Los hermanos María Raquel y Mariano, reivindicaron la memoria de su madre desaparecida y su padre cuyos restos aparecieron en Lomas de Zamora. Washington Rodríguez y Felipe Favazza sobrevivieron al Pozo de Quilmes.
María Raquel Camps Pargas tenía 11 meses el 16 de agosto de 1977, el día en que fuerzas conjuntas secuestraron a su madre, Rosa María Pargas, en la esquina de su casa, y a su papá, Alberto Miguel Camps, baleado en el interior de la vivienda, en Lomas de Zamora. Él estaba con la bebita Y Rosa con el nene de tres años, Mariano.
Más de 40 años después, María Raquel recordó este martes ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata lo que pudo reconstruir de aquel día trágico para su familia, del cautiverio de su madre y de una búsqueda constante de memoria, verdad y justicia. “Los cuatro fuimos víctimas del terrorismo de Estado, mi mamá Rosa María Pargas, mi papá Alberto Miguel Camps, mi hermano Mariano Alfredo y yo”, comenzó diciendo María Raquel en el marco de la audiencia número 78 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes y “El Infierno” de Lanús, con asiento en Avellaneda.
Su madre, nacida en Gualeguaychú en 1949, había estudiado para maestra especial en su provincia pero en un momento decidió mudarse a La Plata para estudiar Sociología. Allí comenzó su militancia en las FAP y luego en las FAR. Fue detenida en los 70 y trasladada a la cárcel de Rawson donde también estaba detenido Alberto. Eran presos políticos. Luego “ocurre la fatídica Masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972. Mi padre es sobreviviente de esa masacre”, afirmó María Raquel durante su declaración virtual.
Trasladados a la cárcel de Devoto, ambos fueron liberados en mayo de 1973 con la amnistía dictada por el entonces presidente Héctor J. Cámpora. Entonces se casaron pero a fines de 1973 fueron nuevamente detenidos. En 1974 había nacido su hermano, lograron la opción con salida del país pero decidieron volver de forma clandestina y se instalaron en una casa en Lomas de Zamora. Para esto ya corría 1976 y Rosa estaba embarazada de María Raquel.
“El 16 de agosto del 77 rodearon la manzana de esa casa”, contó la testigo que según supo eran “fuerzas de seguridad con uniformes”. Su mamá había salido en bicicleta con su hermano y “la tumbaron en la esquina”, afirmó; y dijo que su mamá logró tomarse una pastilla de cianuro “pero lograron salvarla y la metieron en el baúl del auto”.
Ella tenía once meses y estaba con su papá en la casa ubicada en Beltrán 451. “Bajaron la casa a balazos. Hirieron a mi papá y yo me salvé porque él me puso a resguardo en el baño”, dijo. A su padre, muy herido, lo llevaron al Hospital Gandulfo y de allí lo trasladaron a otro nosocomio pero muere en el camino. Alberto tenia 28 años y Rosa 26. “Mis padres eran montoneros”, respondió a una pregunta de la Fiscalía.
Su hermano y ella estuvieron varios días secuestrados y llevados al Hogar “El Alba”, que según diría luego su Mariano, está en una zona alejada pasando Burzaco. El 5 de septiembre del 77 fueron recuperados por sus abuelos paternos.
A partir de los 20 años María Raquel acentuó su búsqueda para reconstruir lo ocurrido y sobre todo para reconstruir su propia historia. “No sé mi fecha exacta de nacimiento ni cuándo, ni cómo porque nací en la clandestinidad”, sostuvo ante el Tribunal. “Recién a partir de ahí pude llegar un poco a la verdad”, agregó.
“Empecé a reconstruir la historia con recuerdos de otros para saber por qué me llamaba Raquel Camps Pargas (…) Pude reconstruir a través de la palabra y la memoria, no sólo a mis padres como militantes”, aseguró.
“Cuando mi abuela salía, le robaba fotos, le robaba historia”, dijo esta mujer que fue criada por sus abuelos Sofía Miersky y Alberto Fernán Camps.
Y aseguró con profundo pesar: “tuvimos que conocer centros clandestinos para acercarnos aunque sea al último lugar en que estuvieron mis padres”. Por relatos de sobrevivientes supo que su madre fue llevada al Vesubio y luego al Pozo de Quilmes, por unos días. “Nunca más supimos de ella. Nunca más pudimos recuperar sus restos”, afirmó, sin perder la esperanza. “Todavía estamos aguardando que tal vez tangamos la posibilidad de darle sepultura”.
