El jurado popular que intervino en el juicio encontró culpables a cuatro policías bonaerenses acusados de provocar la muerte de cuatro jóvenes que chocaron con un auto cuando eran perseguidos a los tiros en mayo de 2019, en lo que se conoce como la “Masacre de San Miguel del Monte”. La Subsecretaría de Derechos Humanos participó como Amicus Curiae y con la figura de Observadores en Juicio.
El Tribunal Oral en lo Criminal 4 (TOC4) de La Plata condenó a los oficiales Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez y el excapitán Rubén Alberto García, por los homicidios de Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), y las lesiones graves sufridas por Rocío Quagliarello (17), en ese momento de 13 años de edad.
Consideró culpables por unanimidad a Rubén García y a Leonardo Ecilapé por el delito de “homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial, y por ser cometido mediante arma de fuego”.
En tanto, los efectivos Manuel Monreal y Mariano Ibáñez fueron considerados culpables por mayoría del delito de “tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función o cargo policial, y por ser cometido mediante arma de fuego”.
La “Masacre de Monte” se produjo el 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron por la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.
Los cinco chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, lo que provocó que el auto en el que iban chocara contra el acoplado de un camión que estaba detenido en la ruta y cuatro de los cinco ocupantes murieran en el acto.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires se presentó en el juicio como Amicus Curiae y con la figura de Observadores en Juicio. Participaron la dirección de Acompañamiento a Grupos en Situación de Vulnerabilidad que asistió a familiares de las víctimas y la dirección contra la violencia institucional creada en 2019 por decisión del gobernador Axel Kicillof.
