Los defensores de los represores rechazaron los pedidos de ampliación de cargos y casos presentados por la Fiscalía y las querellas. Probablemente el juicio concluirá el año próximo.
Las defensas de los 13 imputados que están llegando al final del Juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, con asiento en Avellaneda, usaron tres audiencias para rechazar los pedidos de ampliación de cargos y casos, en una estrategia que, tal como señalaron algunas querellas, “sigue dilantando” un proceso judicial que lleva años, por atrocidades cometidas hace más de 47 años.
Esto ocurrió en las últimas tres audiencias realizadas de forma virtual, las número 118, 119 y 120, que tuvieron lugar entre el martes 10 de octubre, 17 y 24.
Al abogado Augusto Garrido, defensor particular del represor Enrique Barre, que pertenece al carísimo estudio de abogados liderado por Mariano Cúneo Libarona y en el que también está María Agustina Bolis, se tomó solamente 15 minutos para responder y rechazar el pedido de ampliación de las partes acusadoras. Fue prácticamente un trámite, pues Garrido miró en todo momento hacia el costado y nunca al Tribunal directamente.
En las audiencias anteriores, el Ministerio Público Fiscal y las querellas habían solicitado la ampliación de cargos a los imputados y sumar nuevos casos de víctimas de delitos de lesa humanidad, entre éstos delitos sexuales.
Casi despectivamente, Garrido dijo en su breve intervención hace tres semanas: “tampoco me quedó del todo claro qué hechos se le imputan y qué no” y se quejó de que su cliente esté cumpliendo prisión preventiva (domiciliaria) “desde hace ocho años”.
En la audiencia 119, los defensores particulares del imputado Federico Minicucci Gerardo y Carmen Ibañez –aunque sólo habló él- se opusieron a las ampliaciones solicitadas.
En la audiencia 120, que tuvo lugar este martes, el defensor oficial Gastón Barreiro se opuso a la ampliación de cargos y casos y reiteró un pedido de nulidad.
Gastón Barreiro es el defensor oficial de la mayoría de los imputados: Roberto Balmaceda, Jaime Lamont Smart, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Bergés, Guillermo Domínguez Matheu, Horacio Fontana, Antonio Simón, Juan Miguel Wolk, Alberto Candioti, Jorge Di Pasquale y Horacio Castillo.
También defendía a los fallecidos Emilio Herrero Anzorena, Miguel Angel Ferreyro, Miguel Osvaldo Etchecolatz. Los otros tres fallecidos desde que comenzó este juicio son Carlos Hidalgo Garzón, Eduardo Samuel De Lío y Ricardo Fernández.
El otro defensor oficial es Pablo Beltracchi.
“Siguiendo la línea de mis asistidos, nos oponernos a la ampliación solicitada por el Ministerio Público y las querellas”, dijo Barreiro antes de considerar que éstas pretenden introducir “nuevos hechos, no nuevas circunstancias” y consideró que los derechos de los imputados a los que asiste “se encuentran violentados de manera grave”.
Barreiro reiteró un planteo de nulidad, rechazado por los abogados de las querellas. Así lo hizo en primer lugar el abogado Alberto Palacio en nombre de la querella del CODESEH (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos) . La letrada Luz Santos Morón, de la querella “Justicia ya”, consideró que esos pedidos de la defensa buscan “dilatar estos procesos que ya llevan tanto tiempo de recorrrido en la justicia”.
El abogado querellante Pablo Llonto también adhirió a la posición expuesta por el CODESEH y lo mismo manifestó el abogado Gustavo Yacoy quien además consideró que en este juicio “no está vulnerado el derecho de defensa en juicio”.
En nombre del Ministerio Público Fiscal, la auxiliar Ana Oberlín rechazó igualmente la nulidad planteada.
La próxima audiencia se realizará, de forma virtual, el martes 7 de noviembre a las 8.30 horas. El Tribunal se expedirá sobre las ampliaciones solicitadas, las oposiciones y los planteos. Recién después comenzarán los alegatos, que podrían verse interrumpidos por la feria judicial del mes de enero, alargando nuevamente, la conclusión de este juicio que arrancó hace más de tres años.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de Investigaciones de la policía bonaerense ubicadas en Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como “El Infierno”, con asiento en Avellaneda, donde funcionaron centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013. Desde el inicio del debate oral y público, el 27 de octubre de 2020, fallecieron seis imputados en la impunidad por los delitos que se les atribuyen en este juicio. A los 12 que siguen con vida, de los cuales sólo uno está en la cárcel, se sumó Horacio Castillo en el último tramo del proceso.
Por esos tres CCD pasaron casi medio millar de víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más 500 testigos prestaron declaración en este juicio. El Tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.
