Así lo afirmaba en 2017 María Juana Rivas de Rave, mamá de Ricardo Arturo, cuyo brutal asesinato por esa banda paraestatal de ultraderecha conmocionó a la militancia juvenil platense. Esta semana también se exhibió la declaración de Ana María Bossio, esposa de Leonardo Miceli.
Por Gabriela Calotti
“Patulo era un chico muy conocido y muy querido en La Plata por sus compañeros. Fue prácticamente el primer hecho tan macabro por lo que hicieron con él. Fue como que los demás supieran lo que les iba a pasar. Los chicos… para tomaran ejemplo los compañeros”, sostuvo “Marucha” Rave, en una declaración testimonial que efectuó durante el primer juicio contra la CNU platense, que fue exhibido nuevamente este miércoles, en el marco del segundo juicio contra esa organización paraestatal armada de ultraderecha peronista que en los años previos al golpe y hasta un mes después del mismo, asesinó en La Plata a por lo menos 70 activistas estudiantiles y delegados gremiales.
Según María Juana Rivas, con el secuestro y asesinato de su hijo “Patulito”, uno de sus siete varones, la patota de la CNU mostró su “poderío. Ahí demostraron cómo estaba la policía con ellos. Como los del CNU se sentían protegidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires”, afirmó durante la audiencia número 14 de este juicio oral y público que el miércoles tuvo lugar de forma virtual pues se exhibían dos testimoniales de 2017. Aquel juicio fue presidido por el juez Germán Castelli.
En el juicio actual, quien preside es Jorge Gorini, juez subrogante del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, que también integran los jueces Gabriela López Iñiguez. Fernando Minguillón y Ricardo Basílico como cuarto juez.
Los imputados son tres activos miembros de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), que era el brazo universitario de la Triple A. Se trata de Carlos Ernesto “el Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares -detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 34 de Campo de Mayo – y Antonio Agustín “Tony” Jesús, que cumple domiciliaria en Villa Elisa.
Sobre ellos pesan, según el derecho penal, los delitos de homicidio doblemente calificado, privación ilegal de la libertad, tormentos, violación de domicilio y daños contra 13 víctimas, perpetrados en los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 del que se cumplieron 50 años.
Como muestra de la brutalidad de la violencia política que esta patota armada de ultraderecha sembró en la ciudad de La Plata, se destacan dos de los casos que llegaron a este juicio: Ricardo Arturo “Patulo” Rave, conocido dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) fue secuestrado la noche del 24 de diciembre de 1975. Su cuerpo apareció acribillado, vestido de policía y colgado del Puente de Fierro, en las afueras de la ciudad.
Leonardo Guillermo Miceli, tenía 24 años de edad. Estaba casado con Ana María Bossio, que trabajaba en DEBA (compañía de electricidad bonaerense), estudiaba en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y trabajaba en una tercerizada de limpieza llamada Limpiolux en Propulsora Siderúrgica. Fue secuestrado la noche del 19 de abril de 1976 por una patota comandada por el “Indio” Castillo. Esa misma madrugada fueron secuestrados Carlos Alberto Sathicq, que trabajaba con él y Horacio Salvador Urrera. Los cuerpos de los tres muchachos aparecieron días después flotando en el arroyo Sarandí, en Avellaneda. Tenían las manos atadas por la espalda y múltiples heridas de bala.
“Esa noche fue terrible”
En el momento de su declaración testimonial en 2017, Marucha Rivas tenía 88 años. “Soy maestra jubilada. Madre de 9 hijos y tengo 20 nietos y bisnietos”, empezó dirigiéndose al Tribunal vía zoom desde Mar del Plata.
Interrogada por el abogado Pablo Llonto sobre lo que recordaba de aquella noche relató: “Era un 24 de diciembre de 1975. Estábamos preparándonos para celebrar la Navidad cuando entraron en casa una patota. Nos pusieron a mi y a mis hijas Mariana y Verónica acostadas en la cama boca para abajo y a mi esposo lo pusieron en la pared, mirando la pared con las manos para arriba en el hall de entrada de nuestra casa. Y se lo llevaron a nuestro hijo Ricardo Arturo Rave, que le decíamos “Patulito”. Se lo llevaron ya golpeándolo, no lo ví pero me lo comentó mi esposo”.
“No los ví. No puedo decir la cara p que los reconocería pero mi marido sí que los vio. Lástima que falleció y no puede decirlo”, contaba entonces María Juana Rivas, antes de explicar que en un primer momento ella y su marido Luis Homero Rave, pensaron que a Patulo se lo habían llevado como parte de una “redada muy grande por lo que había pasado en Monte Chingolo, pero no fue así. Lo vinieron a buscar a él solo”.
“Lo llevaron y esa misma noche lo asesinaron de una forma muy cruel y lo colgaron en las afueras de La Plata. Al día siguiente ya lo sacaron de ahí y lo dieron por encontrado y lo llevaron a la Policía, a la Jefatura de Policía”, precisó.
Dijo que un vecino acompañó a su marido “a reconocerlo. Yo no lo ví, pero sé que lo habían destrozado. Por eso no me dejaron verlo. Pero sí, nos lo entregaron para poder velarlo y enterrarlo”, contó.
Al recordar esas horas aseguró que “la verdad es que fue terrible esa noche. Además de la forma en que nos trataron a nosotros también. A mi me pusieron boca abajo en mi cama con mis chicas y a los varones los pusieron boca abajo en el suelo y los golpeaban y los pateaban. Fue una noche espantosa. Lo peor es que se lo llevaron y lo que hicieron con el fue con un sadismo, con una maldad, con una crueldad infinita lo que hicieron con él”, insistió.
Al describir a los integrantes de la patota que irrumpieron en su casa dijo que “había gente de civil. Yo ví borceguíes” a pesar de que era 24 de diciembre y era verano, pensó en voz alta.
Por entonces en la casa familiar de 8 entre 42 y 43 de La Plata vivían Federico, Mariana, Miguel y Verónica. Y esa noche “vino Ricardo a dormir. Se quedó a cenar y se quedó a dormir”.
“Evidentemente lo tenían muy fichado. Lo andaban persiguiendo por eso vinieron”, afirmó esta mujer que fue integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y que falleció el 13 de agosto de 2024.
“¿Tus hijos tenían alguna militancia?”, le preguntó el letrado. “Sí. Todos eran militantes. Todos eran peronistas. Y algunos Montoneros”, respondió.
También contó que antes del 24 de diciembre se había producido un episodio serio, pues Gerardo Miguel uno de los más chicos de la casa, había sido secuestrado cuando iba a la escuela con tan solo 9 años de edad. “Los tuvieron secuestrado todo el día”. “Al día siguiente lo soltaron. Lo tuvieron secuestrado con los ojos vendados y con las manos atrás y con el guardapolvo blanco puesto. Y le preguntaban por sus hermanos, si sabía qué hacían, con quienes se juntaban. Miguel les dijo no a todo”, contó.
Se angustió porque no pudo recordar otros episodios violentos, pero según el relato de otros miembros de la familia y vecinos, la casa había sido blanco de dos artefactos explosivos en los meses previos. Uno fue desactivado y otro reventó la entrada de la casa.
“¿Escuchaste hablar de la CNU en aquel momento?”, le preguntó Llonto. “Sí, yo era maestra en la Escuela Nº2 de La Plata y por supuesto. Era un tema que se hablaba mucho a diario, en todos lados se hablaba del CNU. Y de los actos vandálicos que hacían” y recordó que a menudo los autos pasaban “a lo loco”, es decir a toda velocidad por la calle 8 donde vivían. “Como si tuvieran autorización para pasar así. Como que la policía los amparaba”, sostuvo.
De acuerdo a lo que les contó Miguel entonces “creemos que estaba en el camino a Punta Lara (…) había mucho ruido de pajaritos y muchos árboles. Pero todo el tiempo estuvo con las manos atadas atrás y con los ojos vendados”, insistió.
Volviendo a Patulo contó que cuando los fue a visitar en diciembre se estaba por ir a Pinamar. “Nos dijo que se iba a casar y nosotros dijimos que estaba loco. ‘Si tenés 18 años’. Pero con su novia estaban muy decididos”.
Marucha aseguró que pesar de saber qué hacían los tipos de la CNU “nunca imaginé que iba a pasar eso. Nunca”.
La CNU, brazo universitario de la Triple A, actuaba -principalmente en La Plata- con una brutalidad extrema, en zonas liberadas por la policía bonaerense y el Ejército y abandonaba los cuerpos de sus víctimas en lugares públicos, algunos alejados de la ciudad, como caminos, arroyos o la vera del Río de La Plata.
