Los abogados Guadalupe Godoy y Pablo Llonto pidieron al TOF Nº1 que cuando dicte sentencia revoque la prisión domiciliaria de los imputados.
Fue en el alegato final donde reclamaron prisión perpetua y subrayaron la obligación reparatoria del Estado para con las víctimas. El pedido para que se revoque la prisión domiciliaria de los imputados, es porque todas las unidades penitenciarias tienen “capacidad suficiente” para tratar cuestiones de salud, si las hubiera.
“Solicitamos que al momento de la sentencia condenatoria se revoque la domiciliaria de todos los imputados” y que cumplan condena “en una cárcel común del servicio penitenciario federal que es la reparación más básica” de cara a las víctimas, reclamó Llonto durante su parte del alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata en relación a 11 de los 12 imputados en este juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio que funcionaron entre 1974 y 1979 en las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Lanús.
Aclaró que sólo dos situaciones pueden evitar la cárcel efectiva: si los imputados están en una situacion extrema de salud, en estado terminal o si en el lugar al que deben ser conducidos, es decir una unidad del servicio penitenciario, hubiere trato inhumano. “Ninguna de las unidades penitenciarias ha sido” denunciada por tratar de forma inhumana a condenados por delitos de lesa humanidad en nuestro país.
Llonto sostuvo que el artículo 1º de la Ley de Ejecución de la Pena privativa de la libertad establece que “el condenado debe respetar y comprender la ley” y acto seguido dijo que en los casi tres años y medio de este juicio, desarrollado de manera virtual “si uno mira la pantalla, ve a los imputados, y ha visto cómo la mayoría se va, oculta su rostro, apaga la pantalla, no presta atención, se duerme…. Esa es la burla al sistema judicial y a la ley”. Entonces se preguntó señalando la pantalla del zoom “¿Por qué están en prisión domiciliaria?”.
De los 12 imputados que llegaron con vida a este tramo del juicio –seis murieron desde la instrucción y otros seis desde el inicio del debate oral -entre ellos el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz- sólo uno, Jorge Héctor Di Pasquale, está en la cárcel. Los otros están en sus casas, aún con condenas anteriores a perpetua.
El abogado y también periodista advirtió contra la propaganda negacionista de “transformar a los perpetradores de graves crímenes en abuelitos. Se los mira como abuelitos y se marginan los crímenes” que cometieron siendo jóvenes.
“Esta estigmatización de la edad mayor ha calado en algunos jueces que sólo ven la edad y algún problema de salud. Los problemas de salud los tenemos todos. Y sin embargo vemos que pese a la severidad de las penas la mirada está puesta en otra cosa”, argumentó antes de subrayar que “todas las unidades del servicio penitenciario federal tienen capacidad suficiente para tratar todas las afecciones de salud. Por eso hay un grupo grande de procesados y condenados en unidades penitenciarias del servicio federal que son muy bien atendidos y no les pasa nada”, sostuvo.
El letrado mencionó en su argumentación un reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación en la Causa Alfonso donde el alto tribunal consideró que el “requisito etario es insuficiente” para conceder prisiones domiciliarias.
Godoy y Llonto abogados alegaron el jueves 7 de marzo en la audiencia 136 en nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Unión por los Derechos Humanos La Plata y los particulares Gustavo Calotti, Emilce Moler, Malena D’Alessio, Alfredo D’Alessio, Diana Guastavino, Dalmiro Suárez, Liliana Pozzo, Sara Agüero y María Isabel Simón.
“Con la prueba judicial en las audiencias y la que se incorporó, consideramos que se ha acreditado plenamente la materialidad de los hechos, la autoría, la responsabilidad de los imputados por la comisión de los hechos sobre 583 personas en nuestro caso”, precisó Godoy, aclarando que esta querella no acusó por los hechos ocurridos en Brigada San Justo y por lo tanto no incluyen al imputado Alberto Candioti. Afirmó que “estos hechos fueron parte del accionar genocida”.
Ausencias
“Hay mucha ausencia en este juicio”, dijo la letrada al exponer las consideraciones del alegato, mencionar a algunas y algunos sobrevivientes del genocidio que sin embargo fallecieron sin poder ver este juzgamiento. Fue el caso de Adriana Calvo, Cristina Gioglio, Nilda Eloy y Luis Velasco, entre muchos otros, dijo Godoy sin poder evitar la emoción.
La lucha por memoria, verdad y justicia
La letrada hizo entonces un recorrido por las luchas que permitieron llegar a este momento “desde la resistencia misma en los campos de concentración, los hábeas corpus presentados por familiares, compañeros de militancia, las denuncias valientes y organizadas del movimiento de derechos humanos durante la misma dictadura y el reclamo de juicio y castigo”.
