Los defensores de los 12 imputados afirmaron en sus alegatos que sus asistidos no tuvieron “nada que ver” con los atroces delitos que se les atribuyen y que deben ser absueltos. El 26 de marzo se leerá la sentencia.
Juicio Brigadas por crímenes de lesa humanidad
Los cinco abogados defensores de los siete ex militares, cuatro ex policías y un civil, imputados en este juicio por los delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio perpetrados en las Brigadas de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús (con asiento en Avellaneda) en 1974 y 1979, afirmaron en las últimas cuatro audiencias que sus asistidos no tuvieron “nada que ver” con los hechos, que “no hay pruebas suficientes” y que ante el “beneficio de la duda” deben ser absueltos. Aclararon que no cuestionaban la materialidad de los hechos y rechazaron la revocatoria de las domiciliarias solicitadas por las querellas y también que se les anulen sus jubilaciones.
El TOF Nº1 leerá la sentencia el 26 de marzo a las 13 horas.
La mayoría de los imputados, que utilizó su derecho a sus últimas palabras antes de que el Tribunal de a conocer la sentencia, afirmaron que no estaban en el lugar de los hechos, que se dedicaban a otras tareas, que los sobrevivientes y familiares los confundían contra persona, o que había otros miembros de las fuerzas de seguridad con su mismo apellido.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió en su pormenorizado alegato que desarrolló a lo largo de nueve audiencias, que los imputados sean condenados a prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravado por violencias y amenazas, aplicación de tormentos contra perseguido político; privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, aborto forzoso, sustracción, retención y ocultación de menor de 10 años, homicidio calificado y desaparición forzada en el marco de un genocidio.
La sentencia
Dos días después de que se cumplan 48 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata leerá la sentencia que pondrá fin al juicio oral y público que comenzó el 27 de octubre de 2020, en plena pandemia y con el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz con vida y en la cárcel.
La cita presencial, en los Tribunales Federales platenses, en la calle 8 entre 50 y 51, y virtual a través de La Retaguardia, será el próximo martes 26 de marzo a las 13 horas. En las horas previas, cuatro de los imputados, habrán utilizado su derecho a sus últimas palabras para repetir la misma estrategia de sus co-imputados.
Este juicio por los llamados Pozos de Banfield, de Quilmes y “El Infierno” de Lanús llegará a su fin con Etchecolatz muerto en el camino. Aunque falleció el 2 de julio de 2022 ya con nueve condenas a prisión perpetua sobre sus espaldas, se fue de este mundo impune por los delitos que se expusieron durante más de tres años y medios en este juicio. El feroz represor fue Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense que tuvo a su cargo las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús.
Los fundamentos se darán a conocer el 5 de julio a las 17 horas debido a la envergadura de la causa y a la duración del debate oral y público, anunció el presidente del Tribunal Ricardo Basílico.
A lo largo de cuatro audiencias, 137, 138, 139 y 140, las defensas expusieron sus argumentos.
El defensor de Barré, abogado del estudio del Ministro de Justicia
Augusto Garrido, abogado que pertenece al estudio jurídico del actual ministro de Justicia del gobierno negacionista de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, fue el primero en alegar en defensa del ex policía Enrique Augusto Barre, que fue número dos de Juan Miguel Wolk en el Pozo de Banfield.
El letrado que expuso algunas frases encendidas al asegurar que el ex dictador Jorge Rafael “Videla (fue) el peor asesino de la historia” o que se trató de la “dictadura latinoamericana más fea”, negó todos los cargos contra Barré y pidió la nulidad parcial de las actuaciones del MPF.
“Barré no tuvo absolutamente ninguna responsabilidad en los hechos que tuvieron lugar en el primer semestre de 1975 en Banfield” pues estaba en la Escuela de Policía y tampoco “entre abril y mayo de 1976”.
“En Banfield trabajaban cientos de personas, había muchas divisiones. Barré tuvo la infinita malasuerte que se eligió la sede de Banfield para que allí funcionara” la División Delitos contra la Propiedad, área en la que supuestamente se desempeñaba. “Barré era una policía ejemplar hasta su injusta detención hace nueve años”, sostuvo.
Consideró que si había personas detenidas allí “las órdenes las daba Videla”.
“Soy absolutamente sincero, tengo la plena convicción de que Barré es inocente”, dijo su abogado defensor antes de pedir su absolución y en el caso de que el Tribunal considere lo contrario pidió que se trate una “participación secundaria sin dominio del hecho” porque su defendido no puede ser “equiparado (…) con los altos jerarcas de la dictadura, Videla, Massera, Camps o el mismo Etchecolatz”, sostuvo.
Defensores de Federico Minicucci: “estos juicios son ilegales”
En la audiencia del martes 12 de marzo, los abogados defensores de Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento III de Infantería de La Tablada, que da nombre a esta causa, Gerardo y Carmen Ibañez afirmaron que
“No vamos a cuestionar ninguno de los hechos que han sido objeto del planteo acusatorio de la Fiscalía. No ponemos en duda si los hechos ocurrieron o no”, sostuvo Gerardo Ibañez, antes de afirmar que “estos juicios son ilegales, inconstitucionales, tienen una raíz política”.
“Hay una decisión política de someter a juicio a todas estas personas ha como de lugar, sin importar cuanta norma de nuestra Constitución se haya violado”, agregó el letrado.
Consideró que “los hechos están prescriptos”, no pueden ser juzados y que su defendido debe ser absuelto “porque pasaron los años”.
