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El viernes 26 habrá sentencia en la Mega Causa Zona V

Con 155 audiencias y dos inspecciones oculares, 188 testigos y 333 víctimas, el octavo juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca llega a su instancia final, con 32 imputados en el banquillo virtual de los acusados.

Lesa humanidad

Casi cuatro años después de su inicio, el 17 de febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) dará lectura al fallo en el mayor juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura realizado hasta el momento en la ciudad.

El proceso judicial investigó crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el ámbito del V Cuerpo de Ejército y constituye uno de los juicios más extensos desarrollados en Bahía Blanca. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires participa en carácter de querellante, junto a H.I.J.O.S. con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y el juzgamiento de los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

La etapa de alegatos comenzó en la audiencia 89 realizada el 11 de abril de 2024, en la que el Ministerio Público Fiscal inició la exposición de sus conclusiones finales basadas en la prueba producida durante el extenso debate oral. En sus presentaciones se sostuvo la existencia de un plan sistemático de represión ilegal implementado en la Zona V, con la participación coordinada de fuerzas militares, policiales y de inteligencia.

En ese marco, el fiscal general Miguel Palazzani detalló que en esta Mega Causa “hay 333 víctimas, de las cuales 248 aún esperan el reconocimiento de sus padecimientos y la correspondiente reparación, 21 no han podido velar los restos de sus seres queridos. También se investiga el robo de dos bebés nacidos en cautiverio en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) La Escuelita, así como la agresión sexual a cinco mujeres, sin dejar de señalar que estos abusos fueron generalizados”.

Durante las audiencias siguientes, la querella de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, integrada por Mónica Fernández Avello, Anahí Junquera y Alejandra Santucho, desarrolló una reconstrucción integral del accionar represivo, abordando el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, las prácticas de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, así como la persecución política y sindical desplegada en la región. En ese contexto, se expusieron de manera específica los delitos de violencia sexual cometidos durante el cautiverio y se incorporaron casos que involucraron a personas embarazadas, niñas, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado.

En la audiencia 119, llevada a cabo el 3 de febrero de 2025, fue el turno del alegato de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. El equipo integrado por Verónica Bogliano, Alejandra García y Sebastián Metz fundamentó su acusación respecto de 101 víctimas y 28 imputados. En esa instancia se sistematizaron las responsabilidades jerárquicas y funcionales de los acusados en relación con los hechos acreditados a lo largo del proceso judicial. Por los delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad, homicidio agravado, tormentos, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, la querella solicitó la condena de los imputados.

En las audiencias posteriores se desarrollaron los alegatos de las defensas, tanto oficiales como particulares, en los que se solicitaron absoluciones y se formularon cuestionamientos a la valoración de la prueba. Luego, el juicio ingresó en la etapa de réplicas y dúplicas, conforme al cronograma fijado por el TOCF de Bahía Blanca.

Durante las réplicas del Ministerio Público, el fiscal auxiliar Pablo Fermento se refirió a los planteos formulados por las defensas a lo largo del debate y señaló:

“Nos vemos en el deber de detenernos en aquello que ha sido transversal a todos los alegatos de las defensas, y que lo saben los señores jueces, que ha consistido en una maniobra de distracción de la teoría del caso, para desplazar la cuestión hacia un ataque de deslegitimación al Ministerio Público Fiscal, a las partes querellantes y, prácticamente, a la justicia en general”.

Además, agregó: “Consideramos que se trata de un ataque aún más amplio, dirigido directamente al proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos en el país, bajo la falacia de que todos los esfuerzos de investigación y los avances institucionales en materia de memoria, verdad y justicia responden a un supuesto programa de persecución política, caracterizado como una gran conspiración. Desde esta óptica no hay posibilidad de discusión fáctica, porque las defensas parten de la premisa de que toda prueba producida es falsa, inventada o alterada”.

Posteriormente, el fiscal general Miguel Palazzani destacó la relevancia histórica del proceso judicial y el valor del registro audiovisual del juicio. Antes de escuchar las dúplicas de las defensas particulares, afirmó:

“La historia ha querido que tengamos el privilegio de participar en este juicio que, sin dudas, es el más importante realizado en la ciudad de Bahía Blanca. Todos los participantes somos privilegiados, tanto desde el punto de vista humano como profesional. Estos documentos están videograbados y, dentro de 50 años o más, podrán ser vistos”.

En su intervención, Palazzani también se refirió a la responsabilidad del Estado en relación con las personas desaparecidas y la restitución de identidad de niñas y niños apropiados durante la dictadura:

“Hasta que no aparezcan todas las personas desaparecidas y hasta que no se restablezca la identidad de los niños apropiados que aún seguimos buscando, el Estado argentino, y con él todos nosotros, seguirá siendo responsable de esta deuda con la sociedad. Hasta que ese día llegue, seguiremos diciendo aquí, ahora y siempre que son 30.000”.

Finalmente, antes de que el presidente del Tribunal anunciara la fecha de lectura del fallo, algunos de los imputados hicieron uso de su derecho a expresar sus últimas palabras.

La sentencia será el viernes 26 de diciembre a las 9 horas.

La lectura del fallo podrá presenciarse en la sede del Tribunal, ubicada en Lavalle y Chiclana, con presentación de DNI, o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: youtube.com/derechoshumanospba

El TOCF de Bahía Blanca está integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido, y juzga a 32 imputados, militares y policías, acusados de delitos de secuestro, tortura, homicidio, desaparición forzada, robo de bebés y abusos sexuales, cometidos contra 333 víctimas durante la dictadura cívico-militar en el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

De los 52 imputados iniciales, 32 llegaron a la instancia final del debate. Se trata de ex miembros del Ejército, en su mayoría oficiales de la jefatura del V Cuerpo de Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181, ex integrantes de fuerzas de seguridad y agentes penitenciarios. Dos de ellos fueron profesionales de salud del Ejército: Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, acusados de haber brindado atención médica a las víctimas del CCDTyE La Escuelita.

La Mega Causa Zona V en contexto

Según el Informe Anual 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 357 sentencias en todo el país, con un total de 1.208 personas condenadas y 247 absueltas. En 2025 se registró la mayor cantidad de absoluciones en los 19 años que llevan estos procesos de justicia.

La Procuraduría señala que existen más de 700 causas en trámite por crímenes de lesa humanidad y que la mayoría de las personas condenadas o procesadas cumple medidas de detención bajo la modalidad de arresto domiciliario. En la actualidad, hay 515 personas privadas de su libertad por delitos de lesa humanidad, de las cuales 434 se encuentran detenidas en su domicilio. También el informe anual destaca el incremento de sentencias que contemplan delitos de violencia sexual, en consonancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Con la lectura de la sentencia prevista para el 26 de diciembre, el juicio de la Mega Causa Zona V se encamina a su instancia final, en el marco del proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.

Aquí, la lista actualizada de los imputados por delitos de lesa humanidad en la Mega Causa Zona V que escucharán la sentencia:

1.         Mario Horacio TORRES

2.         Osvaldo Bernardino PÁEZ

3.         Carlos Alberto FERREYRA

4.         Jorge Aníbal MASSON

5.         Jorge Horacio ROJAS

6.         Osvaldo Lucio SIERRA

7.         Enrique José DEL PINO

8.         Carlos Enrique VILLANUEVA

9.         Guillermo Julio GONZALEZ CHIPONT

10.       Norberto Eduardo CONDAL

11.       Jorge Horacio GRANADA

12.       Carlos Alberto TAFFAREL

13.       Víctor Raúl AGUIRRE

14.       Humberto Luis Fortunato ADALBERTI

15.       Adalberto Osvaldo BONINI

16.       Bernardo Artemio CABEZÓN

17.       José Marcelino CASANOVAS

18.       Arsenio LAVAYEN

19.       Raúl Artemio DOMINGUEZ

20.       Alejandro LAWLESS

21.       Alberto Daniel REY PARDELLAS

22.       José Antonio MAIDANA

23.       Ricardo Claudio GANDOLFO

24.       Raúl Esteban ANDRÉS

25.       Enrique STEL

26.       Eduardo Carlos VIDELA

27.       Vicente Alfredo FLORES

28.       Martín GUTIÉRREZ VELASCO

29.       Claudio Alejandro KUSSMAN

30.       Héctor Jorge ABELLEIRA

31.       Roberto Carlos BRUNELLO

32.       Ernesto Ramón ETCHART