La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires participó de la audiencia que se realizó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Causa Malvinas
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires participó de la audiencia que se realizó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia por el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Gustavo Malacalza, que buscaba que se cierre la causa que investiga las torturas denunciadas por los soldados durante la guerra de Malvinas. La querella de la Provincia ratificó que esos crímenes deben ser considerados de lesa humanidad en tanto constituyen graves violaciones a los derechos humanos y como tales son imprescriptibles.
En la audiencia participó la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense que lleva adelante a través de la Dirección de Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, junto a integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM).
Las querellas refutaron los argumentos de las defensas y ratificaron que los aberrantes crímenes ocurridos en las islas deben ser considerados de Lesa Humanidad o al menos tenidos en cuenta como graves violaciones a los derechos humanos, motivos ambos que le otorgan la característica de imprescriptibles por lo que deben ser investigados y juzgados.
Además, pusieron de relieve la responsabilidad internacional que acarrearía al Estado nacional que el Poder Judicial, siendo uno de sus tres poderes, no los investigue por revestir tal carácter.
El planteo de la acusación apuntó a revertir los argumentos de la defensa particular que buscan generar la construcción de un sentido común que intenta instalar la idea de que las múltiples denuncias se tienen sobre las torturas y vejámenes padecidos por los soldados conscriptos durante el período que estuvieron apostados en la Islas en el conflicto bélico ocurrido en el año 1982, no existieron y que, además, se encuentran prescriptos.
Esa línea argumentativa que siguió la línea editorial que el último fin de semana publicó un diario de tirada nacional respecto de una causa relacionada, se inscribe en el relato postdictatorial respecto del sistema nacional de represión y desaparición de opositores políticos que planteaba los hechos como supuestos “excesos”.
Para la Subsecretaría de Derechos Humanos y el CECIM los hechos no están en discusión, existe una cuantía importante de actas, documentos y un informe emanado por las propias Fuerzas Armadas, donde se ratifican los dichos de los soldados.
Las querellas hicieron hincapié en la importancia de poder entender los hechos que se investigan dentro de los procesos históricos en los que ocurrieron, y de no concebir a la Guerra de Malvinas como un episodio aislado de la historia: el conflicto armado hay que entenderlo enmarcado dentro del plan sistemático exterminio impuesto durante la última dictadura cívico-militar al mando de la misma Fuerzas Armadas que fue al conflicto del Atlántico Sur, que hambreó, debilitó y torturó a su propia tropa.
Decir que esos son delitos prescritos implica debilitar las instituciones democráticas, y sobretodo avasallar la subjetividad nacional, negando el derecho a la Verdad y el efectivo acceso a la justicia, palabras que no solo son banderas de los organismos de derechos humanos sino absolutamente necesarios para poder ser resguardar la memoria social.
