El Ministerio Público Fiscal continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio en una nueva jornada llevada a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Lesa Humanidad
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos prosiguió con la lectura de la requisitoria y la descripción de los hechos en los cuales fueron víctimas 145 personas, sumándose así a los 100 damnificados iniciales denunciados en la primera audiencia del debate. En la Megacausa se juzgan delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales contra 334 víctimas.
Los auxiliares fiscales Pablo Fermento, Paula Molini y José Nebbia fueron los encargados de continuar con la lectura en esta segunda audiencia. Entre las numerosas víctimas, fueron nombradas dos mujeres secuestradas mientras cursaban un embarazo. En primer lugar se nombró el caso de María Graciela Izurieta, quien estuvo en el centro clandestino detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita” al menos durante 5 meses, y luego de nacido su bebé, fue desaparecida.
Posteriormente, se denunció el caso de Graciela Alicia Romero, secuestrada en la ciudad de Cutral Có, trasladada primero al CCDyT “Escuelita” de Neuquén y luego a “La Escuelita” en Bahía Blanca, donde dio a luz a un niño. El avanzado estado de embarazo de Graciela no pasó inadvertido para sus compañeras y compañeros de cautiverio que la recuerdan a través de los años como a “la embarazada que daba vueltas alrededor de una mesa”. Ambas continúan desaparecidas, sus hijos nacidos en cautiverio, también.
Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se pudo observar lo que ya habían nombrado los fiscales en la primera audiencia: secuestros en diversas ciudades de la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires, las cuales correspondían a las diferentes sub zonas en las que estaba dividido el Comando V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca, a donde a priori eran trasladadas las víctimas.
Un denominador común narrado en la audiencia fue la simulación de fusilamiento antes y después de un traslado, por ejemplo desde un CCDyT como “La Escuelita” a una Unidad Penitenciaria como podía ser la Nº 4 de Villa Floresta o la Unidad Penitenciaria Nº 6 de la ciudad de Rawson. Asimismo, las víctimas eran sometidas a teatralizaciones de juzgamiento realizadas por el llamado Consejo de Guerra Especial Estable.
Como es de público conocimiento, otros hechos habituales fueron los asesinatos en calles, rutas y caminos vecinales, que eran anoticiados como “enfrentamientos” entre las fuerzas represivas y las y los desaparecidos. Dichos eventos fueron continuamente descriptos por el diario La Nueva Provincia, muchas veces replicador de los comunicados oficiales del Ejército tal cual eran creados.
La tortura psicológica coordinada fue un delito denunciado en esta segunda audiencia: liberaban en un lugar a un detenido y a los pocos minutos era nuevamente capturado por otra fuerza represiva. Además, se obligaba a las víctimas a realizar careos entre sí como también era frecuente el amedrentamiento a través del juego de la ruleta rusa.
Complicidad policial, eclesiástica y judicial
Varios familiares de las víctimas, mientras ellas estaban detenidas ilegalmente, hicieron reiterados reclamos en busca de información de sus parientes, sin resultados positivos. Concretaron visitas al Comando V Cuerpo de Ejército, realizaron denuncias en comisarías de las Policías Bonaerense y Federal, y concertaron entrevistas con sacerdotes como Dante Inocencio Vega, Monseñor Jorge Mayer y el obispo de la ciudad, Emilio Ogñenovich.
En este sentido, también presentaron habeas corpus que fueron rechazados sistemáticamente por jueces como Madueño, Bentivegna y Tarabelli. Por ejemplo, el Juez Federal de Bahía Blanca, Guillermo Madueño archivaba las actuaciones y ante ciertas presentaciones les imponía costas a los accionantes. En suma, los familiares recibían amenazas, hostigamientos, disparos intimidatorios, llamadas telefónicas para que cesaran con sus gestiones para encontrar a las víctimas.
El juicio
La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de la abogada Verónica Bogliano, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca, son querellantes en este juicio de lesa humanidad, el más grande en la historia de la provincia de Buenos Aires, conocido como Megacausa Zona V.
El TOF de Bahía Blanca está integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido y juzagará a 38 imputados: militares y policías acusados por delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales, cometidos contra 334 víctimas durante la dictadura cívico militar en el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia
De los 52 imputados iniciales, 12 murieron y dos fueron declarados incapaces, Jesús Salinas y José María Martínez. La mayoría de ellos integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita” ubicado en Bahía Blanca.
Además, se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca, como así también las responsabilidades de un médico y un enfermero del Ejército.
El juicio continuará el jueves 3 de marzo a las 9 horas. A lo largo de las audiencias declararán 220 testigos y se estima que podría llegar a durar dos años. El debate en Bahía Blanca se pueden seguir en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba
