Lo dijeron los hijos de Oscar Cordido, Karina y Cristian. Ambos dieron detalles de cómo los militares secuestraron a su padre y las trasnformaciones radicales de sus vidas con mudanzas signadas por la estigmatización.
Audiencia 35.
El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro bonaerense, y que se desarrolla desde febrero de 2022, llegó a su audiencia número 35 y se escucharon siete declaraciones testimoniales en relación a los casos de Oscar Cordido y Osvaldo Laurini, ambos ciudadanos azuleños.
Anteriormente, el tribunal aceptó incorporar los testimonios de los hijos de Cordido, quienes en la época tenían 3 y 5 años. Ambos dieron detalles de cómo los militares secuestraron a su padre. Karina y Cristian relataron cómo sus vidas cambiaron radicalmente con mudanzas signadas por la estigmatización. “La vida de nuestra familia cambió drásticamente el día que se llevaron a mi papá, todo fue una hecatombe desatada… nos mudamos a Misiones, y eso trajo consigo una sensación de felicidad, porque nadie nos conocía allí”, luego regresaron a Azul, “pero ya no conseguía trabajo… mi padre era un luchador, una gran persona, un gran amigo”, dijo Karina. Cordido era secretario general de la UOCRA y militante peronista.
Rafael, Natalí, Irina y Tania declararon desde Ecuador como testigos directos del secuestro de su padre, Osvaldo Laurini, desde su casa en un allanamiento ilegal perpetrado por los militares fuertemente armados. Laurini era un reconocido artista, docente, fotógrafo, periodista, etnógrafo y cartógrafo. Integró la Comisión Pro Escuela de Bellas Artes de Azul, recorrió la Amazonía realizando exploraciones etnográficas. Formó una familia en Ecuador con Maruja y se estableció en Argentina con sus 5 hijos e hijas.
Osvaldo Laurini fue secuestrado en la madrugada del 24 de marzo, estuvo preso casi un mes en los que su familia lo buscó denodadamente. Al ser liberado, la familia volvió a radicarse en Ecuador. A pesar de haber nacido en aquel país, los hijos e hijas habían transcurrido toda su infancia en Argentina donde vivieron más de 10 años. El impacto social, cultural y económico fue brutal.
Osvaldo volvió a Argentina luego de su separación y luchó 10 años para recuperar el cargo docente en el que fue cesanteado, dos años después de recuperar su derecho, falleció de un aneurisma en el año 1991, según detalló Tania.
También declaró su sobrina, María Isabel Laurini, una destacada militante por los derechos humanos en la ciudad, integrante de la APDH local. María Isabel brindó detalles sobre cómo la estigmatización y las persecuciones políticas marcaron profundamente a su familia. Tanto su padre como su tío Osvaldo y un tercer hermano, todos ellos docentes, fueron cesanteados.
Tal y como le expresó Karina, la situación de cada una de las familias se convirtió en una “hecatombe” que mantiene sus ecos en el presente. Secuelas que se vuelve necesario decir contar, hacer saber, más allá de los alcances que el relato tenga como material de prueba o pertinencia para el tribunal.
Recordemos que este juicio tiene 28 acusados, entre ellos dos civiles, por los delitos cometidos contra 156 personas en 7 centros clandestinos de detención CCD ubicados en Azul, Olavarría y Tandil, los penales 7 de Azul y 2 de Sierra Chica. También se juzgan delitos cometidos contra empleados de las empresas olavarrienses Calera Avellaneda y Loma Negra. Hasta el momento han dado sus testimonios 120 víctimas, familiares y testigos.
Nota realizada por Soledad Restivo (Agencia Comunica / RU 90.1/ UNICEN) en el marco del convenio entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN)