Dieciséis represores empezaron a ser juzgados por delitos de lesa humanidad. La Subsecretaría de DDHH participa como querellante y el equipo de Acompañamiento asiste a testigos.
Comenzó el juicio por otros dos CCD de la Bonaerense: 1 y 60 y Comisaría 8va.
Con la lectura de cargos y contexto comenzó este jueves, después de varios años de espera, este juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata presidido por primera vez por una mujer, la jueza Karina Yabor. Una vez que concluyan las indagatorias, que tendrán lugar el 1 de junio, comenzarán las declaraciones testimoniales de al menos 372 testigos, entre sobrevivientes, familiares y testigos de contexto en modalidad virtual y presencial.
Los delitos que se imputan a los acusados son privación ilegítima de la libertad, tortura, abuso sexual y homicidio.
De los más de 30 imputados iniciales quedan 18. Catorce fallecieron en estos años y tres fueron declarados en proceso de “incapacidad sobreviniente”. La mayoría de los imputados no tienen sentencias previas. Quienes sí fueron condenados o están siendo juzgados por delitos similares en otros centros clandestinos son Roberto Armando Balmaceda (juicio Brigadas), Carlos Ernesto “El Indio” Castillo (condenado en 2017 en el juicio a la CNU platense), Jorge Héctor Di Pasquale (Brigadas), Jaime Lamont Smart (Brigadas) y Carlos María Romero Pavón (Brigadas).
Por los delitos cometidos en 1 y 60 los imputados son: Roberto Armando Balmaceda, Carlos Ernesto Castillo “El Indio”, Alberto José Crinigan, Tomas D´Ottavio, Carlos Hugo Leguizamón, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal.
Por los delitos perpetrados en la Comisaría 8va son: Enrique Armando Cicciari, Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez y Rubén Vicente Sanchez, Jorge Hector Di Pascuale, Jaime Lamont Smart y Carlos María Romero Pavón.
Por el accionar conjunto en 1 y 60 y Comisaría Octava son: Lucas Marcelo Castro, Ismael Ramón Veron y Enrique Francisco Welsh.
Los hechos por los cuales están imputados ocurrieron en dos dependencias de la Policía Bonaerense: la sede central del Cuerpo de Infantería de la Policía, ubicado en 1 entre 59 y 60 junto con el Regimiento de Caballería que está en avenida 60 entre 1 y 115, es decir a la vuelta; y la Comisaría Octava, ubicada en la esquina de la avenida 7 y 74. Varios de los ex militares imputados en esta causa pertenecían además al Regimiento VII de Infantería Mecanizada que hasta 1982 funcionó en parte de la manzana que hoy ocupa la Plaza Islas Malvinas.
Las primeras dos dependencias mencionadas “fueron utilizadas como centro clandestino de detención inmediatamente después del 24 de marzo de 1976 e incluso unas horas antes, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado hasta diciembre del mismo año”, se indicó en el resumen elevado por el Ministerio Público Fiscal leído en esta primera audiencia.
“Luego del golpe del 24 de marzo se produjeron detenciones personas que ya habían sido identificadas previamente. En la madrugada de ese día y en los días posteriores, las Fuerzas Armadas secuestraron a personas consideradas “peligrosas” que fueron alojadas en la Guardia de Infantería”, según consta en los archivos de la DIPPBA (Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires).
El esquema represivo estaba “totalmente planificado”
Desde una de las querellas, la letrada Guadalupe Godoy, explicó a Contexto que “lo que sobrevuela en las dos causas es el rol de la inteligencia. Hay una visibilización de la inteligencia y sobre todo hay que decir que es la primera vez que se juzga al Regimiento VII con el papel impresionante que cumplió dentro del esquema represivo”.
El papel de la inteligencia militar y policial queda en evidencia con “los secuestros de los primeros días del golpe que muestran que a partir de lo que fue el PLACINTARA y todo lo que se había venido preparando en los dos años previos al golpe, ya había una operatoria de inteligencia enorme sobre los trabajadores del cordón industrial”, precisó Godoy, antes de asegurar que “por eso los secuestran tan rápidamente, dos, tres días despues del golpe. Estaba totalmente planificado”.
El Plan de Capacidades de la Armada de 1975, denominado PLACINTARA/75, fue un modelo sistemático de represión ideado por la Armada Argentina. En las acciones represivas previas y posteriores al golpe cívico-militar, en el cordón industrial de La Plata, pero sobre todo en las fábricas e industrias de Berisso y Ensenada, fueron secuestrados cientos de trabajadores y delegados.
Las plantas de Astilleros Río Santiago, de Propulsora Siderúrgica, de la Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión (SIAP), del Frigorífico Swift y de YPF, entre otras, fueron blanco inmediato del aparato represivo. Trabajadores secuestrados allí fueron llevados a 1 y 60. Muchos terminaron en la Unidad 9 de La Plata.
Y allí es donde 1 y 60 se convirtió en “lugar de ingreso de muchas víctimas secuestradas” que luego son derivadas a alguno de los 20 centros clandestinos del llamado “Circuito Camps”, precisó Godoy.
Respecto de la Comisaría Octava, al inicio de las investigaciones se pensaba que era un “lugar de blanqueo” de los secuestrados “pero después resultó que no era tal”. Allí también se produjeron homicidios de personas secuestradas.
La letrada subrayó el peso “simbólico” que el Cuerpo de Infantería y el Regimiento VII tienen en el entramado urbano platense por lo ocurrido tras el golpe, tras el inicio de la Guerra de Malvinas y a fines de los 90. En ese sentido recordó que fue desde el Regimiento VII de donde salieron la mayoría de los jóvenes soldados enviados a a las Islas Malvinas en abril de 1982, “el lugar al que vuelven y donde los obligan a un pacto de silencio”.
Respecto de 1 y 60, resulta imprescindible recordar que el 20 de febrero de 1996, la represión de la policía bonaerense desatada contra una asamblea universitaria en Plaza Rocha que reclamaba por la anulación de la Ley de Educación Superior del gobierno menemista, desembocó en la cacería de cientos de jóvenes que fueron llevados justamente al Cuerpo de Caballería.
Llamativamente las dos reparticiones de la Bonaerense que están en el centro de este juicio siguen funcionando como tales.
La próxima audiencia se realizará el 1 de junio a las 9 horas bajo la modalidad semipresencial, con la declaración indagatoria de los imputados, que como viene ocurriendo, posiblemente se nieguen a contestar preguntas del Tribunal, que también integran los jueces Ricardo Basílico y Andrés Basso.
Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.