“Muchos de los hechos de esta causa quedaron plasmados en el primer juicio que fue el juicio a las juntas, la Causa 13, en 1985. Veinticinco casos de los 700 que había elegido la Fiscalía entonces fueron víctimas que estuvieron secuestradas en algunos de estos tres centros clandestinos”, precisó.
Recordó que ya en 1984 por testimonios de sobrevivientes, como Adriana Calvo, aparecía el rol del llamado Pozo de Banfield como “maternidad clandestina”. “Hace casi 40 años de esas primeras actuaciones judiciales”, remarcó, antes de precisar que por entonces, abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como Emilio Fermín Mignone y Augusto Conte planteaban la “doctrina del paralelismo global” e intentaban hacer una sistematización de las causas para que se llevaran delante de manera unificada.
A pesar de la impunidad de los años 90, los organismos de derechos humanos siguieron reclamando justicia e impulsaron los Juicios por la Verdad que se convirtieron en un “enorme reservorio probatorio”, sostuvo, antes de subrayar el “valioso trabajo” de la Asociación de Detenidos-Desaparecidos, de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Los juicios que tuvieron lugar en el exterior, como el juicio al ex marino Adolfo Scilingo en 2006 en Madrid, mostraron al mundo muchos de los casos de este juicio, recordó. Ese año se iniciaron las dos actuaciones por Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, cuando –comentó anecdóticamente- la mayoría de los abogados que alegaron en este debate oral ni siquiera estaban estudiando abogacía.
Las querellas batallaron por la unidad de investigación y juzgamiento pues ello permitiría “mayor celeridad” y contra la fragmentación de las causas porque ello iba a invisibilizar el plan criminal.
Los organismos, las víctimas y los familiares querellantes suplieron la “morosidad y escasa voluntad de los investigadores y operadores judiciales” para llevar adelante la instrucción de estas causas. Y aseguró que Adriana Calvo, por ejemplo, recopiló datos hasta cinco días antes de su muerte en 2010.
Godoy, al igual que las otras querellas, valoraron la “brillante labor” de la fiscala auxiliar Ana Oberlín en su minuciosa tarea de estos cuatro años “para identificar” a víctimas que sólo se conocían por sus apodos. En ese reclamo constante de las querellas, también lograron que las indagatorias incluyeran a niños y niñas que habían sido secuestrados junto a sus padres y a las nuevas víctimas que se iban identificando merced a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“También tuvimos que hacer una campaña para encontrar a (Juan Miguel) Wolk. En el juzgado se dieron cuenta meses después” de que el ex comisario mayor de la Bonaerense, jefe del Pozo de Banfield, se había fugado.
“En 2010, las querellas, Abuelas y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación empezamos a realizar pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia con la esperanza de poder juzgar estos hechos en un único juicio que hubiera sido en 2011-2012 en el juicio por el Circuito Camps”, contó Godoy. Y pasaron 18 años. En ese lapso, las querellas también siguieron adelante tras la segunda desaparición, el día en que se leyó la sentencia, de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio a Etchecolatz en 2006.
El primer tramo de este juicio se elevó en abril de 2012.
“Logramos continuar a pesar de los cambios de gobierno que nos enfrentan a oleadas negacionistas, intentos de impunidad, banalización y persecución de nuestras luchas”, enfatizó la letrada que destacó otros logros de las querellas: el haber podido introducir a los “testigos de contexto” para explicar el alcance y la magnitud de un genocidio en la sociedad, la perspectiva de género y la desafectación de CCD convertidos en sitios de memoria.
Al referirse a la calificación de los hechos, Godoy dijo que “ese plan sistemático es parte de un accionar genocida (…) cuyo punto fundante es el experimento llevado adelante en 1975 en Tucumán al amparo del estado de sitio y de los decretos antisubversivos”. El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 “pone en escena el plan acordado de los sectores dominantes” que contemplaba la “usurpación del aparato estatal y la construcción de la ingeniería represiva. Eso pone de manifiesto la intencionalidad genocida”, sostuvo.
El planteo de “genocidio” parte del principio de que son los “genocidas” quienes determinan qué parte del grupo nacional van a calificar como enemigo. “La víctima es el grupo en sí”, sostuvo y consideró que aquella “apelación de delincuente subversivo sería el ‘zurdo’ de hoy’. Por eso vemos con tanta preocupación estas calificaciones que se están gestando”, agregó.
Godoy entendió que el “punto de intersección” del terrorismo de Estado ejecutado antes y después de la fecha formal del golpe fue el entramado de inteligencia que llevaron adelante los represores de forma sistemática y planificada y esto queda en evidencia en las víctimas que fueron objetivo de la represión, obreros y estudiantes que adherían o no a la lucha armada.