Gran parte de la militancia de entonces conocía a los integrantes de la CNU, entre los cuales los más expuestos, porque además iban a ver partidos de fútbol en La Plata, eran Castillo y Pomares. La CNU rompía asambleas en facultades, irrumpían armados y amedrentaban a quienes militaban y con quienes compartían lugares de trabajo, según numerosos testimonios de jóvenes de entonces, que los recuerdan con sobretodos largos y oscuros donde ocultaban sus armas.
Ricardo Arturo y Federico solían ir a la cancha a ver a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Castillo y Pomares también iban a la cancha.
Las víctimas de secuestro y/o asesinato que llegaron a este juicio son: Jorge Rosendo Ruda, Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz, Daniel Rayson Midon, Carlos Alberto Sathicq, Horacio Salvador Urrera, Leonardo Miceli, Graciela Herminia Martini, y Néstor Hugo Dinotto. Las otras víctimas secuestradas y sometidas a tormentos son Walter Fabián Martini, Elia Zanata, Daniel Pastorino y Adelaida Ursula Barón.
Ana María Bossio volvió a pedir justicia por su marido
En el marco de esta audiencia virtual, se reprodujo por video el testimonio que en 2017 hizo de forma presencial ante el Tribunal Ana María Bossio, esposa de Leonardo Guillermo Miceli. Las imágenes muestran que en primera fila estaba, entre otros, Nilda Eloy, reconocida sobreviviente y activista incansable por los juicios por delitos de lesa humanidad, fallecida el 12 de noviembre de 2017.
Al momento de declarar, Ana María Bossio tenía 66 años y estaba jubilada.
Al recordar aquella noche del 19 de abril, interrogada por el fiscal general Hernán Shapiro, contó que ella, Leonardo y su hijito Pablo de un año y medio vivían en la avenida 122 entre 70 y 71.
Leonardo trabajaba a la mañana, “almorzaba en Propulsora y de ahí se iba a la UTN”, dijo su esposa, que estaba embarazada de tres meses de su segundo hijo. Explicó que aquel verano les habían entrado a robar dos veces a su casa que estaba al lado de un terreno baldío.
“Mi marido fue secuestrado por la CNU el 19 de abril de 1976 entre las 23.30 y 00 de la noche. Yo estaba haciendo dormir a mi hijo Pablo y veo por la ventana de la habitación que con una linterna estaban buscando el número de la casa. Y escucho un golpe fuerte. Mi marido llegó por la puerta del costado y yo le había dejado para comer un churrasco. Puso el televisor y puso un recital de Cacho Tirao”, recordó minuciosamente esas horas.
A la mujer la obligaron a quedarse en el dormitorio bomba abajo en la cama con su nene que lloraba. “Yo no ví cómo se lo llevaron. Yo escuché un ruido fuerte y apareció uno que le vi la cara que dijo ‘acá está la señora’.
Me incorporo en la cama y quiero salir de la habitación pero me encandilaron con una linterna y no me dejaron salir”. Más tarde en su testimonio identificó a esa persona que tenía la linterna como “Juan Gil Montenegro, un policía que trabajaba en el Registro de las Personas” y al que conocía “porque estaba de novio con una prima mía. Yo lo reconocí en la calle y en la Guerra de Malvinas, lo vi quemar una bandera inglesa en calle 8”, aseguró.
Recordó claramente cómo la noche del secuestro entró en la casa y en la habitación “el señor Castillo con dos personas jóvenes, bien vestidas, afeitadas, las dos con pulóveres verdes” y dijo que de la “mesa de luz de mi marido me robaron lo que me habían pagado de sueldo complementario en DEBA, se llevaron un bolso, ropa de rugby, porque mi marido jugaba en Universitario, y una campera de cuero de él”.
La madre de Leonardo presentó un Hábeas Corpus, mientras ella intentó publicar una solicitada en el diario El Día, donde le dijeron que el gobierno militar había prohibido esas publicaciones.
Según su declaración, por un jefe de redacción del diario El Día, de apellido Presta, pudo saber que habían encontrado cuerpos en Avellaneda, que fuera a averiguar a la Comisaría 4ta de esa localidad. “Tres veces tuvimos que ir al cementerio de Avellaneda. No nos entregaban el cuerpo. Tres días seguidos fuimos. Y la última vez a mi suegro le querían entregar otro cuerpo”, sostuvo.
“Yo leí la partida de defunción: paro cardiorrespiratorio no traumático por herida de bala”, dijo Bossio.
