Con tan sólo 15 imputados y sólo uno de ellos en la cárcel, llegó a su fin otro año del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en las Brigadas de Investigaciones de la Bonaerense.
El juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados antes y durante la dictadura en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense en Banfield, Quilmes y Lanús (ésta última con asiento en Avellaneda) convertidos en centros detención y en maternidades clandestinas, concluyó el martes con las audiencias previstas para el año 2022.
La impunidad biológica dejó sin condena en esta causa a Etchecolatz, Ferryero y Herrero Anzorena.
Con la audiencia número 92 este juicio, marcado por el deceso en prisión del ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz como uno de los mayores represores de la provincia responsable entre otras de la llamada “Noche de los Lápices”, terminó a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
En las últimas tres audiencias declararon familiares y testigos convocados por la defensa del imputado Enrique Augusto Barre, que cumple domiciliaria, interrogados por los abogados Augusto Garrido y Mariano Cúneo Libarona.
La impunidad biológica para los represores quedó en evidencia con la muerte, desde el inicio del juicio el 27 de octubre de 2020, de tres de los 18 imputados iniciales, de los cuales sólo dos estaban en la cárcel: Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. A fin de este año llegamos con sólo 15 imputados vivos gozando del beneficio de la domiciliaria y sólo uno tras las rejas.
El 21 de octubre de 2021 se conocía la muerte Miguel Angel Ferryro, denunciado por la sobreviviente ya fallecida Nilda Eloy como uno de sus reiterados violadores; el 15 de junio de 2022 se conocía la muerte de Emilio Alberto Herrero Anzorena. El 2 de julio pasado le llegó la hora a Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires, mano derecha de Ramón Camps, entonces jefe de la Bonaerense. Entre 1976 y 1979 Etchecolatz estuvo al frente de la veintena de Centros Clandestinos de Detención (CCD) y maternidades ilegales que integraban el denominado Circuito Camps.
Nunca mostró arrepentimiento y desde que se iniciaron los juicios por crímenes de lesa humanidad en nuestro país Etchecolatz acumuló nueve condenas a perpetua. La primera fue el 19 de septiembre de 2006, al cabo de un juicio celebrado en la Municipalidad de La Plata, presidido por el entonces juez Carlos Rozanski. Al día siguiente desaparecía, por segunda vez, el albañil Jorge Julio López, uno de los testigos claves en ese juicio. López aún permanece desaparecido.
Tras agradecer a las partes y en particular a los equipos de acompañamiento de testigos, el juez Basílico anunció que el juicio se reanudará el martes 7 de febrero a las 8.30 de forma virtual.
El presente juicio, que debió llevarse a cabo muchos años antes, es el resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013.
Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia de Covid-19, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semi-presenciales.
Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe.
Prestaron declaración en este juicio cientos de testigos sobre un total de 450. Sobrevivientes relataron en primera persona las atrocidades cometidas por los represores, hermanas, hermanos, tíos, sobrinos, hijos e hijas de padres y madres que siguen desaparecidos en muchísimos casos, también contaron ante el Tribunal y ante cientos de personas que gracias a la virtualidad pudieron seguir las audiencias.
De este modo relataron quiénes eran sus familiares víctimas de la represión, mostraron fotografías en blanco y negro, sonrientes, llenos de vida y de proyectos. Eran chicas y muchachos comprometidos con una causa, trabajaban, estudiaban y militaban por un país más justo.
Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.
