EL CAMINO DE LA JUSTICIA
Bahía Blanca fue uno de los lugares donde la represión se instaló con gran fuerza durante la última dictadura cívico-militar. Las características particulares de la ciudad, con la presencia de importantes dependencias de las Fuerzas Armadas y la existencia de un monopolio informativo (La Nueva Provincia), que legitimó el discurso represivo, dificultaron las denuncias en sus inicios y, aún muchos años después del fin de la dictadura, hicieron que el proceso de búsqueda de verdad y justicia fuera complejo.
Sin embargo, Bahía Blanca se destacó por su resistencia inquebrantable. Familiares y compañeros de las personas detenidas-desaparecidas y asesinadas nunca se resignaron y, a pesar de la desigualdad de condiciones, recorrieron un largo camino enarbolando la memoria y la lucha por la verdad y la justicia.
Durante la dictadura, los familiares de las personas secuestradas en Bahía Blanca acudían al Comando del V Cuerpo de Ejército en busca de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, sin obtener ninguna información. Con el tiempo, comenzaron a organizarse para presentar en conjunto recursos de habeas corpus, que en su gran mayoría fueron sistemáticamente rechazados.
Muchos bahienses fueron secuestrados en la Capital Federal, el conurbano bonaerense y la ciudad de La Plata. Esto llevó a sus familiares a trasladarse a esas ciudades para reclamar, estableciendo contacto con organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la organización de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
La vuelta a la democracia y el Juicio a las Juntas
El 10 de diciembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, se puso fin a la dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Pocos días después, el gobierno sancionó el Decreto 158/83, que instaba al Poder Judicial a procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la Guerra de Malvinas en 1982.
El 22 de abril de 1985 comenzó el histórico Juicio a las Juntas Militares. Durante el proceso, declarado oral y público, testificaron 833 personas, entre ellas sobrevivientes de centros clandestinos de detención, familiares de víctimas y represores. El 9 de diciembre se dictó sentencia: Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Viola, a 17 años de prisión; Armando Lambruschini, a 8 años; y Orlando Ramón Agosti, a 4 años. La condena a las juntas militares por parte de un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, diferenciándose de los procesos de transición ocurridos en otros países de América Latina.
El 31 de agosto de 1985 se formalizó la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca, que ya venía funcionando de manera informal desde 1983 y tuvo un papel fundamental en la conformación de la delegación local de la CONADEP. Las Madres, Padres y Familiares de desaparecidos y asesinados en Bahía Blanca se agruparon en torno a la APDH para organizar su lucha.
CREACIÓN DE LA CONADEP E INFORME “NUNCA MÁS”
El 10 de diciembre de 1983, el Dr. Raúl Alfonsín asumió la Presidencia de la Nación, marcando el regreso de la democracia en Argentina. Ante esta nueva etapa, surgió la necesidad de investigar los crímenes cometidos durante el accionar del Terrorismo de Estado. Con este objetivo, el 15 de diciembre de 1983, mediante el Decreto 187/83, se creó la Comisión Na cional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Para llevar adelante su labor, la CONADEP estableció seis delegaciones en distintos puntos del país: Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Resistencia (Chaco) y Bahía Blanca. La delegación de Bahía Blanca comenzó a funcionar el 21 de mayo de 1984, conformada por personas con trayectoria en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos, así como representantes de partidos políticos e instituciones de la sociedad civil. Entre sus integrantes, todos hombres, se encontraban: Juan Pedro Tunessi, José Luis Malet, Oreste Eduardo Retta, Albano Nocent, Ernesto Alfredo Malisia (APDH), Osvaldo Meloni, Lázaro Aleksoski (familiar de víctimas), Felipe Omar Brianti, Roberto Garaygordobil y Serafín Groppa.
El 11 de julio de 1984, miembros de la comisión, junto con sobrevivientes, realizaron inspecciones oculares en los terrenos donde operaron el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) del Co mando del V Cuerpo de Ejército y el CCDTyE conocido como “La Escuelita”. Durante estas inspecciones, se constató que algunas de las edificaciones utilizadas con fines represivos habían sido demolidas. Sin embargo, los sobrevivientes lograron identificar restos de estructuras, arboledas, materiales constructivos de los edificios demolidos y otros objetos aún presentes en el lugar.
El 20 de septiembre de 1984, la CONADEP entregó al presidente Raúl Alfonsín el emblemático informe Nunca Más, que documentaba un listado de víctimas del Terrorismo de Estado y describía el funcionamiento de numerosos CCDTyE. En la presentación participaron miembros de todas las delegaciones del país. Por la delegación de Bahía Blanca, estuvo presente Ernesto Malisia.
