Con la audiencia número 49, realizada este viernes 9 de febrero, comenzó el 3er año del juicio por delitos de lesa humanidad del centro bonaerense.
Con más de 200 testimonios, 120 casos, casi 50 acusados, 9 centros clandestinos de detención y los penales de Nº 7 Azul y Nº 2 de Sierra Chica, entre olvidos, fallecimientos y enfermedades, crece la sensación de impunidad e injusticia.
El juicio se ha prolongado con la incorporación de nuevos tramos, sumando casos y acusados desde su inicio en 2022. Durante la sesión, se recibieron testimonios de dos de los tres previstos para la jornada. Se informó que la señora Nora Ester Puglissi, no se encontraba en condiciones de prestar declaración. Sin embargo, sí lo hicieron Juan Carlos López y Néstor Hugo Leira, este último testificando sobre la detención ilegal de su hermano.
Juan Carlos brindó un relato completo y profundamente conmovedor sobre los acontecimientos que lo convirtieron en víctima de la última dictadura, resaltando la especial hostilidad dirigida hacia los sindicalistas. En aquel tiempo, López desempeñaba el cargo de delegado sindical en la fábrica olavarriense Calera Avellaneda, donde, en febrero de 1977, él y sus colegas estaban luchando por mejoras en las condiciones laborales. López describió la situación laboral como inhumana: “Trabajábamos como animalitos”.
Fue detenido en su hogar, trasladado a la comisaría de Loma Negra, luego a la primera de Olavarría, y finalmente al penal de Azul, donde fue acusado de múltiples delitos. Allí sufrió maltratos inhumanos, hasta que, para ser liberado, “lo obligaron a firmar muchos papeles”, entre los cuales se encontraba la renuncia a su trabajo. López destacó que aprovecharon el contexto de sus reclamos para detenerlo, aunque nunca pudieron probar las acusaciones en su contra. La mancha judicial lo persiguió durante décadas, impidiéndole volver a trabajar en relación de dependencia y ocasionando problemas a toda su familia. Recordó a sus compañeros Moyano, Puglissi y Fernández, también víctimas cuyos casos están siendo juzgados en este proceso judicial.
Mientras Leira daba testimonio sobre el caso que involucra a su hermano, ya fallecido, Miguel Ángel detalló que este fue detenido en febrero de 2022 junto con otros trabajadores de Calera Avellaneda. Se enteró de la detención de su hermano a través de una comunicación de radiofrecuencia en su lugar de trabajo, donde formaba parte del “departamento de comunicaciones en Sierra Chica”. Dos días después, Leira lo visitó, siendo esta la única vez que pudo hacerlo. Aunque nunca conoció el motivo exacto de la detención, Miguel estuvo detenido durante 30 días, puede suponer que estuvo relacionado con temas sindicales. Solo pudo hablar del tema con él una sola vez, después de lo cual Miguel no quiso abordar más el tema.
Al finalizar las testimoniales tomó la palabra el defensor oficial Galán, quien solicitó celeridad en la decisión sobre el destino de su defendido, Julio Méndez, uno de los imputados civiles en este caso. Recordemos que a finales de noviembre de 2023 falleció Emilio, su hermano, también imputado en este proceso. El defensor oficial argumentó que Méndez ha permanecido en prisión preventiva durante muchos años y que este juicio se ha prolongado debido a la incorporación de tramos que no tienen relación con su implicación. Por lo tanto, pide que se agilice el proceso judicial en su caso.
Esto se suma a la muerte del exjefe de Personal del Área 121, Héctor Eduardo Bernadou, imputado en 34 causas, las cuales ahora pasarán a archivo. La sensación de injusticia se acrecienta cuando ya han pasado 48 años desde los hechos. La próxima audiencia será el 23 de febrero a partir de las 10:30 horas, con transmisión en las sedes de Unicen en Tandil, Azul y Olavarría. Se espera que den testimonio cuatro personas.
Nota realizada por Agencia Comunica / RU 90.1/ UNICEN en el marco del convenio entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN)
