Se trata de los casos de Florencia Albornoz y Analía Aros Soto, víctimas de femicidio en la provincia de Buenos Aires.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, suscribió dos nuevos acuerdos de solución amistosa en casos en trámite ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Comité CEDAW), con la presencia del Subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno.
La firma de estos acuerdos -que se concretó hoy en un acto en el Archivo Nacional de la Memoria, en la ex ESMA-, se enmarca en una política inédita de soluciones amistosas y reparación a las víctimas en la República Argentina que se viene desarrollando desde el inicio de la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos.
En concreto, hasta 2019 se habían firmado 25 acuerdos de solución amistosa y 3 de cumplimiento de recomendaciones. En los últimos 3 años, se firmaron otros 39 acuerdos ante organismos internacionales de derechos humanos.
Entre las temáticas abarcadas en los acuerdos firmados ante el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, se destacan los casos relativos a derechos de las mujeres y diversidades.
La promoción de la firma e implementación de este tipo de acuerdos demuestra el compromiso del Estado argentino por reparar deudas históricas por violaciones de derechos humanos padecidas por víctimas concretas, pero también para avanzar en políticas públicas que garanticen institucionalmente, su no repetición.
Al respecto, el secretario Pietragalla Corti afirmó: “Con la firma de estos acuerdos, el Estado reconoce su responsabilidad internacional porque no se tomaron medidas adecuadas para evitar que los femicidios de Florencia y de Analía sucedieran, cuando existían claras denuncias previas de las víctimas.
Participaron del acto las familias de Analía y Florencia, además de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Javier Salgado y la directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría, Gabriela Kletzel.
También estuvieron presentes la subsecretaria de Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencias de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, la directora Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Romina Cutura y la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky.
Además, asistieron los abogados que brindaron asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo, Christian Berndt Castiglione y Mario Candia Falcón, quienes agradecieron la actitud del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos que representó al Estado argentino y subrayaron “la posición empática con la que se encaró la discusión en el comité CEDAW y el ejemplo que eso implica para el derecho internacional”.
Los casos que motivan los acuerdos ante el Comité Cedaw de la ONU
En el caso de Analía Aros Soto, el Estado reconoce responsabilidad porque el tratamiento del caso por los/as funcionarios/as policiales y del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires no evidenció tener en cuenta las obligaciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos.
Analía Aros Soto fue asesinada el 21 de marzo de 2017, por su ex pareja, en la ciudad de Mar del Plata. La Comisaría que recepcionó la denuncia de Analía demoró más de 48 horas en elevarla a la fiscalía que debía solicitar la restricción de acercamiento. En ese lapso, Analía fue asesinada. A su tiempo, el Ministerio Público no investigó las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Florencia Albornoz fue asesinada el 17 de enero de 2010 por su ex pareja, un policía que prestaba servicios en una Comisaría de Quilmes. El Estado argentino reconoce su responsabilidad, toda vez que falló el deber de prevención al poner al cuidado de una víctima de violencia por motivos de género, a la misma comisaría en la cual trabajaba su agresor. Además, luego del femicidio, la sentencia judicial de condena contuvo varios estereotipos con los que se buscó atenuar la pena, justificando, de algún modo, el accionar del femicida.
La firma de ambos acuerdos es posible gracias al compromiso de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, que trabajaron junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para alcanzar los consensos necesarios para la reparación integral de las víctimas.
Los acuerdos establecen diversas medidas de reparación en cabeza del Estado Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Así, entre los compromisos asumidos, se encuentran la asistencia psicológica a los familiares de las víctimas y la inclusión de los casos en diversas instancias de capacitación de las fuerzas de seguridad bonaerenses.
Los acuerdos de solución amistosa son mecanismos que permiten resolver denuncias ante los órganos internacionales y regionales de protección de derechos humanos mediante consensos entre la parte peticionaria y el Estado. Estos acuerdos permiten la reparación concreta de víctimas de violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, el impulso de medidas y políticas de trascendencia institucional.
