La Subsecretaría de Derechos Humanos es querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad contra Emilio Parodi, acusado de colaborar con la dictadura
Emilio Parodi está acusado de haber entregado a tres trabajadores de la fábrica Molinos Río de la Plata, quienes continúan desaparecidos. Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino fueron secuestrados el 7 de julio de 1976, durante un operativo realizado dentro del establecimiento y en sus accesos.
Cuando ocurrieron los hechos, Parodi se desempeñaba como director general y jefe de Personal de la empresa, ejerciendo tareas relacionadas con el área de recursos humanos. Detenido e indagado en julio de 2023, la Unidad Fiscal Federal de La Plata lo considera coautor funcional de las privaciones ilegales de la libertad de los tres obreros.
Aunque se investiga el secuestro, desaparición o asesinato de al menos 27 trabajadores de Molinos Río de la Plata durante la última dictadura cívico-militar, en este debate oral se juzga la responsabilidad de Parodi específicamente por estos tres casos.
En la causa, la acusación está a cargo de la Fiscalía. Además de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, intervienen como querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera.
“Estábamos esperando que empiece este juicio contra Emilio Parodi que, después de un largo tiempo y a 50 años del Golpe, comenzó a ser juzgado por su rol en la dictadura. Quedó demostrado en varios juicios que las empresas se beneficiaron económicamente, aumentaron su rentabilidad”, indicó el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno.
“Tras la anulación de las leyes de impunidad, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos y al impulso dado a las políticas del sector por el expresidente Néstor Kirchner, se llevaron adelante los juicios. En varios de ellos ya se juzgó la complicidad empresarial durante el terrorismo de Estado. Uno de esos juicios fue el de mi padre, el abogado laboralista Carlos Moreno”, recordó.
Responsabilidad empresarial
A este juzgamiento le antecedieron los procesos contra integrantes o personal jerárquico de las empresas Ford, Ingenio Las Marías y La Veloz del Norte, así como la causa por Loma Negra en 2012, donde se juzgó el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, y se juzgó a civiles por su detención ilegal. En el debate se comprobó el beneficio económico obtenido por la firma tras la eliminación de la representación legal.
De acuerdo con peritajes de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) —organismo técnico creado en 2014 bajo la órbita de la Procuración General de la Nación—, la desaparición de trabajadores durante la dictadura funcionó como un medio delictivo para maximizar la rentabilidad empresarial. Al desarticular las comisiones internas mediante el terrorismo de Estado, se eliminó la resistencia gremial, se redujeron salarios reales y se suprimieron conquistas laborales, transformando la represión directa en ganancias extraordinarias.
En el marco de la investigación sobre Molinos Río de la Plata, el juez federal ordenó allanamientos masivos en las sedes de la empresa. Personal de la OFINEC asistió en el secuestro de libros de actas de directorio, memorias, balances y libros de sueldos para auditar el beneficio económico derivado de la represión. Este esquema guarda paralelismo con el caso de Loma Negra, uno de los ejemplos más paradigmáticos sobre responsabilidad civil y empresarial. La causa se centró en cómo la cementera, bajo la conducción de Amalia Lacroze de Fortabat, colaboró con las fuerzas armadas para perseguir trabajadores.
Audiencias y pedido de las querellas
El Tribunal Oral Federal de La Plata que lleva adelante el juicio está integrado por Nelson Jarazo, Pablo Wilk y Yésica Sircovich. La primera audiencia, en la que se leyeron los cargos contra el imputado, se realizó de manera virtual.
La próxima jornada tendrá lugar el 24 de septiembre a las 11:00 horas, instancia en la que se llevará a cabo la indagatoria a Emilio Parodi.
Ante el inicio del debate, las querellas solicitaron que las audiencias se realicen con una frecuencia de al menos una vez por semana para evitar dilaciones, y demandaron que se lleven a cabo de manera presencial.