Declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata los testigos Orlando Edmundo Ubiedo, Lidia Esther Biscarte y Gustavo Javier Fernández.
Lesa Humanidad.
En el marco del juicio oral y público que investiga los delitos perpetrados en los ex Centros Clandestinos de Detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno de Avellaneda, el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata tomó declaración a tres testigos.
En primer lugar, declaró Orlando Edmundo Ubiedo, hermano de Valerio Salvador Ubiedo, trabajador del Molino San Sebastián de Escobar y delegado de la Unión Obrera Molinera. Ubiedo dio cuenta de las circunstancias en las que su hermano Valerio fue secuestrado “ mientras mi hermano se encontraba con familiares en la casa de un tío, ingresó al domicilio Luis Abelardo Patti junto con el Ejército, fue trasladado a un caserón en Cordales, cerca de la ruta 4 donde fue torturado y golpeado. Al día siguiente, fue liberado sobre la ruta 4 atado de manos”.
Seguidamente relató un segundo secuestro de su hermano, que se produjo después del Golpe de Estado, el 2 de abril de 1976, donde también intervino Patti junto con el Ejército. En esa ocasión fue trasladado al Pozo de Banfield donde fue torturado y golpeado al punto de fisurarle una costilla. Según le relató su hermano, hoy fallecido, allí compartió cautiverio con Marta Velazco, Lagarone y Buda, entre otros compañeros. Luego de estar secuestrado un tiempo en el Pozo de Banfield, fue puesto a disposición del PEN, trasladado a Sierra Chica, donde estuvo aproximadamente 2 años y luego en la Unidad 9 de La Plata, donde recuperó su libertad en 1981.
Asimismo, el testigo relató al tribunal las persecuciones sufridas y las consecuencias que tuvo el secuestro de su hermano, que terminó con la pérdida de su padre a causa de un infarto. También explicó al tribunal que siempre los persiguieron y que a su familia la tenían aterrorizada.
A continuación se le tomó declaración a Lidia Esther Biscarte, “la china”, la testigo relató el momento en que fue secuestrada el 27 de marzo de 1976 mientras se encontraba en su domicilio ubicado en la localidad de Zárate, junto con sus hijos de 9 y 1 año. Biscarte explicó al tribunal que la irrupción en su casa fue muy violenta, fue golpeada y sus hijos fueron atados, la envolvieron en una sábana, la sacaron de su casa y la llevaron a la Comisaría de Zárate, donde fue torturada y golpeada estando desnuda y vendada. Allí comenzó su recorrido por varios centros clandestinos, fue trasladada a la Prefectura de Zárate y luego al Arsenal de Zárate, donde fue víctima de violación.
Biscarte también permaneció secuestrada en el barco ARA Murature, donde pudo reconocer al médico represor Di Nápoli, relató que cuando estuvo secuestrada en el barco, le practicaron el denominado “submarino” en el río. Según sus palabras, en ese momento “vió la muerte”, sintió que “se le iba la vida” y refirió que “quería mil veces que le pegaran un tiro” antes de seguir sufriendo todas las atrocidades que le realizaban. Continuó su relato indicando que luego del Arsenal fue trasladada junto con otras personas al Tiro Federal de Campana.
Por último, el tribunal tomó declaración testimonial a Gustavo Javier Fernández, hermano Carlos Fernández, actualmente desaparecido. Ambos eran militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros, su hermano era ceramista y profesor en una escuela de arte ubicada en la localidad de Luján.
Gustavo Fernández dio cuenta de las circunstancias en las que fue secuestrado junto a su hermano Carlos. Ambos se alojaban en una casa que les había prestado su compañero Miguel Prince y la noche del 26 o 27 de agosto de 1976 empezaron a escuchar golpes en la puerta, entraron varias personas pertenecientes al Comando Bruno Genta y los empezaron a golpear, les preguntaban por Miguel Prince quien no se encontraba en ese momento en la casa.
Fernández explicó al tribunal que allí fueron llevados a la Superintendencia de Seguridad Federal y que luego los trasladan, atados y vendados, a la comisaría de Avellaneda donde fueron interrogados mediante la tortura. En Avellaneda, los tuvieron sin comer, allí compartió cautiverio con Carlos Ochoa, un chico de 15 años de la ciudad de La Plata, otro muchacho de Gral. Rodríguez y que luego lo llevaron a Miguel Prince. También refirió la presencia de un grupo de uruguayos en dicho Centro Clandestino de detención.
En septiembre de 1976, fue llevado al Pozo de Quilmes junto a su hermano Carlos, donde compartió celda con Shapiro, militante del ERP. Luego los introdujeron en el baúl de un auto y los trasladaron a un lugar donde había una casa, pudo abrir la puerta del baúl y llamar a su hermano Carlos sin obtener respuesta alguna.
Finalmente pudo escapar hasta que llegó a la ruta 5, todo esto ocurrió el 1º de octubre de 1976, de su hermano no tuvo más novedades.
Los hechos que se juzgan
El juicio por los pozos de Banfield y Quilmes unifica una serie de causas, la primera de ellas elevada a juicio hace ocho años. Se trata de dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar.
En el caso de El Infierno se investigará la responsabilidad de cuatro policías de la Provincia de Buenos Aires y un civil por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, hechos incluidos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ex CCDyT “El Infierno” ubicado en Avellaneda.
El Tribunal Oral Federal N 1 de La Plata está conformado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervienen Hernán Shapiro, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira.
A través de la Dirección de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad y Leyes Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Provincia es querellante en este debate en el que se investigará la responsabilidad de los imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores. La Dirección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad acompaña a las víctimas y familiares en este juicio.
