La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense es querellante en el juicio contra Juan Tasselkraut, acusado de colaborar con la dictadura cívico militar.
Juan Tasselkraut está acusado de acusado de haber entregado a los trabajadores de la fábrica Héctor Aníbal Ratto y de Diego Eustaquio Núñez, quien continúa desaparecido.
Diego Núñez era militante sindical y fue privado ilegítimamente de su libertad el 13 de agosto de 1977, en horas de la madrugada, por un grupo de personas armadas que irrumpieron en el domicilio de La Matanza. Fue mantenido cautivo en condiciones inhumanas en uno de los centros clandestinos de detención ubicados dentro de la Guarnición Militar de Campo de Mayo, donde además fue torturado. Luego se probó que encontrándose aún privado de la libertad, fue asesinado y aun continúa desaparecido
En tanto que Héctor Ratto, luego de intentar engañarlo y persuadirlo para que se retirara de la planta, ofreciéndole permiso de salida y diciéndole que habian llmado de su casa porque su hijo estaba enfermo, fue entregado por Tasselkraut el 12 de agosto de 1977, cuando le dijo que había personal policial de civil esperándolo afuera de la fábrica y que luego lo iba a llevar personal del Ejército.
Cuando ocurrieron los hechos, Tasselkraut se desempeñaba como gerente de producción de la automotriz alemana y jefe de la planta que la empresa tenía en González Catán, partido de La Matanza. Y junto a ambos secuestros de trabajadores y militantes sindicales de Mercedes Benz, la responsabilidad empresarial es también sobre otros 18 obreros y delegados que fueron víctimas del terrorismo de Estado y sólo 3 lograron sobrevivir, entre ellos Ratto.
Tasselkraut estaba imputado también por su rol en la detención ilegal de Fernando Omar del Contte, Alberto Gigena, Jorge Alberto Leichner Quilodran, Juan José Mosquera y Alberto Arenas, pero fue sobreseído por la jueza Alicia Vence y luego confirmado por la Cámara Federal de San Martín.
En la causa, la acusación está a cargo de la Fiscalía, y además de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, intervienen como querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Pablo Llonto junto a Elizabeth Gómez Alcorta, en representación de las víctimas.
“Estos juicios son importantes porque demuestra el rol de las empresas, en este caso una empresa trasnacionales pero con capitales nacionales, el beneficio que recibieron con la política económica de la última dictadura cívico militar. Y que para la imposición de esa política económica fue condición sine qua non el disciplinamiento de la clase trabajadora. Hoy escuchamos exactamente eso. Una clara muestra para imponer lo que hoy conocemos como neoliberalismo”, indicó el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno al finalizar la audiencia.
“Que hoy estemos juzgando la complicidad de civiles es un hecho inédito en el contexto internacional. Sabemos muy bien que dictaduras militares hubo en todo el cono sur, pero un ningún país se logro avanzar en las políticas reparatorias como lo estamos logrando en Argentina. Y eso se debe a dos grandes factores: a decisiones políticas que permitieron la eliminación de las leyes de impunidad y permitieron la apertura de los juicios, pero sobre todo la movilización social”, agregó Moreno.
Tribunal y audiencias
El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín que lleva adelante el juicio está integrado por Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Matías Alejandro Mancini e intervienen el fiscal general Marcelo García Berro y la auxiliar fiscal Mercedes Soiza Reilly.
En esta primera audiencia que contó con un nutrido público, se leyeron los cargos contra el imputado presente en la sala y luego respondió preguntas de la fiscalía.
La próxima jornada tendrá lugar el jueves 29 de octubre a las 9 horas, instancia en la que continuará la indagatoria al imputado.
Al finalizar la audiencia, la Agrupación Hijos Capital y diversas organizaciones de Derechos Humanos, gremiales y barriales llevaron a cabo frente a los Tribunales de San Martín un acto en conmemoración del Día Nacional por el Derecho a la Identidad establecido por Ley 26.001, sancionada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2004 durante la Presidencia de Néstor Kirchner.