“Fueron los representantes gremiales o quienes participaban de los reclamos por derechos laborales los que fueron secuestrados desde el primer día de la dictadura”, expresó Bogliano.
Juicio “1 y 60” y Comisaría 8va.
En la audiencia 74 de este jueves 12 de febrero de 2026 del juicio por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención y exterminio conocido como “1 y 60”, que fue el primer eslabón del plan represivo montado por las fuerzas armadas y de seguridad en la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar, y en la comisaría 8va ubicada en la calle 7 y 74.., la querella de Derechos Humanos de la Provincia representada por las abogadas Verónica Bogliano, Julia Inés Moras y Luisina Gallo presentó su alegato.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso lleva cabo el juicio que comenzó el 18 de mayo de 2023 y juzga los hechos de lesa humanidad que tiene tiene 11 imputados en la causa “Comisaría 8va” (tres de ellos también lo están en “1 y 60”) por secuestros, tormentos y homicidios que tuvieron como víctimas a 294 personas.
Se trata de ex miembros de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería 7 Rubén Vicente Sánchez, Enrique Armando Cicciari, Ismael Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh y Alberto Jorge Crinigan, Lucas Marcelo Castro, los ex oficiales del Destacamento 101 de Inteligencia Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale; Tomás D’ Ottavio, Raúl Ricardo Monzón, Claudio Rubén Mejías, del Cuerpo de Infantería Motorizada de la Policía Bonaerense; Carlos Ernesto Castillo (alias “El Indio”) integró el grupo de tareas parapolicial conocido como CNU,(Concentración Nacional Universitaria), y el civil Jaime Lamont Smart, quien fue ministro de Gobierno de facto de la provincia.
Luego de adherir a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal representado por Gonzalo Miranda, Juan Martín Nogueira y Ana Oberlín, y a los pedidos realizados por la querella de la Liga Argentina por los DDHH a través de Guadalupe Godoy, las abogadas de DDHH de la Provincia hacieron foco en que fueron los trabajadores, los representantes gremiales o quienes participaban de los reclamos por derechos laborales los que fueron secuestrados desde el primer día de la dictadura, el 24 de marzo de 1976.
Luego de enmarcar los hechos que se juzgan en el aniversario 50 del inicio del período criminal instaurado por la última dictadura cívico-militar, solicitaron penas que “resultan justas y acordes a la enorme magnitud, multiplicidad, heterogeneidad y gravedad de los delitos de lesa humanidad cuya comisión atribuimos a los aquí imputados, así como a las consecuencias dañosas que tales crímenes proyectaron sobre todas las víctimas”, expresaron.
Y agregaron que la solicitud de las penas era contra quienes ocuparon cargos de relevancia y responsabilidad jerárquica dentro del aparato represivo estatal, y que “desde esas posiciones de poder, participaron de manera activa y consciente en la ejecución del plan sistemático de represión ilegal que persiguió, secuestró, sometió a tormentos, hizo desaparecer y asesinó a quienes se opusieron, resistieron o fueron identificados como enemigos del modelo político, económico y social que se pretendía imponer en nuestro país”.
Recordemos que se trata de oficiales integrantes de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 7 “Coronel Conde”; jefes y oficiales de las distintas secciones del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército; integrantes de la Policía Federal Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que prestaron funciones en las diversas dependencias y comisarías que operaron como centros clandestinos de detención objeto de este juicio. Como también acusaron al único imputado civil de la causa, quien se desempeñó como Ministro de Gobierno de facto al momento de los hechos.
A su vez, realizaron menciones especiales que consideraron de suma relevancia para llevar adelante el juicio, como ser las y los sobrevivientes que prestaron su testimonio y “que sin ellos y ellas no podríamos reconstruir la historia reciente de nuestro país. Y que son también quienes mantienen viva la Memoria de los 30 mil”. Como también, la labor de los equipos de acompañamiento tanto de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia como también del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), fundamentales para que las y los testigos “puedan prestar su testimonio a pesar del dolor del recuerdo de aquellos días oscuros a los que fueron sometidos, y que lo hagan en un marco de sostén”, y finalmente el trabajo de difusión llevado a cabo por el equipo de La Retaguardia y de Pulso Noticias.
A modo de contexto actual, expresaron que si bien el debate estaba en condiciones de comenzar tres años antes de su inicio, la paralización administrativa derivada de la pandemia y la deficiente constitución del Tribunal, implicó la postergación sustancial en el acceso a la verdad y a la justicia, extendiendo innecesariamente los plazos legales y la incertidumbre de las partes, en un momento político e institucional particularmente preocupante desde la asunción del actual gobierno nacional que promueve y expresa nuevamente discursos negacionistas y los pedidos de indulto a quienes fueron considerados responsables del genocidio perpetrado en nuestro país.