En 2001 exhumaron los restos de su padre que había sido enterrado en “una fosa común en Lomas de Zamora”.
Al concluir su testimonio sostuvo que con los años “entendí que ese camino de memoria y verdad era necesario para llegar a la justicia” porque “la justicia es fundamental”, sostuvo esta mujer que inició junto con su hermano un juicio civil en Estados Unidos contra el “único genocida impune que queda de la Masacre de Trelew”, refiriéndose al ex oficial naval Guillermo Bravo.
Bravo fue condenado en julio pasado por un Tribunal de Florida a pagar 27 millones de dólares a los familiares de cuatro de las víctimas de la masacre: Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Camps. No obstante los familiares siguen reclamando cárcel común y cadena perpetua para Bravo. “Necesitamos justicia para que ellos puedan descansar en paz”, concluyó María Raquel Camps Pargas.
Su hermano, Mariano, brindó otras precisiones. Indicó que las fuerzas que secuestraron a sus padres pertenecían al “Comando 1 de Lomas de Zamora”. “Tengo vivo el recuerdo de cómo le pegaron en ese momento” a su mamá a pocos metros de su casa, relató al Tribunal.
Otro uruguayo en el Pozo de Quilmes
Washington Rodríguez tenía 37 años de edad, trabajaba de tornero y tenía cinco hijos: Rubén de 14 años, Sandra de 12, Alicia de 10, Mariela teniade 9 y Alvarito que tendría 13 años. Vivían en La Salada. Había nacido en Montevideo. Pero tras el golpe en su país, a fines del 73, se vino para la Argentina.
“Fue un sábado de principios de abril o finales de marzo” de 1978, dijo al iniciar su relato, refiriéndose al día de su secuestro. “Recuerdo que estuve arreglando el techo de mi casa y despues bajé y salimos con mi hijo mayor Rubén a pasear a una perrita perdiguera que teníamos (…)Cuando íbamos caminando por la calle siento unos gritos y veo venir a unas ocho personas, todos armados. Me piden que me tire al suelo. Cuando llegan me golpean y mi hijo intenta correr. Lo tiraron al suelo y le pusieron un arma en la cabeza. Yo lo tranquilicé. Nos esposaron en la espalda y nos condujeron para casa. Estaban todos de civil”, contó.
“Entramos y veo que estaban revolviendo todo”, agregó. Sus tres hijas estaban en un cuarto. “Rompieron todo”, aseguró.
A él lo empezaron a interrrogar preguntándole por “Andrés”. Entonces entraron a Juanjo Cerrudo a la casa. “Era un compañero de trabajo y militante de Montoneros también”. Lo sacaron de su casa y lo llevaron a lo que más tarde sabría que era el Pozo de Quilmes. “Apenas me entran, me desvisten y me tiraron en un cuadrilátero que estaba en el suelo. Me empiezan a dar picana eléctrica. Siempre tratando de que dijera dónde estaba Andres”, recordó sin poder olvidar que en un momento “me mojaron y después fue terrible. No pude aguantar el sufrimiento y me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve sin conocimiento”, agregó.
Cuando se despertó estaba en un calabozo y estaba con Cerrudo, a quien no volvió a ver. Según Rodríguez “ahí arriba había 38 argentinos”. Mencionó a un tal Daniel, a Alison Martínez, a un muchacho llamado “el Negro Macho” detenido en Bunge. En algún momento trajeron “una cantidad de muchachos detenidos que venian de Banfield. Eran todos uruguayos. Pude saber el nombre de algunos: Mari Artigas de Moyano que estaba embarazada de cuatro meses; en otra celda estaba su esposo, una chica y su marido, de apellido Carneiro da Fontoura; Guillermo Sobrino, y en otra estaba Alberto Corch. Otro muchacho al que llamaban Tito y la esposa de Corch, creo que era Lerena de apellido”, precisó. Mencionó a Yolanda Casco, a Maria Antonia Castro.