“La larga Noche de los Lápices”
El “sub-circuito platense del Circuito Camps” estaba integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana y la Comisaría 5ta. El “enemigo a destruir era el movimiento estudiantil”, sostuvo y precisó que en este sub-circuito el 63% de las víctimas eran jóvenes estudiantes.
A modo de referencia precisó que en la Universidad Nacional de La Plata, donde Godoy es Directora de Querellas, “tenemos relevadas casi 800 víctimas”.
“En septiembre (de 1976) se producen una serie de sucesos que denominamos “La larga noche de los Lápices” que arranca a fines del 75 con el asesinato de Arturo Patulo Rave de la UES” (Unión de Estudiantes Secundarios), lo que tuvo un fuerte impacto en el movimiento estudiantil platense. Meses después arreciaban los secuestros de jóvenes secundarios y recientes egresados. En julio serían secuestrados Patricia Pozzo, Alfredo Fernández, Juan Carlos Estremi, quienes declararon en este juicio. Eran amigos y compañeros de Patulo.
El 1 de septiembre fueron secuestrados cuatro chicos del Colegio Nacional, entre éstos Víctor Marcasiano, caso en este juicio, y egresados secundarios con activa militancia. Días después fue secuestrado Gustavo Calotti, estudiante del Colegio Nacional y militante de la Juventud Guevarista. Seguirían Víctor Treviño, de la Escuela Media Nº 2 conocida como La Legión y ocho secundarios que militaban en la UES: Claudio de Acha del Colegio Nacional, Claudia Falcone, Emilce Moler y Francisco López Muntaner del Bachillerato de Bellas Artes, María Clara Ciocchini, Daniel Racero, Horacio Ungaro del Normal 3 y Pablo Díaz, también de La Legión.
“Cómo no mirarnos en el espejo de esa generación”
Al referirse al “contexto histórico” de este juicio y a la feroz e intensa represión ejercida en la ciudad de La Plata, Llonto recordó justamente que “muchísimas de las Madres y las Abuelas salían de acá de La Plata a tomarse el tren y a ir a la ronda de los jueves en Plaza de Mayo” y precisó que “en 1978 una de las madres de La Plata fue aquella famosa voz que le dijo a un periodista holandés en Plaza de Mayo” una frase que resonó en el mundo entero: “¡Ayúdennos por favor, nadie nos abre la puerta!”.
“La militancia política, la militancia sindical, la militancia social… en todos los terrenos fue una decisión de toda una generación que marcó a la Argentina y al mundo. Una generación maravillosa que ha sido ejemplo en el mundo.
Esa generación que creía en un mundo mejor, en un mundo más justo, es la generación que golpearon”, aseguró en su alegato.
“Era una generación que estudiaba, que trabajaba y que militaba y todo lo hacía con 18, 17 años de edad, 19, 20, años. ¿Cómo no mirarnos en el espejo de esa generación?”, se preguntó entonces el letrado mirando al Tribunal.
Y ése era el caso de muchos jóvenes que se juntaban para estudiar, para entender y analizar a pensadores como John William Cooke, como el caso de Rodolfo ‘Rudi’ Simón.
“Faltan personas en miles de tribunas de canchas de fútbol”
Rodolfo Simón había nacido el 3 de septiembre de 1952 en Buenos Aires. Estudiaba derecho en la UNLP. Sus primeros pasos en la militancia fueron en la Juventud Peronista (JP), luego en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y luego en la organización Montoneros. Su hermana María Isabel decía que tenía un “don de justiciero” y por eso quería ser abogado. Trabajaba en una empresa de seguros en Capital Federal.
‘Rudi’, amigo entrañable y afectuoso, era hincha de Quilmes. Cuando lo secuestraron, el 27 de enero de 1977 tenía 24 años. A él, a sus amigos Susana Capobianco y a su esposo Hugo Roseló, los llevaron al Pozo de Quilmes, contó Llonto.
“Es importante saber la historia de las víctimas porque es ésa historia la que cortaron. Cuando uno dice ‘el desaparecido era hincha de Quilmes’, lo dice porque hoy en la tribuna de Quilmes falta un hincha. En miles de tribunas de canchas de fútbol faltan personas. Nuestras y nuestros desaparecidos no son números. Son nombres y apellidos y vidas y en cada juicio lo remarcamos”, enfatizó Llonto.
Susana y Hugo fueron liberados. Rudi nunca regresó. “Rodolfo Rudi Simón, permanece desaparecido y ninguno de los imputados de esta causa rompe el silencio para decir dónde llevaron a Rudi, donde están los restos de Rudi Simón”, sostuvo.
