La Subsecretaría busca incluir como víctimas a familiares y niños presentes en operativos represivos.
En la audiencia 56 del juicio por los hechos ocurridos en 1 y 60 y la comisaría 8va de La Plata, la Subsecretaría de Derechos Humanos representada por Verónica Bogliano, Luisina Gallo y Julia Moras comenzó adhiriendo a la ampliación de requerimiento de indagatoria a los imputados expuesto por la fiscalía en la audiencia anterior. El pasado 3 de abril, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había presentado su ampliación en la voz del fiscal general Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martin Nogueira.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso, hace casi dos años aborda lo sucedido en estos lugares que fueron parte del denominado “Circuito Camps”, tal como se conoce al sistema de represión implementado en La Plata y en la zona sur del Conurbano bonaerense bajo la jefatura policial del fallecido coronel Ramón Camps.
Asimismo se solicitó que la ampliación de la acusación de los hechos que tuvieron como víctima a Martín Elvio Trincheri. De acuerdo a las pruebas presentadas en el juicio Comisaría 5° de La Plata, y que la querella solicitó su incorporación, Martín Trincheri declaró que fue secuestrado el día 5 de marzo de 1976 cuando tenía 19 años en el marco del denominado operativo rastrillo en la pensión en la que vivía, en la calle 26 entre 64 y 65. Ese día un grupo de hombres entró a la pensión, revisó todo, lo encapucharon y lo secuestraron junto con otro muchacho. Fue trasladado en un Ford Falcon verde a la Comisaría 8va. de La Plata, donde fue interrogado, torturado, golpeado y sometido a simulacros de fusilamiento.
Pero el punto central de la ampliación de la Subsecretaría estuvo destinado a un planteo novedoso que marca un cambio de paradigma, subrayando que deben ser considerados víctimas no solo quienes fueron secuestrados y llevados a centros clandestinos, sino también sus familiares y allegados presentes durante los operativos.
Se explicó que estos procedimientos represivos, a menudo violentos, nocturnos, sin orden judicial y ejecutados por grupos armados no identificados, constituyeron una privación ilegítima de la libertad para todos los presente. Se señaló que esta violencia sobre el entorno familiar era una táctica deliberadamente planificada para sembrar el terror como mecanismo de control social. Esta violencia mencionada encuentra respaldo en amplia jurisprudencia nacional e internacional y en el informe el Nunca Más.
En este sentido, la querella se ocupó de señalar que todos los hechos que han salido a la luz durante el desarrollo del debate y que configuran violaciones a los derechos humanos deben ser objeto de investigación exhaustiva y, en caso de corresponder, sancionados con la mayor celeridad y firmeza que impone el deber estatal de garantizar verdad, justicia y reparación.
Enumera algunos de los casos mencionados en la presentación para ilustrar la solicitud, destacando la presencia de familiares y a menudo niños pequeños durante los operativos.
CASOS
Por mencionar algunos, se identifico a los padres y hermanos menores de Federico Antonio Amuchastegui, presentes durante su secuestro en abril de 1976; Gustavo Hernán Rojas (3 años) y su abuela, presentes cuando su padre fue secuestrado en marzo de 1976;los padres de Luis Farina, presentes durante el operativo en su domicilio en abril de 1976, donde también estaban su esposa y otro compañero (víctimas ya incluidas en el juicio); la madre y los hijos (de 8 y 7 años) de Cristina Cecilia Scattolini, presentes durante su secuestro en abril de 1976; los padres y la hermana menor (10 años) de Lilian Denise y Elba Beatriz Picciola, presentes durante su detención en abril de 1976; Oscar Antonio Valenti y Dolores Rufina Palleti, padres de Daniel Oscar Valenti, golpeados durante el operativo en su casa en marzo de 1976, Adela Portela y su sobrina (1 año y medio), presentes durante el operativo donde su hermana y madre de la niña, María del Rosario Portela, fue secuestrada y desaparecida en mayo de 1976; Luciana Pérez Catan (1 año), su tío (17 años), abuelos, presentes durante el secuestro de Patricia Pérez Catan en enero de 1977; la esposa y las hijas (una de 5-7 años) de Juan Carlos San Leandro, presentes durante su secuestro en julio de 1976; Liliana y Marina Bau (1 año y 4 meses y 3 meses), hijas de Margarita Delgado, secuestradas junto a su madre en noviembre de 1977
Los padres de Eduardo Carlos Shaposnik, interrogados durante el allanamiento en su casa en junio de 1976; los hermanos (uno de 9 años) y padres de Patricia Elsa Marta Milanta, presentes durante su secuestro en marzo de 1977; la esposa e hija (1 año y medio) de Juan Carlos Arias, y sus padres, presentes durante su secuestro en mayo de 1976; la esposa y las tres hijas pequeñas de Emilio Oscar Battagliero, presentes durante su secuestro en julio de 1976;
las hijas de Mariano Francisco Chaparro (una de ellas herida durante el operativo) y sus padres, presentes durante su secuestro en agosto de 1976; la esposa e hijos de Horacio García Gerbolés, presentes durante su detención en abril de 1976; los hijos (de 9, 4 y 2 años) de Jorge Feller y Elsa Beatriz Perez Arias, dejados solos tras el secuestro de sus padres en abril de 1976; Juan Luciano Scatolini (1 año y medio), hijo de Juan Miguel Scatolini y Mirta Lidia Alcuaz, dejado al cuidado de un vecino tras el secuestro de sus padres en abril de 1976; los dos hijos de María Teresa Helo, llevados por la policía tras su secuestro en marzo de 1976; la esposa e hijo (2 meses) de Rodolfo Torresi, presentes durante su secuestro en octubre de 1976; y los dos hijos chicos y la madre de Beatriz Gladys Montejo, presentes durante su secuestro en junio de 1976.
Por todos estos casos se les imputó de acuerdo a sus roles según la estructura militar y policial de la época y su participación probada. Los delitos solicitados para la ampliación son: privación ilegal de la libertad (cometida por funcionarios públicos, agravada por violencias o amenazas y por ser víctimas perseguidos políticos en el caso Trincheri) y allanamiento ilegal, en concurso real. Menciona a algunos de los imputados nombrados: Enrique Francisco Welsh, Alberto Jorge Crinigan, Ismael Ramón Verón, Enrique Armando Cicciari, Lucas Marcelo Castro (militares, incluyendo plana mayor y jefatura de compañía), Raúl Ricardo Monzón (Policía Bonaerense) , Carlos Hugo Leguizamón (Policía Federal), Jaime Lamont Smart (Ministro de Gobierno provincial), Carlos Ernesto Castillo (Concentración Nacional Universitaria – C.N.U.), y Carlos María Romero Pavón (Destacamento de Inteligencia 101)
Todo el pedido se realizó en representación de la Provincia de Buenos Aires y “en nombre de todas las personas que fueron víctimas de la violencia estatal durante la última dictadura militar, es que solicitó la ampliación de la acusación y durante más de una hora y media, abordó la prueba vinculada a cada uno de los casos; 12 de los cuales son por delitos contra víctimas que ya integraban el objeto del juicio; y otros 9 respecto de personas que no habían sido incluidas como víctimas en las acusaciones planteadas en el proceso del juicio.
La próxima audiencia quedó programada para el jueves 8 de mayo a las 9,30 hs donde se continuará con la ampliación por parte de las querellas.