Confirmó lo que le había dicho Aída Sanz acerca de que a ellos los interrogaban militares uruguayos. “Un día me sacan y me llevan a un patio. Había seis militares que me rodean y me dan golpes en el estómago. Y me preguntaban sólo cosas de Uruguay (…) por la voz de ellos me daba cuenta de que eran militares uruguayos”, aseguró.
Dijo que eran 22 los uruguayos allí cautivos. Comentó que en el tercer piso vio a una tal Chabela “una morocha bastante grande” y mencionó a otro muchacho llamado Juan Cardoso, que era militante sindical.
Al cabo de varios días lo liberaron lejos de allí. “Así recobré la libertad. Y bueno, tá, viajé muy nervioso en el colectivo. Tenía la ropa rota y sucia. Llegué a Pompeya y ahí me tomé el 32 para mi casa. Por suerte estaban mis hijos”, contó usando el típico modismo uruguayo.
Felipe Favazza, expulsado a Italia junto a su hermano
Felipe Favazza trabajaba en el sector tapicería de la planta de la automotriz Crysler en Monte Chingolo, en el partido de Lanús. El martes relató al Tribunal cómo fue su secuestro y el de su hermano Domingo, que declaró meses atrás en el mismo juicio. Habló de su expulsión del país y recordó con lágrimas en los ojos a varios de sus compañeros de cautiverio.
Por aquella época trabajaba de 14 a 22. Acostumbraba tomar algo calentito antes de irse a dormir. Pero ese día llegó un poco más temprano que de costumbre. Era el 13 de septiembre de 1977.
Poco antes de medianoche estuchó “ruidos extraños, gente correr y me llamó la atención. Entonces, enciendo la luz de afuera y veo mucha gente. No entendía nada”, aseguró durante su declaración virtual desde Bruselas.
“Hasta que con un altavoz dicen ‘a los ocupantes de esta casa tienen que salir con la manos en alto de lo contrario contamos hasta diez y abrimos fuego’”, recordó. Le avisó a su padre que dormía y cuando “le quito el cerrojo a la puerta de calle, se adelanta alguien con un FAL y me pone el cañon en la cabeza”.
Inmediatamente lo empiezan a interrogar y a preguntarle por otros compañeros como Fernando Robles y “el Colorado”. Le preguntaron también por su hermano Domingo que vivía en una casita atrás.
“Entran atropellando. Estaba mi cuñada embarazada ya casi de 9 meses y empiezan a interrogar, estaba mi sobrinito Mauricio Damián Favazza que tenía casi tres añitos y uno de los de la patota le dicen ‘y en esta cama quien duerme’… a ver, a quien escondés…”. También preguntaron “donde tenía los fierros”.
Se lo llevaron a él y a su hermano en coches que decían “Regional Quilmes” y que según su recuerdo eran marca Torino. “Nos llevan en el piso del auto con las manos atadas y vendas en los ojos y van a buscar a Luis Fernández, Lucho, que trabajaba con mi hermano en Peugeot en soldadura”, precisó.
“Nos llevan al Pozo de Quilmes, no sabíamos dónde nos llevaban. Eso lo supimos mucho después. Escuchamos que abrían el garage y nos dejan en el piso esa madrugada”. Al día siguiente comenzaron los interrogatorios por separado.
Con gran tristeza recordó a otros compañeros de cautiverio como Alberto Maly, Vicente Fiore, Jorge Guidi y Guillermo Suárez. Los tres primeros también trabajaban en la planta de Peugeot. Recordó a otro muchacho de apellido De la Rosa.
Ya en la Comisaría 9ª de La Plata les dijeron que se tenían que ir del país. “Yo me puse a llorar”, contó. De Coordinación Federal los llevaron a Ezeiza el 3 de febrero de 1978 y los expulsaron a Italia, su país natal.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús, conocida como “El Infierno”, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013 con sólo 15 imputados y con apenas uno de ellos en la cárcel, Jorge Di Pasquale. Inicialmente eran 18 los imputados, pero desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, fallecieron tres: Miguel Angel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.
Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia de Covid-19, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semi-presenciales.
Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El Tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV (https://bit.ly/2T1S06P) o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. https://fb.watch/66cTGFRqGP/. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP https://bit.ly/3coDVqV.
La próxima audiencia, que será semi-presencial, está prevista para el martes 6 de septiembre a las 8.30 horas.
Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.