EL COMIENZO Y EL FIN DE LA IMPUNIDAD
A medida que avanzaban los procesos judiciales contra los responsables de crímenes de lesa humanidad, sectores de las Fuerzas Armadas comenzaron a ejercer presión sobre el gobierno. En respuesta, el 24 de diciembre de 1986, el presidente Raúl Alfonsín promulgó la Ley 23.492, conocida como Ley de Punto Final, que estableció un plazo de 60 días para procesar a los imputados por delitos de lesa humanidad, paralizando cualquier nueva acción judicial una vez vencido ese tiempo.
Esta ley fue resistida en todo el país, con multitudinarias marchas encabezadas por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y diversas organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, las presiones militares continuaron. Luego del levantamiento carapintada de Semana Santa en 1987, el gobierno promovió la Ley 23.521, conocida como Ley de Obediencia Debida, que eximió de responsabilidad penal a la mayoría de los represores bajo el argumento de que habían actuado bajo órdenes superiores.
En 1990, el presidente Carlos Menem concedió el indulto a los condenados por crímenes de lesa humanidad con el pretexto de “pacificar” y fomentar la “reconciliación nacional”. De esta manera, junto con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se consolidó un período de impunidad que solo fue resistido gracias a la lucha inclaudicable de los familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos.
En 1995 surgió la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), con presencia en todo el país y también en Bahía Blanca. En octubre de ese año, se realizó el primer congreso nacional de la organización, donde se definieron sus objetivos y formas de acción. Una de sus estrategias más reconocidas fue el escrache, una forma de denuncia pública para señalar a los represores que, amparados por las leyes de impunidad, permanecían en libertad. Su consigna fue: “Si no hay justicia, hay escrache”.
En 2003, a pocos meses de asumir la presidencia, Néstor Kirchner respaldó el proyecto de la diputada Patricia Walsh para anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En septiembre de ese año se sancionó la Ley 25.779, que declaró su nulidad. A partir de entonces, se impulsó una serie de políticas públicas para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la reparación de las víctimas y la promoción de la memoria, la verdad y la justicia. Desde la reapertura de los juicios en 2006, en Bahía Blanca se llevaron adelante numerosas causas contra represores de la región, marcando hitos en la lucha contra la impunidad y reafirmando el compromiso con la memoria colectiva.
LOS JUICIOS POR LA VERDAD
Los Juicios por la Verdad fueron procesos judiciales sin consecuencias penales, surgidos en contextos de impunidad, que tuvieron como objetivo averiguar qué sucedió con las personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) y determinar quiénes fueron los responsables de los crímenes.
Estos juicios sin efectos penales surgieron a raíz de una presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, realizada en 1998, y pocos años después se desarrollaron juicios de igual naturaleza en Bahía Blanca, Capital Federal, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Misiones, Salta y Jujuy.
En septiembre de 1999 los abogados de la delegación Neuquén y Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, junto a familiares de desaparecidos presentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca un escrito solicitando la apertura de investigaciones en el marco de la causa 11/86 que se caratuló como “Causa 11 Presentación de APDH de Neuquén – Bahía Blanca y otros en la causa N° 11/86 reclamando saber el destino de los desaparecidos y de las criaturas nacidas en cautiverio”. Pocos días después de la presentación, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca dio curso favorable a esta petición invocando como marco jurídico para su decisión la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por medio de una resolución, el tribunal reconoció el “derecho a conocer el modo en que sus familiares fueron objeto de la represión ilegal vigente en el período comprendido entre los años 1976 y 1983 y las circunstancias relacionadas con su desaparición y eventualmente el destino final de los cuerpos”.
En el año 1986, los integrantes de la Cámara Federal de Bahía Blanca Luis Cotter, Ignacio Larraza por mayoría y con el impulso del fiscal Hugo Cañón, declaran INCONSTITUCIONAL la ley de obediencia debida. A finales del mismo año se conforma judicialmente la CAUSA 11/86. Esta causa que abarca casos de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén se configuró como la BASE y SUSTENTO del resto de las investigaciones que se dieron hasta el presente.
La primera audiencia del Juicio por la Verdad de Bahía Blanca se realizó el día 22 de noviembre de 1999. Con un tribunal integrado por los jueces Luis Alberto Cotter, Ricardo Planes, Augusto Fernández y Ángel Argañaraz, con la presencia del fiscal federal general Hugo Cañón, la abogada por la querella Dra. Mirtha Mántaras y el defensor oficial subrogante Luis Angel Devaux.
El Juicio por la Verdad de Bahía Blanca permitió que, por primera vez desde la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que miembros de las Fuerzas Armadas, algunos de ellos aún en actividad, declaren en un juicio sobre el destino de los desaparecidos.
Además de su objeto específico, los Juicios por la Verdad representaron una relevante fuente de pruebas para los procesos penales por terroris mo de Estado que se sustanciaron en distintas jurisdicciones en años posteriores.