Falta de pruebas y absolución
Los abogados de oficio Gastón Barreiro y Pablo Beltracchi hicieron su alegato en representación de los imputados Carlos Gustavo Fontana, Jorge Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda, Guillermo Domínguez Matheu, Julio Candioti, Jorge Antonio Bergés, Juan Miguel Wolk, Horacio Luis Castillo y Jaime Lamont Smart.
También basaron su alegatos en la “prescripción de la acción penal”, y solicitaron “la absolución de culpa y cargo” y la “inmediata libertad” de sus asistidos.
“Queremos dejar en claro (…) que bajo ningún contexto vamos a hacer una postura ideológica. Ni venimos a justificar la violencia vivida por la sociedad argentina desde mediados de los años 70 y avanzados los años 80 con la vuelta de la democracia, pero sí haré especial hincapié en algunas consideraciones que se ajustan a derecho y reiterando en cada oportunidad sobre el criterio que contraría la ley y agrava las garantías de nuestros asistidos”, dijo Barreiro que dijo presentar una “defensa técnica”.
“No vamos a cuestionar lo ocurrido en nuestro, país pero si la responsabilidad que le cabe a cada uno de nuestros asistidos (…) como el encuadre de la figura de lesa humanidad y de genocidio”, sostuvo.
A su turno, Beltracchi indicó que “son numerosos los testigos que no pudieron identificar los lugares en los que estuvieron. Algunas características corresponderían a alguno de los edificios pero no son determinantes” y entendió que “con la prueba reunida no puede afirmarse con certeza que hayan tenido lugar en el ambito espacial Banfield, Quilmes o Lanús en el que las acusadoras los ubican”. Luego habló de “inconsistencia probatoria”.
“Nada se probó”, “ni siquiera pudieron probar”, “de ningún modo puede atribuírsele responsabilidad”, “ausencia total de medios de probanza”, fueron las frases reiteradas por esa defensa de 10 de los 12 imputados para los cuales pidió la absolución del Tribunal que junto a Basílico integran los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
Respecto del médico policial Jorge Antonio Bergés, el argumento de su defensa fue que ya ha sido juzgado y citó palabras del propio Bergés en su indagatoria al afirmar que no se desempeñó en las Brigadas de Banfield y de Quilmes en la “época de los hechos”.
“Los testimonios del juicio deben ser tomados con extrema cautela por el paso del tiempo y las contradicciones que surgen de las mismas”, llegó a decir el letrado que inclusive consideró “endeble” la prueba presentada.
Sobre Juan Miguel Wolk comisario mayor en la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana que pertenecía a la Brigada de Banfield, sus defensores dijeron que el imputado “refirió desconocer los hechos” . “No se le puede atribuir que sólo su cargo sea una prueba”, indicaron.
Respecto de Horacio Luis Castillo admitieron que cumplió funciones en las Brigadas de Lanús y de Banfield y aunque estuvo allí en las fechas de los hechos “no está probado que tuvo participación en el sistema represivo” y entendieron que hay “dudas en cuanto a su identidad”.
Barreiro se hizo cargo del alegato para defensar a Jaime Lamont Smart, entonces ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires e insistir en que no fue “intermediario entre la Policía y el Gobernador” y que estaba “excluido de la lucha contra la subversión”.
“No tuvo ninguna relación con los hechos investigados (…) Nunca concurrió a una comisaría o unidad regional o dependencia policial”, afirmó el letrado.
Para el cierre de su alegato, Beltracchi pidió al Tribunal que declare la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 19 del Código Penal por cuanto consideró que sus asistidos “tienen el derecho de seguir percibiendo el haber jubilatorio o el haber del retiro”, pues además “padecen serios cuadros patológicos”.
Ese argumento también utilizó Barreiro para rechazar el pedido de revocatoria de las domiciliarias que efectuaron de forma unánime las querellas acusatorias porque debe “imperar el principio de humanidad y de racionalidad republicana”, sostuvo el abogado.
Y es más: “el sistema no se encuentra preparado para recibirlos”, sostuvo al referirse al servicio penitenciario federal en el caso de personas de avanzada edad.
En la audiencia del 14 de marzo tuvieron lugar las réplicas y dúplicas entre las partes y el martes 19 de marzo los imputados tuvieron su derecho a las últimas palabras. Ese día, todos aparecieron en el zoom virtual de la audiencia. A la hora de hablar –excepto Minicucci que no quiso hacerlo- declararon su inocencia, volvieron sobre la falta de pruebas, o dijeron, como Castillo que “teníamos absolutamente vedado acercarnos a la zona de la Brigada donde estaban alojados los detenidos subversivos”.
Llamativamente, en el caso de Carlos María Romero Pavón, a la hora de sus últimas palabras dijo: “no me queda otra alternativa que (…) apelar a la Constitución que determina la garantía de los ciudadanos”.
Lamont Smart, condenado a varias perpetuas en otras causas, incluso una condena recayó sobre él hace apenas unos días, habló de si mismo en tercera persona (“no surge en ningún momento que Smart haya intervenido en algo”) y se permitió atacar a la auxiliar fiscal, Ana Oberlín.
Wolk le echó la culpa a Etchecolatz porque era “el que manejaba todo”.
Los imputados Balmaceda, Bergés, Di Pasquale y Candioti tuvieron ese día problemas de conectividad y de electricidad cuando llegó el momento de decir sus últimas palabras.
Desde el inicio del juicio murieron impunes por los delitos ventilados en este juicio Emilio Herrero Anzorena, Miguel Angel Ferreyro, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Carlos Hidalgo Garzón, Eduardo Samuel De Lío y Ricardo Fernández.
Por estos CCD pasaron 442 víctimas. Más 500 testigos prestaron declaración ante el Tribunal en audiencias virtuales. Un puñado lo hizo de forma presencial.
Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.
