La Subsecretaría es querellante en la causa y pidió al Tribunal Oral Federal Nº1 la realización de tres audiencias por semana para asegurar que las vìctimas accedan a la justicia a tiempo.
La Subsecretaría pidió realizar tres audiencias semanales.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Directora de Querellas en Crímenes de Lesa Humanidad y Leyes Reparatorias, Verónica Bogliano, pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata ampliar la cantidad de audiencias en el Juicio Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y CCDyT El Infierno.
La solicitud fue realizada en el marco de la audiencia de este martes por la querella de la Subsecretaría, que lleva adelante Bogliano, para que los jueces del TOF1 conformado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico, ordenen y organicen la realización de por lo menos tres audiencias por semana -hoy es una semanal- en el debate, con el objetivo de llegar a un proceso de justicia en tiempo, y evitar que el paso del tiempo genere la impunidad biológica para los acusados y la consecuente ausencia de reparación para las víctimas.
El pedido fue realizado luego de la declaración de las víctimas en este juicio Laura Franchi, sus hijas Silvina Stirnemann, que nació durante la detención de su madre, y María Laura Stirnemann, quien compartió cautiverio con su mamá en el Pozo de Quilmes. Las mujeres recordaron en sus declaraciones que no tuvieron justicia por la desaparición de su esposo y padre, Mario Alfredo Stirnemann, en el debate oral por el CCDTyE Puente 12 por el fallecimiento del único acusado por ese caso.
Entre los argumentos, Bogliano planteó además que es necesario evitar lo que ya ocurrió en el juicio por la Brigada de San Justo, que concluyó en diciembre pasado y en el que la Subsecretaría también es querellante, donde murieron sin la certidumbre de la sentencia alrededor de once víctimas, familiares y luchadores de derechos humanos, y en el que también fallecieron seis imputados. Es necesario tener un proceso judicial en tiempo para garantizar la reparación histórica de las víctimas, sus familiares, el movimiento de derechos humanos y la sociedad toda.
