“Violencia institucional” es una categoría ampliamente utilizada en la Argentina, promovida por la articulación entre grupos del movimiento de derechos humanos, del movimiento de víctimas de hechos de violencia policial y de investigadores, que en los últimos años ha revelado una productividad política que excede a las problemáticas para las cuales se la utiliza desde los años ochenta y noventa, y es puesta en juego por parte de una diversidad de actores y de organismos especializados dentro y fuera del Estado.