La tarde del 20 de abril de 1976, los cuerpos sin vida con las manos atadas en la espalda de Leonardo Miceli, Carlos Alberto Sathicq y Horacio Salvador Urrera aparecieron en el arroyo Santo Domingo en Avellaneda.
Por entonces se vio con las familias de Sathicq y Urrera. “Eran familias extraordinarias. Preocupados porque se haga justicia, como yo”, sostuvo.
Respecto de la militancia de su marido, Ana María Bossio aseguró que “había militado en el PCR (Partido Comunista Revolucionario) y que había caído preso en octubre del 71. O sea que tenía antecedentes. Pero que había dejado de militar”.
Después del 29 de mayo pudo identificar a algunas de las personas que habían entrado en su casa, principalmente a Castillo. Porque el diario El Día había publicado una nota sobre la detención de una banda de “piratas del asfalto”. Ese diario decía que las personas damnificadas tenían que ir a la Policía de Investigaciones en 12 y 60.
“Ahí me dirigí y había muchas personas damnificadas. El comisario era Marcelino Gómez. Le dije que a mi marido lo habían secuestrado y me dijo que estaba en 1 y 59. Pero preguntó y le dijeron que no lo tenían”.
Preguntaba sobre cómo identificó a Castillo, Ana María Bossio respondió que un día la llaman de la Comisaría 8va, donde estaban los objetos robados por esta banda. Allí la atendió el comisario de apellido Lara. “Había un cenicero que había sido de mi hermano” pero no se lo dijo al uniformado. Explicó que además de ir a su casa, habían ido a la casa de su hermano Alberto, que desaparecería en noviembre. Era asiduo de la Casa Mariani-Teruggi de la calle 30.
En cambio al comisario Lara, le pidió que le mostrara fotos de los detenidos por esos robos. “Y me mostró fotos de los acusados con dos días de barba, pero al señor Castillo sí lo reconocí”, afirmó. Y recordó que volvió a 12 y 60 y allí el comisario Gómez le dijo “señora, usted tiene un nene y está embarazada. Olvídese de esto porque tiene muchas conexiones raras”.
Aseguró que estando en la Comisaría 8va “ví una persona, pero el comisario puso el cuerpo. Y el comisario Lara me dice: señora el que estaba ahí es Pipi Pomares, pero yo la tapé para que no la vea y no corra ningún riesgo”.
Durante la irrupción de la patota en su casa, Bossio recordó claramente que Castillo tenía un “Handy y el hablaba (…) la orden es ‘tirar el bulto’”, escuchó. Dijo que estuvieron media hora y que supo que había tres autos en la puerta y que al otro día había coches en la esquina.
Esa noche se quedó a dormir allí pero al día siguiente se fue. Se llevó algunas cosas pero nunca quiso hacer una mudanza.
Años después, convocada por el Juzgado le mostraron “20 fotos” entre las cuales reconoció a Castillo. Y cuando la volvieron a convocar para ampliar su declaración “me mostraron sólo cinco fotos”.
Precisó que tiempo después, buscando información en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) encontró “antecedentes de mi marido y míos. El estaba vigilado por agentes del Batallón (de Inteligencia 601). Ahí decía que Herrera era agente del 601 y que trabajaba en Propulsora. A mi me llamó la atención porque ese señor no había venido al velorio”, recordó.
“Usted mencionó que la CNU lo secuestró y lo mató. ¿En qué momento supo que era la CNU?”, le preguntó el juez Gorini a Ana María Bossio. “Yo tenía un tío, fallecido ahora, que era muy de la noche. Trabajaba en un cabaret. Esta gente iba todas las noches. Estaba en 7 y setenta y pico. A los dos o tres días, mi tío me dijo que habían encontrado tres cuerpos en el arroyo en Sarandí”, concluyó la mujer.
El juez Gorini precisó que la próxima audiencia tendrá lugar el 6 de julio a las 9.30 hs.
Las audiencias de este segundo juicio contra la CNU platense, son mixtas, es decir presenciales con público en la sala y virtuales. Son transmitidas en directo por los canales de Youtube del Poder Judicial (https://www.youtube.com/@pjn-videoconferencias); por la página web del Centro de Información Judicial (CIJ) (www.cij.gob.ar); y por el canal de Youtube de La Retaguardia TV, único medio de comunicación que desde hace años transmite en directo juicios por delitos de lesa humanidad (https://www.youtube.com/user/laretaguardia).