensañamiento y exposición pública. Esos elementos tenían como finalidad intimidar a los grupos opositores, identificados como enemigos. Cualquier persona o grupo que se opusiera o cuestionara el proceso de intervención institucional que se estaba llevando a cabo pasaba a ser considerado enemigo o subversivo. Esto incluía a cualquier docente o estudiante universitario”.

La teoría del caso del Ministerio Público

Fermento se explayó sobre la teoría del caso de la Fiscalía y reconstruyó el contexto de la toma armada de la UTN de calle 11 de abril 461. Señaló que, en aquel momento, la facultad se encontraba tomada, el decano estaba privado de su libertad y había una convocatoria de estudiantes en la vereda. Frente a ellos, un grupo de hombres exhibía armas cortas y largas, en una clara actitud intimidatoria, mientras invitaba a ingresar al establecimiento.

El hecho ocurrió el 26 de agosto de 1974. Según la acusación, Montezanti participó mediante señas y gestos de provocación dirigidos a los estudiantes. El fiscal auxiliar también expresó:

“Esto lo decimos máxime cuando los hechos que se le atribuyen ahora debieron ser juzgados anteriormente, porque forman parte de ese encuadre fáctico. Si no fue así, esto se debe a las contingencias propias del proceso, que son de dominio público y que incluyen también la rebeldía frente a las reiteradas citaciones a prestar declaración, que determinaron que transcurrieran tres años entre la imputación y la audiencia indagatoria”.

La Fiscalía sostuvo que acreditará durante el debate, mediante prueba documental, los nexos del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones con distintos integrantes de la organización parapolicial y los aportes que, según la acusación, realizaba a ella. Entre los elementos que mencionó Fermento se encuentra la intervención de Montezanti en actuaciones judiciales que inició con el fin de impedir la realización de un juicio universitario que los estudiantes planeaban llevar adelante en su contra en agosto de 1973.

Los vínculos con integrantes de las estructuras de inteligencia

El Ministerio Público Fiscal mencionó los servicios de asesoramiento al Ejército que habría prestado Montezanti en 1978 y su posterior ingreso, durante 1980 y 1981, como Personal Civil de Inteligencia. Como dato relevante, señaló sus vínculos con dos protagonistas de aquella estructura: los oficiales José Osvaldo Riveiro y Carlos Guillermo Suárez Mason.

En ese sentido, el fiscal Fermento expresó:

“La asociación ilícita que integraba se encontraba precisamente dentro de la órbita del Destacamento 181, tal como se demostró en la causa Aceituno, y retomaremos ese aspecto en este juicio. También es un hecho notorio la actuación de Riveiro en tareas de infiltración y asesinato de opositores políticos en el período anterior al golpe de Estado. Según veremos, el propio Riveiro reconoce estos hechos en su legajo personal, que vamos a mostrar durante el debate”.

La Fiscalía también anticipó la declaración de un ciudadano que, según es de público conocimiento, afirma haber visto en el estudio jurídico del acusado, durante los primeros años de la recuperación democrática, un diploma colgado en la pared con la inscripción ‘Liga Anticomunista Argentina’ y la firma de Suárez Mason.

Según planteó el Ministerio Público Fiscal, más allá de las variaciones en las denominaciones (Alianza Anticomunista, Liga Anticomunista o Confederación Anticomunista), se trataba de colectivos que compartían integrantes, finalidades y alineamientos ideológicos, vinculados con la persecución y eliminación de quienes eran denominados izquierdistas.

La calificación de los hechos

En relación con el contexto histórico, la Fiscalía sostuvo que la comisión de los hechos descritos constituyó la aplicación de un plan criminal concebido y desplegado de manera sistemática y clandestina, cuya finalidad fue llevar adelante un ataque generalizado contra la sociedad civil, de conformidad con una política de Estado.

Por ese motivo, consideró que los hechos reúnen los elementos típicos de los delitos de lesa humanidad, siguiendo los parámetros señalados por la Corte Suprema así como las disposiciones de la Convención sobre los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad. La Fiscalía también anticipó que insistirá en la calificación de genocidio, vigente en el derecho interno a través del decreto ley 6286 de 1956, que ratificó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Fermento sostuvo que existe un reconocimiento unánime respecto del deber de realizar un análisis integral de la prueba, por lo que en otro tramo de su exposición y anticipó cuál podría ser la estrategia de la defensa durante el debate: “Entendemos que será una práctica de la defensa dirigir todos sus esfuerzos, en cada audiencia, en cada interrogatorio y luego al analizar la prueba en el alegato final, a atacar cada uno de estos hechos, cada una de estas vinculaciones y cada una de estas pruebas, intentando que sean interpretadas y valoradas de manera aislada, descontextualizada y desconectada del cuadro probatorio general”.

“De esta forma, buscará desvirtuar el peso del conjunto. Se trata de un método de crítica fragmentaria que los jueces ya conocen, sobre todo aquellos que han intervenido en juicios por delitos de lesa humanidad. Es una práctica común frente a hechos complejos y cometidos en la clandestinidad”.

La Fiscalía y las querellas buscarán probar algunos hechos relacionado con Néstor Montezanti, como por ejemplo la intervención de este en la toma armada de una universidad pública junto con integrantes de un grupo paraestatal, el asesoramiento jurídico a uno de los dos jefes de la organización criminal, la representación de otros dos integrantes y su elección como abogado por parte de un tercero, en relación con actos delictivos propios de la asociación ilícita, la capacidad para averiguar si un ciudadano figuraba en una lista estatal de perseguidos políticos, entre otros.

Finalmente, el Ministerio Público ratificó la acusación contra Néstor Montezanti como autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita y coautor del delito de intimidación pública, de acuerdo con los artículos 45, 55, 210 y 211 del Código Penal, texto según Ley 20.642.

Los delitos fueron calificados por la Fiscalía como delitos de lesa humanidad y genocidio.

Próximas audiencias

Se desarrollarán el 2, 9 y 16 de diciembre en el Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca y luego de la feria judicial de verano se retomará el 3 de febrero de 2027. El debate en Bahía Blanca se podrá seguir de manera presencial en Lavalle y Chiclana con presentación del DNI.