“No se trata de decisiones aisladas ni de meros recortes presupuestarios, sino de una orientación política que erosiona deliberadamente las herramientas estatales destinadas a investigar, sancionar y reparar los crímenes del terrorismo de Estado”, dijeron.
Esto lo grafica también el vaciamiento del programa del INCAA que garantizaba el registro audiovisual de los juicios de lesa humanidad; la disolución del equipo especializado en el relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y que bloquea el acceso a documentación clave para investigaciones judiciales aún en curso; el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, que afecta gravemente la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la dictadura, y el vaciamiento y desfinanciamiento de los sitios de memoria, acompañado de la precarización de sus trabajadores y la suspensión de funciones esenciales.
“En paralelo, el congelamiento y la puesta bajo sospecha de las políticas reparatorias reinstalan una lógica de cuestionamiento hacia las víctimas del terrorismo de Estado, invirtiendo el sentido de las obligaciones estatales. Este panorama se agrava en un contexto de discursos oficiales que relativizan, banalizan o directamente reivindican la violencia estatal, erosionando consensos básicos construidos tras décadas de lucha social y jurídica. Hechos de extrema gravedad institucional —como las visitas de diputados y ex magistrados afines a esta orientación a represores detenidos en el penal de Ezeiza— no pueden leerse como episodios anecdóticos, sino como gestos políticos que envían señales de tolerancia hacia los responsables de crímenes de lesa humanidad”, y agregaron la ausencia de la querella de la Secretaría de Nación que profundiza una sensación de orfandad institucional que no es neutra.
Es así, que la querella de la Provincia puso en relación cómo opera la sentencia, en tanto dispositivo de esclarecimiento público que impide la fragmentación de los hechos y restituye su verdadera dimensión histórica desmantelando así narrativas negacionistas como las actuales que pretenden relativizar la magnitud de este tipo de crímenes.
Como se dijo anteriormente, en este contexto urge problematizar que el proceso de justicia que la sociedad argentina viene sosteniendo desde hace dos décadas, la verdad construida en ese recorrido, puede ser relativizada por coyunturas políticas transitorias, por la voluntad coyuntural de un gobierno que desvaloriza las miles de “horas de audiencias públicas, centenares de testimonios, pericias, documentos desclasificados, reconstrucciones judiciales minuciosas”, manifestó a querella.
Y en relación a esto, retomaron lo establecido por la Corte Interamericana de DDHH en cuanto que la sentencia no sólo sanciona sino que también repara, reconoce y restablece la dignidad de las víctimas. Es desde esta perspectiva que los juicios de lesa humanidad constituyen una política de Estado orientada a la no repetición.
De este modo, es sustancial la represión que padeció el movimiento obrero organizado desde el día uno de la dictadura cívico militar eclesiástica. En ese marco, analizar este eje posibilita identificar a quiénes se dirigió prioritariamente su violencia y con qué objetivos. “El movimiento obrero organizado no fue un blanco accidental: fue señalado como un actor social a neutralizar, disciplinar y desarticular. La persecución a trabajadores, delegados y militantes sindicales formó parte de una estrategia orientada a transformar de raíz las relaciones sociales y económicas mediante el terror”.
Entendido así, las consecuencias del terrorismo de Estado no pertenecen sólo al pasado sino que se echa luz sobre líneas de continuidad con el presente, en tanto asistimos a fracturas del tejido social, precarización y una cada vez más espasmódica concentración económica
Finalmente, teniendo en cuenta todo lo narrado, los pedidos de pena por parte de DDHH, excepto dos casos donde las víctimas no fueron casos de desapariciones forzadas seguida muerte o víctimas de homicidio, donde se solicitó para Lucas Marcelo Castro y Carlos Ernesto Castillo el máximo de la escala penal que son 25 años, para el resto de los imputados -Jorge Alberto Crinigan, Ismael Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh, Claudio Rubén Mejías, Tomás D´Ottavio y Raúl Ricardo Monzón, Rubén Vicente Sánchez, Enrique Armando Cicciari y Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamont Smart, Jorge Héctor Di Pasqualese- requirió la pena de prisión perpetua.
La próxima audiencia quedó programada para el jueves 19 de febrero a las 8.30 hs, cuando se escucharán progresivamente los alegatos de la APDH La Plata con Josefina Rodrigo, y en último término, al abogado Pablo Llonto en representación de la familia Plaza, uno de los casos de este juicio.