En la audiencia de hoy prestaron testimonio Adriana Beatríz García y Julieta Sahade.
Se realizó una nueva audiencia en el juicio que investiga los hechos ocurridos en los ex centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
La Ingeniera en construcciones Adriana Beatríz García expuso sobre el relevamiento realizado en el edificio donde funcionó la Brigada de Investigaciones de Lanús. La testigo informó al Tribunal sobre la estructura edilicia de dicho CCD, manifestó varias inconsistencias entre el plano de fin obra aprobado en el año 1978 y el relevamiento efectuado.
Dichas inconsistencias consisten en modificaciones edilicias que se habían realizado, siendo las más relevantes la construcción de un muro en en el sector de los calabozos, los baños y aberturas selladas ubicadas sobre la medianera de la propiedad lindera. Sobre esta última modificación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires solicitó al Tribunal se oficie al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires a fin de que informe sobre la titularidad de dicho inmueble lindero.
Luego declaró Julieta Sahade, Directora del Programa de Gestión y Preservación de Archivos de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM). La testigo dio cuenta de la documentación obrante en los Archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) sobre la causa que actualmente gestiona la CPM.
Sahade expuso en su declaración el organigrama de dicha Dirección de Inteligencia y las distintas modificaciones orgánicas que se fueron implementando con el objetivo de lograr mayor eficiencia para los fines por los cuales fue creada.
Asimismo, manifestó respecto de las distintas vinculaciones que la Dirección de Inteligencia mantenía con otras dependencias como por ejemplo la SIDE, la Jefatura 2 del Ejército y Prefectura entre otras, conformando de esta manera lo que la experta denominó “comunidad informativa”.
A su vez hizo mención a la documentación específica contenida dentro de los archivos como por ejemplo fichas personales de las personas que eran investigadas por estar sospechadas de tener vinculo con la “subversión”, legajos y memorandos que se distribuían entre la comunidad informativa.
Por último informó al Tribunal que de la compulsa de la documentación se pudo concluir que la ex DIPPBA ejercía una doble función o tenía una doble dependencia: la operacional sobre el comando de zona correspondiente al Ejército y un canal técnico en virtud del cual debía reportar directamente a la Jefatura 2 o al Batallón 601.
El Tribunal Oral Federal N 1 de La Plata está conformado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervienen Hernán Shapiro, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira.
A través de la Dirección de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad y Leyes Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia es querellante en este debate en el que se investigará la responsabilidad de los imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores.
Los hechos que se juzgan
El juicio por los pozos de Banfield y Quilmes unifica una serie de causas, la primera de ellas elevada a juicio hace ocho años. Se trata de dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar.
En el caso de El Infierno se investigará la responsabilidad de cuatro policías de la Provincia de Buenos Aires y un civil por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, hechos incluidos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ex CCDyT “El Infierno” ubicado en Avellaneda