EL JUICIO
El día 25 de Noviembre del año 2015 el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, leyó la sentencia de la causa 1103, caratulada “Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros” conocida simplemente como la “Causa Armada”.
En el juicio, que comenzó el 8 de julio del año 2014, se juzgaron los crímenes ordenados por la cúpula de la Armada contra 66 víctimas, perpetrados en el crucero ARA 9 de Julio, amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo de Ejército.
Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en distintos Centros Clandestinos Detención y Torturas.
La primera audiencia del Juicio por la Verdad de Bahía Blanca se realizó el día 22 de noviembre de 1999. Con un tribunal integrado por los jueces Luis Alberto Cotter, Ricardo Planes, Augusto Fernández y Ángel Argañaraz, con la presencia del fiscal federal general Hugo Cañón, la abogada por la querella Dra. Mirtha Mántaras y el defensor oficial subrogante Luis Angel Devaux.
El Juicio por la Verdad de Bahía Blanca permitió que, por primera vez desde la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que miembros de las Fuerzas Armadas, algunos de ellos aún en actividad, declaren en un juicio sobre el destino de los desaparecidos.
Además de su objeto específico, los Juicios por la Verdad representaron una relevante fuente de pruebas para los procesos penales por terroris mo de Estado que se sustanciaron en distintas jurisdicciones en años posteriores.
En este juicio se investigó por primera vez a los miembros de la Armada en Bahía Blanca y, por otra parte, la primera vez en el país en que miembros de esta fuerza son condenados por delitos contra la integridad sexual. Es importante destacar que en este juicio se hizo lugar al pedido de los fiscales, donde requirieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado por el diario La Nueva Provincia, conocido por sus campañas de acción psicológica, co laboración y encubrimiento de los crímenes cometidos durante el accio nar del Terrorismo de Estado en la región.
Este fue el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la ciudad de Bahía Blanca. Los dos primeros juzgaron delitos cometidos bajo la órbita del Comando V del Ejército. La causa Armada, presentó más dificultades que el juzgamiento de las causas anteriores llevadas adelante en la región, ya que la investigación se encontraba separada desde su origen con el motivo de que todos los jueces de instrucción se excusaban de investigar a los imputados por tener vínculos familiares, de amistad o laboral con alguno de los integrantes de la Armada Argentina. Por ese motivo, lo concerniente al Ejército, avanzó con más contundencia y lo de Armada quedó paralizado por muchos años.
Este proceso judicial probó la activa participación de la Prefectura Naval en la ejecución del plan criminal que llevó adelante secuestros, allanamientos y traslados de víctimas de manera coordinada con el resto de las fuerzas. Además se probó que “realizó un activo aporte de tareas de Inteligencia” (textual sentencia Fracassi). Además en este proceso judicial el Tribunal corrobora que en el predio donde se encontraba emplazada la Prefectura sede Ingeniero White funcionó como Centro Clandestino de Detención.
LOS CONDENADOS
- Ex oficial Lawless Alejandro / 8 años de prisión
- Ex coronel Stricker Carlos Andres / Prisión perpetua
- Ex capitán de navío Núñez Edmundo Oscar / Prisión perpetua
- Ex vicealmirante Fracassi Eduardo René / Prisión perpetua
- Ex capitán de navío De León Enrique / Prisión perpetua
- Ex suboficial Ayala Felipe / Prisión perpetua
- Ex prefecto Martínez Loydi Francisco Manuel / Prisión perpetua
- Ex capitán de navío Pazos Gerardo Alberto / Prisión perpetua
- Ex teniente coronel González Chipont Guillermo Julio / Prisión perpetua
- Ex jefe de la Unidad Penal N°4 Selaya Héctor Luis / 8 años de prisión
- Ex capitán de fragata Ripa José Luis / Prisión perpetua
- Ex capitán de navío Maloberti Leandro Marcelo / Prisión perpetua
- Ex capitán de corbeta Pons Luis Alberto Pablo / Prisión perpetua
- Ex prefecto Bustos Luis Angel / Prisión perpetua
- Ex prefecto Nougués Néstor Alberto / Prisión perpetua
- Ex capitán de navío Castro Oscar Alfredo / Prisión perpetua
- Ex prefecto Pila Pedro Alberto / 8 años de prisión
- Ex suboficial del Ejército Domínguez Raúl Artemio / Prisión perpetua
- Ex teniente coronel Otero Raul Oscar / Prisión perpetua
- Ex capitán de navío Carrizo Tomás Hermógenes / Prisión perpetua
- Ex comisario mayor Fogelman Víctor Oscar / 8 años de prisión
- Suboficial mayor del Ejército Aguirre Víctor Raúl / Prisión perpetua