“Al ‘Bebe’ le preocupaba la salud de los obreros”
José Luis ‘el Bebe’ D’Alessio había nacido en noviembre de 1948. Era nieto de rusos judíos que habían llegado a la Argentina huyendo del Progrom. Había empezado su militancia en el secundario en el Nacional Buenos Aires. Según su mamá, Sofía Yussem, Madre de Plaza de Mayo, que brindó declaración testimonial con casi 100 años de edad, contó que su hijo “conoció lo que pasaba en los lugares más desprotegidos” cuando fue a Quilmes a ayudar tras un gran temporal que afectó a las villas.
Había estudiado Ciencias Exactas en la UBA y después se puso a estudiar Filosofía. “Le preocupaba la salud de los obreros”, dijo un amigo de él en este juicio. Además de impulsar una publicación llamada “El obrero”, había creado un pequeño instituto dedicado a la medicinal laboral en el partido de San Martín donde brindaba asesoramiento a los trabajadores.
El 27 de octubre de 1975 nació su hija Malena, secuestrada y luego liberada con sus abuelos. Ella contó en el juicio la militancia de su papá en el astillero naval Astarsa, en la zona norte, uno de los más importantes de Latinoamérica.
Hacia fines del 76, el Bebe D’Alessio “dormía en los subtes” en un intento por escapar de la maquinaria represiva, contó Llonto. Pero el 28 de enero de 1977, según una reconstrucción que pudo hacer su hija, fue secuestrado junto con su hermano Alfredo, y otros familiares.
Los represores obligaron a Alfredo a reclamar dinero a la familia. Cuando lo dejaron en libertad le dijeron “no busques a tu hermano”.
“Veintiocho años tenía el Bebe. Sigue desaparecido. Ninguno de los imputados en esta causa ha dicho ni una palabra y saben donde fue llevado el cuerpo del Bebe D’Alessio”, sostuvo Llonto.
Américo Ginés Agüero había sido delegado
Américo Ginés Agüero, al que llamaban “Tito”, estaba casado con Eva Gómez, una tucumana a la que le decían ‘La Colorada’, que estaba embarazada de tres meses en el momento del secuestro. El había sido delegado en la metalúrgica SIAT de Valentín Alsina y había creado la Fundación Evita de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Américo fue secuestrado el 31 de agosto de 1977 en Adrogué. Tenía 38 años y militaba en la JTP. En este caso también resurge la responsabilidad empresarial como mencionaron otras querellas. Américo y Eva fueron vistos en el Pozo de Quilmes entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre de 1977.
Godoy reclamó la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua como coautores del crimen de genocidio para 11 imputados: Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Di Pasquale, Armando Balmaceda, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Enrique Augusto Barre y Horacio Luis Castillo.
Solicitaron además al Tribunal que: remitan testimonios a la Instrucción para que se conforme una causa específica que investigue la responsabilidad empresarial en el caso de las víctimas de la automotriz Peugeot; que se remitan los testimonios donde se investigan los hechos acaecidos en la planta de SAIAR y que se desafecte la Brigada de San Justo y se convierta en sitio de memoria.
¿Cómo se repara el daño causado por el terrorismo de Estado?
“La magnitud del daño trata de concentrarse en canciones, poemas o textos jurídicos pero tal vez no alcance en la historia de la Humanidad que ustedes, los jueces, nosotros los abogados y abogadas, los propios sobrevivientes y víctimas no alcancemos a encontrar las palabras para dimensionar los daños provocados por las violaciones a los derechos humanos en la Argentina y en cualquier otra parte del mundo”, dijo Pablo Llonto en un tramo del alegato que adquiere especial actualidad cuando desde las más altas instancias del Estado se pretende revivir la “teoría de los dos demonios”.
“Muchos testigos dijeron ‘esto va a continuar por generaciones’ y es así. Pareciera que no hay reparación para tanto daño, pero los Estados tienen que reparar y en esa reparación pedimos que nuestros tribunales sean claros”, sostuvo Llonto quien criticó el hecho de que el presidente de la Nación haya invitado días atrás a estudiantes secundarios del colegio en el cual él estudio en 1977 “a leer todas las bibliotecas para darse una idea de lo que pasó” tras el golpe cívico-militar.
Llonto, claramente indignado, reflexionó: fue “una invitación a que leyeran las bibliotecas de los genocidas (…) como si en Europa algún presidente, algún jefe de Estado o primer ministro les dijera a estudiantes secundarios o universitarios, ustedes que no han vivido el Holocausto (…) qué tal si agarran también la biblioteca de los nazis para encontrar las explicaciones sobre por qué había que exterminar judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, y así se forman una idea de lo que ha pasado en el mundo’. Bueno, eso ha pasado ayer en nuestro país”, afirmó el letrado.
“Pedimos que los Tribunales exhorten a la memoria (…) por favor jueces, juezas, señalen en la sentencia la dimensión del daño para que no ocurra más”.
Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.
